Cuando en 2016 empezó la comercialización de las pólizas de personas en dólares, fue recibida como una solución para escasísimos ciudadanos en Venezuela. Pero también creó unas cuantas irregularidades: cambios de cláusulas de los contratos sin previo aviso, productos sin deducibles que luego corrieron por cuenta del asegurado, falsificaciones de cuadros de pólizas por intermediarios, reembolsos que tardaron meses o nunca se realizaron… Porque esas aseguradoras basadas afuera y sin presencia legal en el país no tenían obligación ni quién las obligara a responder cuando el asegurado presentaba la urgencia de salud por la cual había estado pagando en dólares.

Así, el nuevo problema para el sector asegurador venezolano no solo fue lograr que la legislación les permitiera adaptarse al fait accompli de la dolarización espontánea, sino lidiar con los daños ocasionados al mercado asegurador nacional por aquellas compañías que se aprovecharon del vacío legal y de la necesidad de los asegurados.

Partir con ventaja

A partir de 2015, las compañías de seguros en Venezuela comenzaron a verse afectadas ante la realidad macroeconómica del país: pérdida del poder adquisitivo del bolívar e hiperinflación. Y las coberturas de las pólizas de salud dejaron de cubrir las necesidades de los asegurados con el transcurrir de los meses.

En la práctica, las clínicas fueron dejando de aceptar pacientes con seguros en bolívares, pues lo que era una suma asegurada ya no cubría, por ejemplo, un ingreso por emergencias y los costos mínimos por un ingreso pasaron a ser el precio de una consulta.

Lo que pasaba dentro de las aseguradoras era más complejo aún: la Ley de la Actividad Aseguradora (2010) estableció que el 50 % de las reservas de las compañías debe estar en bancos nacionales, pero las reservas comenzaban a devaluarse y así, también empezó el riesgo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para el asegurado.

Con la reforma de esa Ley, en diciembre de 2015, se establecieron normas y procedimientos para la comercialización en moneda extranjera de las pólizas de salud, vida, funeraria, accidentes y sus posibles combinaciones. Así, aunque seguía vigente el control cambiario de 2003, las compañías autorizadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora emprendieron sus procesos para lograr la aprobación de ofrecer productos en divisas y aquellas compañías que ya tenían estas pólizas las verificaron ante el ente regulador.

Mientras las compañías nacionales avanzaban en sus procesos ante el Estado para lograr ofertar las pólizas en divisas, las compañías extranjeras sin domicilio ni representación legal en el país lograron las primeras ventas. 

Fue a finales de 2018, principio de 2019, cuando las aseguradoras nacionales y las autorizadas en Venezuela empezaron a comercializar productos en moneda extranjera. Para entonces, ya varias aseguradoras extranjeras habían hecho alianzas con corredores y productores de seguros matriculados en la Superintendencia o con mediadores informales sin acreditaciones, y habían estado vendiendo pólizas en dólares en el país. 

Fue un daño al mercado asegurador venezolano. María del Carmen Bouffard, presidente ejecutivo de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, explica: “Lo que ocurre entre 2016 y 2018 califica como actividad ilegal, delito. Estas compañías extranjeras que, en su mayoría, están ubicadas en las islas del Caribe, no tienen constitución de reserva ni margen de referencia. No cumplen con las normas de prevención de legitimación de capitales, cambian las reglas de contrato al asegurado de un momento a otro, no pagan impuesto sobre la renta, al valor agregado, a los grandes patrimonios, a las grandes transacciones financieras, impuestos municipales… No realizan el aporte al Fondo Público Nacional de Salud ni a la Superintendencia. No tienen regulación”.

Aunque la Cámara ha denunciado esta situación ante la Superintendencia, las sanciones serán difíciles de aplicar: las compañías foráneas ofrecen grandes comisiones a los mediadores y aunque les retiren sus credenciales para intermediar con las compañías nacionales con las cuales también operan, podrán seguir vendiendo productos independientes.

Este “negocio” sigue próspero, aunque presenta peligros como los que explicó el abogado criminalista Fermín Mármol García en una entrevista para Hispano Post en octubre de 2020: “El problema lo vamos a tener con esa empresa foránea que no esté amparada en la regulación interna. Prácticamente dejan desprotegidos (a los asegurados) ante una presunta estafa. Habría la posibilidad de interponer una denuncia ante el CICPC y la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General, en donde se considere que el agente de ventas fue parte del mecanismo defraudador y, de esa manera, pudiera generarse un precedente para que responda por sus actos, ¿pero un proceso interno en Venezuela puede prosperar en el exterior?… En Venezuela, los delitos violentos son los que acaparan la atención. No se les presta atención a los delitos de astucia, porque el impacto, desde el punto de vista psicoemocional, es inferior”.

En definitiva, la contratación de una póliza sin domicilio venezolano o sin representación legal en territorio nacional implica exponerse a que, ante la ausencia de respuesta tras un siniestro, el asegurado deba viajar hasta el domicilio de la aseguradora para emprender el proceso legal de reclamo.

Competir en una carrera de obstáculos

Además de los ocho años de recesión económica, cuatro de hiperinflación y cuatro de seguros ilícitos, otros factores impactan la capacidad de las aseguradoras autorizadas para operar en Venezuela.

La ley del 2010 estableció que los seguros de los empleados del Estado debían pasar a las cuatro compañías aseguradoras del Estado, las cuales terminaron de constituirse con fondos autoadministrados. Esta fue la primera gran pérdida de pólizas colectivas para las compañías privadas de seguros, mientras que para los asegurados, aún hoy, son coberturas inútiles de sumas rezagadas. 

En el contexto más reciente, la migración y el cese de operaciones de diversas empresas de producción y de servicios cuyos empleados se encontraban debidamente asegurados, han contribuido a que las aseguradoras tengan más pérdidas. 

Pese a esto, las compañías de seguros venezolanas siguen tratando de mantenerse en el mercado. Explica Marjorie Guerrero, asesora de seguros: “Indudablemente, las compañías de seguros nacionales vieron una gran oportunidad con las pólizas en dólares, pero han tenido que adaptarse sabiendo el contraste entre la necesidad de una póliza y las limitaciones económicas de la gente. Entonces, se han ido cambiando los estándares. Uno de los cambios es que algunas primas que antes eran anuales o financiadas, ahora son fraccionadas, es decir, las cuotas no tienen intereses y hasta se pueden pagar mensuales. Otro cambio es que la mayoría de los seguros de Venezuela están trabajando sin deducible y sin aplicación de acto razonable”.

En estos momentos, es posible encontrar sumas aseguradas modestas y primas que varían según la capacidad financiera de cada compañía, su impacto de siniestralidad y la tarifa aprobada por la Superintendencia.

Con la llegada del covid-19, de acuerdo con Bouffard, se produjo un cambio notorio: “Aunque las epidemias en Venezuela y en otros países están excluidas de las coberturas, pues son riesgos muy difíciles de medir para establecer la prima, la mayoría de las compañías nacionales decidieron darles cobertura a sus asegurados. Asumieron su responsabilidad social y ninguna empresa cobró primas para poder asumir esas obligaciones y eso que han tenido que hacer grandes inversiones para poder garantizar el servicio particular, desde activaciones del call centers y movilización del personal durante las restricciones hasta gastos operativos que no son usuales como instalación de plantas eléctricas en el interior del país”.

A finales de marzo, otro cambio alarmó a los asegurados: el monto máximo de hospitalización (determinado en petros) por coronavirus establecido por la Superintendencia, el cual, según Bouffard, ha sido calculado tras un año revisando las incidencias y el incremento de los costos en los centros de salud. De manera que la atención sigue siendo viable y si el caso se complica, cada aseguradora analizará cómo proceder.

La preocupación sigue latente. Mientras persista la crisis económica, cualquier acuerdo y solución será paliativa, pues planificar y presupuestar en hiperinflación es repetir el riesgo de rezago y así, la consecuencia sigue siendo la misma desde el 2015: una “dolarización” de las pólizas cuando el dólar tampoco asegura.