¿Qué es el Programa Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina?

Es un grupo de trabajo basado en México que junta varios académicos sobre seguridad y derechos humanos para documentar y difundir, primordialmente, cuánta gente están matando los policías y militares en la región, lo cual es uno de los grandes problemas de América Latina (y de otros lugares, como Estados Unidos) en materia de derechos humanos. Los investigadores que firman el reporte, que hoy se divulgó a varios medios de la región, provienen de los países involucrados; por Venezuela está Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la UCV. Este proyecto está financiado por la Open Society Foundations. El primer reporte expone con claridad la naturaleza del problema, revisa la legislación internacional, es muy preciso sobre la composición de sus indicadores y termina con recomendaciones para reducir estas cifras tan vergonzosas.

¿Por qué este tema es importante?

No es un asunto de blancos y negros, sino algo muy difícil de averiguar con precisión, así como de juzgar. Hay leyes que dicen cuándo un policía o soldado tiene derecho a acabar con la vida de alguien, en cuáles circunstancias; al fin y al cabo la fuerza pública se supone debe tener el monopolio de la violencia. Pero los funcionarios muchas veces se exceden, y por lo general, mientras más sana es una democracia, menos excesos de este tipo ocurren. Con la tradición de dictaduras que tenemos en este continente y la situación de criminalidad que no deja de incrementarse en la región, estos excesos son un asunto de la mayor gravedad por dos razones principales. Una, matar fuera de la ley, incluso con un uniforme puesto y un arma reglamentaria, implica sabotear el imperio de la ley y por tanto boicotear el acceso de todos a los derechos fundamentales. Dos, cuando los funcionarios matan, a menudo matan a gente inocente, a la que siembran evidencia para simular que son delincuentes, o incluso están matando a delincuentes pero no en el contexto de un enfrentamiento sino de una simple ejecución. Es por esto que este informe llama civiles a las víctimas, porque a todos los trata así, al margen de que sean malandros o no. Primero, no siempre se sabe con certeza, por más que la policía lo diga; y luego, en caso de que sí lo fuesen, si no hay pena de muerte y en realidad no hubo un enfrentamiento, lo que pasó fue una ejecución extrajudicial, lo cual es un crimen.

¿Cuán grave es la situación en Venezuela?

Extremadamente grave según el informe, que recoge cifras de 2017. Es decir, cifras anteriores a la extensión por todo el país de la acción de las FAES y posteriores al incremento exponencial —a causa de factores como las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo— de muertes de personas a manos de funcionarios: en 2010 hubo 2,3 por cada 100 mil habitantes, y en 2016 fueron 19 por cada 100 mil, según datos del ministerio de Interior y Justicia. Sí, es un salto del 726 %.

Según los números de 2017, hay más civiles muertos por la fuerza pública en Venezuela que en Brasil, que tiene siete veces más población. Esto también quiere decir que más de una cuarta parte de los homicidios en Venezuela corresponden a civiles muertos por el Estado. 

 

 

Esto tiene muchas capas. El Programa Monitor advierte que la letalidad policial aumenta el riesgo de violencia sobre los propios policías. Por esto vemos en Venezuela un círculo vicioso: los delincuentes matan a muchos policías y guardias nacionales, y viceversa. Mientras más muertos hay, más venganzas también. 

La cifra sobre Venezuela proviene de reportes de prensa.

 

El investigador a cargo del capítulo sobre Venezuela, Keymer Ávila, destaca que la militarización de la seguridad lleva más de ocho décadas en Venezuela, con una lógica bélica que ve a los delincuentes (y en buena medida a los pobres y a los civiles) como enemigos, y que no se rige por los constreñimientos legales de una democracia sino por el criterio de excepcionalidad y violencia abierta de una guerra. Su análisis, que hay que leer completo, parte de datos como los siguientes:

¿De dónde sale la información que maneja el Programa Monitor?

De cifras oficiales o, sobre todo en el caso de México y Venezuela, de información proveniente de las autoridades más reportes de prensa, tanto independiente como subordinada al régimen. Ávila lleva un registro de víctimas con nombre y apellido, para que no se dupliquen, contrastado con los registros de las ONG de derechos humanos como Provea y Monitor de Víctimas. 

En Venezuela, así como no se informan adecuadamente las enfermedades, tampoco se reportan los asesinatos de manera transparente: la fuerza pública tiende a reportarlos como un parte de guerra, en la que llama abatidos a quienes en realidad han sido ejecutados y que a veces son inocentes, o cuando son víctimas de homicidas que no son funcionarios, los números están mal contados, o a veces no toman en cuenta a quienes mueren luego de haber sido heridos. Contar muertos es un trabajo inmensamente complicado y muy propenso a la manipulación por parte de los gobiernos, particularmente cuando se trata de dictaduras. De ahí la importancia de reportes independientes como este de Monitor de Fuerza Letal en América Latina, que sin embargo está expuesto a fallas de origen en los datos, como de hecho explica en su capítulo metodológico. 

Dicen los investigadores: “En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones de gran relevancia. La  primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y, en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública y regular de los datos relevantes que permitan realizar un monitoreo específico sobre la cuestión. La opacidad existente en varios países significó la imposibilidad de calcular y estudiar diversos indicadores. La segunda conclusión es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región, con Venezuela en la posición más dramática, seguida por El Salvador. Todos los países analizados, con la excepción de Colombia, exceden los límites aceptables en por lo menos uno de los indicadores de abuso de  fuerza considerados. Es urgente, por tanto, que los gobiernos y la sociedad civil busquen modificar este escenario”. 

Ya sabemos lo que el régimen de Maduro piensa y hace al respecto. Las preguntas que quedan por resolverse, entre otras, son: cómo sería esto en una eventual transición hacia la democracia, y cuán convencida está la sociedad venezolana de que matar delincuentes (o inocentes que la fuerza pública presenta como tales) no es la vía correcta para tener un país seguro y pacífico.