Tras la muerte del rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, el 27 de julio, el jueves 16 de septiembre se realizó la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU) convocada para discutir los procedimientos de dicha casa de estudios ante la falta absoluta de su máxima autoridad.

Dos días antes, en la sesión extraordinaria del martes 14 de septiembre, el Consejo Directivo de la USB aprobó la postulación de veinte profesores para el cargo de rector interino, cuya obligación, entre otras, es organizar la elección para dicho cargo en un lapso no mayor de ciento ochenta días, según lo establecen la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Universidades y el Reglamento General de la USB.

Así, diez postulados por la representación profesoral de la casa de estudios, dos por su Consejo Directivo y ocho por el Ministerio de Educación Universitaria fueron presentados al CNU en orden alfabético y en un documento con más de trescientas páginas. Los nombres: Diana Arismendi, Juan Bermúdez, Alexander Bueno, Luis Buttó, Ángela Chikhani, Rafael Fauquié, Gerardo Fernández, José Ferrer, Óscar González, Carlos González Obregón, Emilio Hernández, José Vicente Hernández, Julio César Herrera, Héctor Herrera, Julio Montenegro, Omar Pérez Avendaño, Jorge Stephany, Alejandro Teruel, Víctor Theoktisto y Daniel Varnagy.

La reunión del jueves 16, entre otros asuntos, serviría para conformar la comisión evaluadora de los candidatos. Sería la primera reunión. Pero no hicieron falta otras más: Jorge Stephany ―uno de los ocho postulados por el Ministerio― fue designado como el nuevo rector de la USB.

Explica Benjamín Scharifker, exrector de la USB durante el período 2005-2009: “Evidentemente salió designado uno de los nombres que el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, propuso. El ministro propone y dispone. Así que no podemos hablar con certeza de qué es lo que va a ocurrir en los próximos 180 días, pero a juzgar por lo que ha ocurrido en los últimos años, este rector ha sido designado para tomar la USB por un lapso indefinido”.

Para aprovechar la reunión con derechos de palabra limitados y sin debate, el CNU también designó a Víctor Theoktisto como vicerrector académico y a José Hernández como vicerrector administrativo, ambos postulados por el Ministerio, nombramientos  irregulares, pues Luis Holder, vicerrector académico y rector interino tras la aprobación del permiso solicitado por Planchart, y Mariela Azzato, vicerrectora administrativa, seguían ejerciendo sus cargos sin falta absoluta.

Según un vocero de la Consultoría Jurídica del CNU presente en la reunión, el Consejo también tiene facultad para designar a los vicerrectores al no haberse realizado las elecciones para dichos cargos. Esta elecciones desde hace más de una década se convocan de acuerdo con la Ley de Universidades y con los reglamentos internos de la USB, y han sido suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

Poco valieron los votos salvados de los representantes de la Universidad de Los Andes (ULA), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla). Ni siquiera valió el voto salvado de la misma USB y su tradición desde su fundación: que su comunidad universitaria elija su a su rector para que dicha autoridad elija a los vicerrectores y demás autoridades.

De inmediato se hizo la juramentación y aún sin que la decisión aparezca en la Gaceta Oficial, Stephany, Theoktisto y Hernández iniciaron el cumplimiento de la orden de Trómpiz: “Avanzar en la regularidad institucional y en los aportes sustantivos que esta universidad da a nuestro país”. Dicho de otra manera: controlar la universidad autónoma y experimental ―por Decreto Presidencial n° 755― que logró consolidarse como una de las más relevantes de Venezuela.

La decisión del ministro dejó claro que a rector muerto, rector puesto. Solo bastaba mover un dedo.

No es capricho, es plan

La toma de la USB, aunque arbitraria, poco sorprende.

De acuerdo con la investigación Universidades en rojo publicada por El Pitazo y Connectas, para mayo de este año, de las 71 instituciones públicas de educación superior ―universidades, colegios, escuelas e institutos universitarios― del país, 61 son controladas por el chavismo gracias al plan que empezó con la creación de la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en 2003. Tal como hicieron con las misiones para la salud, el chavismo creó un sistema paralelo para regir la educación superior venezolana.

Dos años más tarde, buscando consolidar el nuevo sistema, Hugo Chávez anunció la reducción del presupuesto de las universidades autónomas y experimentales, y en 2007, inauguró la Misión Alma Mater con el objetivo, entre tantos, de erigir 27 universidades. Así, a partir de 2008 comenzó a agravarse el financiamiento a las universidades públicas tradicionales, tanto que, para el 2020, la USB apenas recibió un 0,4 por ciento del presupuesto solicitado.

Ya en 2009, el mismo Planchart advirtió en su discurso de juramentación que la USB estaba amenazada, pues sus valores de autoformación, desarrollo y adaptación a los cambios globales indetenibles no parecían ser compartidos por quienes entonces administraban el Estado.

De manera que, en palabras de William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB y representante ante el Consejo Directivo de la USB, para la ONG Aula Abierta Venezuela: “[con la designación de las nuevas autoridades] se consuma parte del proyecto de toma de la universidad venezolana por parte del Estado venezolano”.

Agrega Scharifker: “Estoy de acuerdo con la consideración del profesor Anseume. Efectivamente, nombrando al rector, que es una figura que tiene amplias atribuciones dentro de la universidad y también a los vicerrectores, el ministro tiene control absoluto de la gestión académica y administrativa”.

Un control consumado y nada espontáneo: el ex vicerrector académico Rafael Escalona renunció al cargo en 2017. En amplia consulta interna y con amplia aprobación, resultó electo Óscar González, pero el entonces ministro Hugbel Roa intervino en una sesión del CNU para postular y designar por supuesta unanimidad a Luis Holder, un militar que, en vez de ser profesor de la USB, lo había sido en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Ahora Holder es el vicerrector académico recién destituido por la misma instancia que lo designó. 

Así pues, la toma del USB es la práctica sostenida y bien conocida del chavismo: imponer autoridades para eliminar autonomía y libertad académica, invadir y apropiarse de estructuras ya construidas para cambiarles el nombre y sus funciones hasta convertirlas en espacios vacíos, sobre todo ahora, cuando no hay recursos para la educación. 

Futuro deseado y futuro predecible

De las veintisiete universidades prometidas en la Misión Alma Mater, solo ha sido inaugurada la Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King en 2018, y su construcción sigue a medias. La Universidad Internacional de las Comunicaciones en el edificio de El Nacional no tiene ni pénsum ni página web, pero es una de las transformaciones de los “centros universitarios” prometidos por la Misión.

Si tan poco se ha logrado, ¿cómo se mantendrán los espacios y la operatividad de los casi 180.000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en casi cincuenta edificaciones en la sede de Sartenejas? ¿Podrán construirse las obras pendientes en la sede de La Guaira? ¿Cuál será el plan para restituir el transporte estudiantil? ¿Se abrirá el comedor? ¿De cuánto será el aumento salarial de los empleados? ¿Habrá profesores capaces de sustituir al más del 60 por ciento que renunció entre 2014 y 2019?…

“Todo esto solo hay que utilizarlo para movernos, no para victimizarnos ―opina la exvicerrectora Azzato― hay tanto por hacer como potenciar alternativas sustentables que nos desvinculen de los fines de atraso y de las políticas inadecuadas por la falta de visión de un gobierno que ha creído que, si mata la generación de conocimiento, se perpetúa en el poder”.

La movilización comenzó el mismo jueves.

En su comunicado, la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCE-USB) exige “autonomía para escoger a nuestras autoridades y libertad para que ejerzan su rol”. A su vez, manifiesta “rechazo a que los profesores designados participen o hayan participado en proyectos políticos del Ejecutivo Nacional y el Partido PSUV”. Mineau Reyes, presidente de la Asociación de Egresados de la USB, dice que se deben elegir las autoridades rectorales según la normativa vigente. El rector emérito Pedro María Aso (período 2001-2005) plantea retomar lo decidido por el Consejo Directivo el 3 de marzo: crear una comisión para proponer cómo será la participación de los estudiantes, egresados, personal académico, administrativo y obrero en el proceso de renovación de autoridades de manera democrática y decidida por la propia casa de estudios.

Pero tan solo plantear la posibilidad de las elecciones en menos de 180 días es el primero de tantos retos. Habrá que convencer al ministro de la necesidad y la aspiración de unas elecciones cuando ya tiene el control.