Como único órgano que representa por mandato constitucional el Poder Legislativo en Venezuela, la Asamblea Nacional está compuesta por 167 diputados, más un parlamentario suplente por cada uno. Para las elecciones parlamentarias de 2015, todos los partidos de oposición se unieron en la Mesa de la Unidad Democrática y ganaron la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional: 112 curules. Los restantes 55 se repartieron entre el chavismo y los independientes, diputados sin partido.

Durante el período 2016 – 2020, esta composición ha sido alterada por la persecución judicial o la coacción por parte del régimen de Nicolás Maduro. En este momento hay 24 parlamentarios principales o suplentes en el exilio. Además, uno está desaparecido, uno está preso por causas políticas, tres han sido “inhabilitados” por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y cuatro, que representan a Amazonas, fueron separados de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia. Son 33 parlamentarios que han visto vulnerados sus derechos políticos —así como de quienes votaron por ellos— sobre todo mediante el patrón de allanamiento de la inmunidad parlamentaria por orden de la ANC y acusaciones penales del TSJ, que por ejemplo involucró al diputado preso Juan Requesens en el atentado con drones contra Maduro.

Más recientemente, esta mayoría que la oposición obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2015 ha ido disminuyendo a causa de la captación de diputados que habían llegado a la AN como opositores, pero que ahora están actuando a favor de los intereses del chavismo. Es el caso de los que organizaron la designación de Luis Parra como presidente de la AN, con apoyo del PSUV, y de los que forman parte de la llamada “mesa de diálogo nacional”. 

Todos estos dicen estar rebelándose contra la hegemonía del llamado G4, el bloque de los cuatro partidos principales de la oposición que en su conjunto tiene más diputados en la AN que cualquier otra organización: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Pero no se debe confundir con la Fracción 16 de Julio, que también se resiste a cumplir la agenda del G4 pero no puede considerarse parte de esta falsa oposición.

La combinación de todos estos factores, entre los que hay que considerar también la fragilidad económica (para no hablar de la ética) de los parlamentarios que no cobran un sueldo y las históricas tendencias a la división del campo opositor (acentuadas por el fracaso en cuanto a apartar a Maduro del poder), han ido rebanando tajada a tajada esa prometedora mayoría que obtuvo la oposición en el ya remoto diciembre de 2015.

Cada parlamento funciona sobre cuentas de votos: los necesarios para nombrar sus propias autoridades, controlar a los de poderes, aprobar leyes, etc. En el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela, acosada por un cuerpo que pretende suplantarla (la ANC), por la persecución del TSJ y ahora sin acceso regular a su propia sede, estos gráficos sirven para entender cómo el régimen ha ido reduciendo la capacidad de la oposición para nombrar su directiva, designar a los rectores del CNE o aprobar créditos que el Estado central necesita. 

Sobre todo confirman que para la dictadura la AN sigue teniendo valor, porque por algo intenta controlarla. Lo cual dice que hará lo que pueda para recuperarla en unas elecciones parlamentarias o por la vía de la fuerza.