En medio del entusiasmo que buena parte de la población venezolana experimentó a partir del 23 de enero, Voluntarios por Venezuela, la red dispuesta por la Asamblea Nacional con el fin distribuir los insumos de la ayuda humanitaria, registró súbitamente más de medio millón de voluntarios. En el ambiente se hablaba de cargamentos que entrarían por las fronteras, de un cambio inminente, del rescate del país. 

Detrás de toda esa ilusión por un futuro mejor a la vuelta de la esquina estaba la conciencia de la magnitud del desastre, construida no solo con la vivencia cotidiana de las dificultades, sino también con revelaciones como la del primer boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales de este año. Los números eran aterradores: entre el 19 de noviembre del 2018 y el 9 de febrero del 2019, hubo 1.557 muertes debido a la falta de insumos. De esas, 79 muertes estaban directamente relacionadas con fallas en el sistema de energía eléctrica. Y para entonces no había ocurrido el apagón nacional del 7 de marzo.

Las áreas críticas —unidades de cuidados intensivos, salas de emergencia, quirófanos— tuvieron operatividad intermitente durante el periodo en estudio. Dado que dichas áreas se evaluaban en los hospitales de referencia nacional, cualquier nivel por debajo de la operatividad total en estas áreas significa que los enfermos debieron trasladarse de estado para recibir atención médica.

El desabastecimiento de insumos en dichas unidades rondaba el 50 % en las UCI y el 35 % en los quirófanos. En emergencias, no había morfina ni medicamentos antihipertensivos. Los hallazgos de la encuesta coinciden con la realidad que reportan por muchos otros canales quienes requieren atención médica en Venezuela, y que han recogido tantos medios venezolanos y del exterior. 

La primera entrega de insumos de ayuda humanitaria finalmente entró en Venezuela el 16 de abril, el mismo mes en que Human Rights Watch publicó un informe detallado sobre el estatus de la crisis humanitaria, junto con recomendaciones sobre cómo abordar el problema. Era la primera vez que un organismo internacional como este, emitía observaciones tan severas sobre el papel del Gobierno nacional en la crisis. Las recomendaciones que esa organización de derechos humanos dirigió a la ONU, como “eliminar obstáculos para la implementación de una operación humanitaria a gran escala”, siguen hoy en día sin ser atendidas. El 25 de noviembre la Sociedad Venezolana de Pediatría emitió un comunicado denunciando la politización de la distribución de los insumos para la recuperación nutricional de los niños venezolanos.

En mayo, hubo otra entrega del reporte «Amenaza triple»,  del International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI). Entre sus hallazgos están, un preocupante aumento en los casos de sarampión —5.525 casos en 2018— y el empeoramiento en todos los indicadores de salud, pobreza, nutrición y crecimiento económico, así como un aumento en las cifras de tuberculosis, malaria y personas viviendo con VIH sin acceso a tratamiento.

Aunque desde septiembre del 2018, el Fondo Global aprobó presupuesto para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, en el marco del Plan Maestro (medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de los pacientes viviendo con VIH), para el momento en que este reporte salió, no había constancia de que los medicamentos estuviesen siendo distribuidos. 

La Encuesta Nacional de Hospitales hizo dos entregas más. La primera de ellas, en julio, se concentraba en la operatividad de áreas críticas y el desabastecimiento de insumos. Era particularmente importante porque recogía los efectos de la crisis de energía eléctrica. La encuesta encontró una leve mejoría en los índices de desabastecimiento, probablemente atribuible a la entrada de ayuda humanitaria, aunque en la mayoría de los casos el desabastecimiento rondaba el 50 % en las emergencias y el 35 % en los quirófanos. También pudo verse la disparidad que existe en la distribución de los recursos a los hospitales en las distintas áreas del país, con los centros de referencia de Mérida, Monagas y Trujillo como los más desfavorecidos.

En esta entrega de la encuesta se llegó a la conclusión de que la operatividad de las áreas de quirófano estuvo relacionada con la disponibilidad de servicios básicos (agua, luz), y en ninguno de los hospitales encuestados hubo períodos sin fallas. La normalidad debería ser la disponibilidad al 100 % de ambos servicios los 365 días del año. Entre marzo y abril se registraron 32 muertes cuya causa directa fue la falta de suministro eléctrico.

En la segunda entrega de la Encuesta, que abarca hasta septiembre, se evaluó la operatividad de los servicios de apoyo hospitalario (rayos X, tomografía, laboratorios), servicios de diálisis y recurso humano de emergencias. Los servicios de apoyo hospitalarios tuvieron una disponibilidad por debajo de lo necesario para el correcto funcionamiento de los principales hospitales del país. Los rayos X tuvieron una disponibilidad del 58 % en todo el país entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019. El servicio de laboratorios tuvo una inoperatividad del 55 % y el de tomografías del 85,6 %. Esto afecta directamente la capacidad de diagnóstico y resolución de casos de los hospitales de referencia a nivel nacional.

La disponibilidad de diálisis es un tema que afecta directamente a miles de pacientes en el país, y el 18 % de los hospitales no la tuvo. En cuanto al recurso humano, no se nota una diferencia importante en los servicios de emergencia, aunque hay una tendencia a la baja en la disponibilidad de enfermeras.

Además de lo recogido en la ENH, noviembre trajo consigo otras noticias preocupantes que muestran el estado deplorable de la salud pública en Venezuela. El día 13 el Instituto Nacional de Higiene confirmó que una muestra tomada en septiembre dio positiva para fiebre amarilla. El territorio venezolano en su totalidad se encuentra ahora en riesgo, ya que este es el primer caso autóctono confirmado desde 2005, diagnosticado en el estado Bolívar. Un indicio indiscutible de una cobertura de vacunación inaceptable. 

Recientemente salió el último Reporte Mundial de Malaria de la OMS. El año pasado, se confirmaron 453.000 nuevos casos de malaria en el territorio venezolano, predominantemente en el estado Bolívar. Estos casos son el 51 % de los reportados en América. 

En estas condiciones cierra el año para los venezolanos. Un año que tuvo un inicio prometedor, termina lleno de dudas e incertidumbre. Las condiciones son cada día peores, con niños desmayándose de hambre en las escuelas, (Cáritas de Venezuela reporta el cierre de su año con 13,5 % de desnutrición grave en los niños menores de 5 años evaluados en su estudio) y muriendo en los hospitales mientras esperan tratamiento oncológico.

Décadas de trabajo en salud pública se han perdido. El Estado venezolano continúa sin aportar cifras oficiales sobre la crisis ni hacerse responsable de la consecuencias que ha generado la pésima gestión de los recursos. Cientos de familias atraviesan diariamente las dificultades que implica tener un ser querido con enfermedades crónicas en un país que es víctima de hiperinflación y desabastecimiento. 

El daño que nos ha hecho la dictadura no se podrá resarcir jamás. Hay pérdidas para las cuales no existen indicadores, son daños inconmensurables, costos que se miden en vidas.