Ketsy Carola Medina habló con su mamá, Maigualida Sifontes, por última vez la mañana del 30 de diciembre de 2017, y aunque la notó cansada y con una voz inusual, no le preguntó qué ocurría. Medina iba a celebrar el Año Nuevo en Barcelona, Venezuela, en casa de su padre, donde se habían reunido para cuidar a un familiar enfermo. Al terminar su guardia, Medina fue a dormir, y al despertar vio a su padre hablando por teléfono, alterado: “Cuando me dijo que habían asesinado a mi mamá, sentí cómo me desvanecí y caí en un hueco muy oscuro. Lo primero que pensé fue que quería saber qué había pasado desde que hablé con ella por última vez hacía apenas unas horas”.

Medina y su padre hicieron las maletas y salieron de Barcelona hacia Santa Teresa del Tuy sin un plan concreto, en un diciembre con muchas complicaciones para conseguir efectivo, y las fiestas dificultaban encontrar transporte público. Lograron montarse en un autobús y al llegar a Santa Teresa del Tuy escucharon la primera versión, de muchas, de los hechos: Maigualida y su pareja estaban frente a su casa, en la calle Bolívar, y cinco hombres armados, uno de ellos encapuchado, se acercaron a ellos, hubo un forcejeo, su pareja huyó, y Maigualida terminó en el piso: “A mi mamá la ejecutaron, le dispararon en el pecho con una escopeta aunque ella estaba desarmada y no presentaba un riesgo. El caso sigue abierto, y todavía no hemos respondido muchas preguntas. Aunque el Ministerio Público determinó que el caso era un homicidio en ejecución de robo, ni siquiera sabemos exactamente qué los llevó a esa conclusión. A pesar de todo, sé que no estoy sola”.

En la investigación del femicidio de Maigualida había dos pruebas principales: un video del asesinato y una huella dactilar. En 2019, cuando Ketsy se preparaba a prestar su declaración, supo que las pruebas y el expediente se habían perdido en la cadena de custodia.

Desde 2017, Medina es la única responsable de lograr justicia en el caso de su madre. 

Sentirse acompañada en la búsqueda de justicia para el caso de su madre siempre fue importante para ella. Es por ello que unos meses después, Medina le dio forma a lo que sería uno de los movimientos digitales más importantes contra la violencia de género en Venezuela, #JusticiaParaTodasLasMujeres, para crear una red de apoyo y visibilizar las denuncias de los familiares contra las autoridades e instituciones que obstaculizan el acceso a la justicia. 

Hoy el movimiento se expande libremente por Twitter con más de  10.000 tweets, y ha agrupado a 25 familiares de mujeres asesinadas para crear campañas de información acerca de la negligencia judicial en cada caso. 

Entre la ley y la implementación

El de Maigualida Sifontes es uno de los casi 2.000 femicidios documentados, a falta de cifras oficiales, por varias ONG en todo el país desde 2017. Hasta 2021 Cofavic registró 1.821 casos, y en lo que va de 2022 Utopix ha registrado 175 femicidios. En 2016 hubo un femicidio cada 72 horas, y la cifra se mantuvo relativamente estable hasta 2020, cuando aumentaron de manera alarmante a un femicidio cada 34 horas. 

Durante 2021 hubo un femicidio cada 36 horas y durante 2022 un femicidio cada 37 horas. Por cada una de esas muertes violentas, quedan atrás puestos de trabajo vacíos, infancias sin figura materna y familiares profundamente afectados y responsables del avance legal de los casos. 

“Hablar de femicidios en Venezuela no es fácil, especialmente cuando has sido, como nos llama el Estado, una víctima colateral”, explica Ketsy Medina con la voz tranquila que la caracteriza. “Encontrar a alguien que te acompañe en el camino de la búsqueda de justicia es como conseguir otra madre, otra hermana, otra hija”. 

Las causas del drástico aumento de los femicidios en Venezuela no solo están asociadas a la crisis humanitaria, sino a que el gobierno de Maduro no ha cumplido con su rol en la creación de políticas para prevenir casos de extrema violencia e informar y garantizar la justicia en casos de femicidios. 

Las activistas y organizaciones feministas destacan los muchos factores relacionados con la gobernabilidad que han llevado a un aumento de los casos: falta de datos oficiales del gobierno, leyes de protección mal implementadas, falta de campañas para abordar la violencia de género y una cultura sexista que cosifica a las mujeres y promueve relaciones interpersonales problemáticas. 

Al menos en el papel, las mujeres venezolanas están protegidas por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007. Esta ley se modificó en 2014 para agregar el delito de femicidio, cuando la motivación del crimen es la discriminación o la violencia específica contra la mujer. En 2020 se volvió a modificar, para establecer claramente 25 tipos de violencia de género, contra los cuales la Ley protegería a las mujeres y personas género-diversas. En términos generales, la legislación venezolana se adecúa a las normas y estándares internacionales que obligan al Estado a regular y proteger a las mujeres contra la violencia. 

Entonces, ¿cuál es la falla?

“El problema no es la Ley, sino su implementación”, dice Sara Fernández, abogada especialista en violencia de género y miembro de Cepaz, una organización sin fines de lucro para el empoderamiento de las mujeres y la promoción de una cultura de paz.

Fernández explica que el mayor problema con la Ley es que pide crear un sistema judicial especial para combatir la violencia contra la mujer, y no se han abierto tribunales de protección de la mujer en todo el país, por lo que varios estados no cuentan con esa jurisdicción especial. Tampoco hay formación adecuada entre los servidores públicos a cargo de los casos de femicidio, ni uniformidad de criterios para trabajar en ellos. 

En un discurso en 2021, el Fiscal General Tarek William Saab aseguró que en Venezuela, la violencia de género “se castiga con la mayor severidad posible”, y adelantó algunas cifras recogidas por la Dirección para la Defensa de la Mujer, que detalló en discurso, pero jamás se publicaron como determinan la Ley y la Constitución: “Desde agosto de 2017, cuando inició nuestra gestión al frente del MP, se han otorgado 407.320 medidas de protección y se realizaron 273.588 imputaciones, (…) se registraron 21.661 acusaciones y se solicitaron 11.789 órdenes de aprehensión. En casos de femicidio se registraron 750 ingresos, se presentaron 621 acusaciones y se han solicitaron 348 órdenes de aprehensión”.

Sin embargo, Medina y otros familiares del núcleo de #JusticiaParaTodasLasMujeres, afirman que los procesos legales en Venezuela no solo son lentos e irregulares, sino que son revictimizantes y en muchos de los casos hasta presentan un riesgo para la familia. 

Ciberactivismo contra la negligencia judicial

En 2018, Medina hizo un taller sobre ciberfeminismo y tuvo la idea de usar un hashtag para visibilizar las irregularidades en los procesos judiciales en Venezuela: “Al principio usamos dos hashtags #JusticiaParaTodasLasMujeres, y luego un hashtag especial para una víctima, en mi caso, #JusticiaParaMaigualidaSifontes. La idea detrás de estos hashtags era hacer un archivo público de las denuncias de familiares y víctimas colaterales de femicidio. Nuestro principal objetivo siempre fue lograr la eficiencia en hacer pública esta información, pero pronto el hashtag creció entre otros usuarios, y dejó de ser un hashtag que solo catalogaba casos de femicidio en Venezuela. La gente empezó a usarlo para denunciar la violencia sexual, el abuso de género, el acoso y otros tipos de violencia”.

Tras su primer intento con esta campaña en redes sociales, en 2018 Medina se enteró de una protesta frente a la Fiscalía para pedir justicia por el asesinato de Mayell Hernández, una bailarina de 24 años que había sido brutalmente asesinada por su pareja. “Tomé mi cámara y fui directamente a la primera reunión de la organización antes de la protesta. Fue muy doloroso ver las caras de los amigos y familiares de Mayell mientras creaban las consignas de las protestas. Inmediatamente hablé con Mayela, la hermana de Mayell, y le dije que quería ayudar. Sentí que era mi deber: ayudarla significaba que también me ayudaba a mí misma”. 

Un año después Medina conoció a Manuela Pérez, la madre de Adriana Urquiola, una periodista de 28 años que con 5 meses de embarazo fue asesinada el 23 de marzo de 2014 en medio de la ola de protestas violentas a lo largo del país.

“A través de Manuela empezamos a recibir llamadas de familiares de víctimas de femicidio. Empezamos a crecer, y hoy somos 25 familias. Este es nuestro mayor logro: construir una comunidad fuerte dispuesta a visibilizar los casos”.

Aunque muchos de los miembros del grupo no necesariamente están capacitados en el acompañamiento de las víctimas, tienen mucha experiencia en el manejo de un proceso legal por un femicidio en Venezuela. “La experiencia es muy valiosa para nosotros, pero dificulta mucho nuestro activismo. Cada nuevo femicidio en Venezuela me afecta profundamente y, aunque me encanta ayudar, me cuesta mucho emocionalmente”, explica Medina. “Sin embargo, es importante para nosotros promover el activismo inclusivo en nuestro colectivo. Algunas organizaciones tratan a las víctimas como personas pasivas que no pueden hacerse cargo de sus propios casos. Y también vemos esto en nuestro colectivo: algunos miembros de la familia están tan profundamente heridos y traumatizados que les resulta difícil estar completamente involucrados en sus casos. Sin embargo, vemos el avance de nuestro proceso legal como un medio hacia la sanación”.

Sus denuncias son amplias, y apuntan a múltiples fallas en distintas facetas del proceso legal, desde la inexistencia de información y protocolos institucionales a las irregularidades al emitir las órdenes de aprehensión, el retardo procesal, las dificultades en el acceso a los expedientes de víctimas directas e indirectas, la falta de inversión en los archivos y sistemas en línea, el maltrato institucional, el desconocimiento de terminologías apropiadas y hasta las leyes sexistas que es necesario abolir o replantear. 

El principal servicio de #JusticiaParaTodasLasMujeres es el acompañamiento enfocado en la perspectiva jurídica y psicológica. Medina destaca el poder de las redes sociales para luchar contra las irregularidades legales en Venezuela: “Las campañas en las redes sociales nos han ayudado a decirle al gobierno que tenemos los ojos abiertos. Somos conscientes de lo que está pasando con nuestros juicios y lucharemos para mantener el proceso lo más limpio posible. Creemos en la justicia, y como creemos en ella velamos por que las leyes se cumplan”.