La imagen, que se vuelve viral en redes sociales, es insólita, pero no contradice la lógica con la que ha actuado la dictadura durante los últimos años: el 11 de febrero, un oficial con chaleco antibalas del Equipo de Respuesta Especial (ERE) de la policía del Zulia, con funciones similares a las de las FAES, entrega una citación penal a decanos y representantes del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ). 

Aunque en la citación no se especificaba cuál era el motivo o quién era el denunciante, diversos actores de esta casa de estudios coincidieron en que la causa de este gesto claramente intimidante era la negativa de la universidad a reconocer la designación del profesor Clotilde Navarro como vicerrector administrativo por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que es controlado por Nicolás Maduro. Y no se equivocaron.

El Consejo Nacional de Universidades pretende violar la autonomía universitaria al designar a Navarro, ya que no cuenta con las competencias para hacerlo, según Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación de Aula Abierta, una ONG que defiende los derechos universitarios. “El CNU invoca el artículo 20 numeral 15 de la Ley de Universidades vigente para designar a Navarro, con una interpretación errónea, pues la ley dice que el CNU puede designar este cargo sólo si hay una vacante absoluta de rectores, vicerrectores y más de la mitad del Consejo Universitario, lo cual no ocurre”, explica Villalobos.

Navarro fue designado ilegalmente el pasado 10 de diciembre de 2019 y desde entonces la Universidad del Zulia ha emitido diversos pronunciamientos para rechazar esta medida y ratificar a la doctora María Artigas en el cargo de Vicerrectora Administrativa, quien asumió en julio de 2018 tras la renuncia del profesor Jesús Salón.  

La Asamblea Nacional brindó su apoyo público a esta casa de estudios. “El régimen dictatorial de Maduro utiliza los mecanismos de justicia para violentar un espacio de libre pensamiento que siempre se ha opuesto a su régimen de facto y ha denunciado continuamente las condiciones en las que se encuentra la universidad y toda Venezuela”, se puede leer en un comunicado del Parlamento. 

Pero con el pasar de las horas la situación fue pasando a otro nivel. El 12 de febrero Judith Aular de Durán, quien asumió como rectora encargada de LUZ tras el fallecimiento de María Guadalupe Núñez en julio de 2016, recibió una boleta de notificación de parte del Juzgado Superior Primero Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región, en el que se puede leer que si no acata la designación de Navarro podría ser sancionada con hasta 15 meses de prisión. La rectora encargada no tiene la competencia para esta acción, que corresponde al Consejo Universitario. 

Posteriormente, Aular de Durán publicó un comunicado donde califica de injustificada la decisión y ratificó su apoyo a la doctora María Artigas como vicerrectora administrativa. 

La intervención con Prieto al frente

Para Villalobos los ataques contra la autonomía de LUZ, una de las primeras universidades en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, forman parte de una política contra de las universidades que se viene ejecutando desde que Hugo Chávez estaba en el poder. “La Universidad ha sido un blanco de ataques por ser el centro de conciencia de una nación, por ser el centro donde aflora el pensamiento crítico”, opina. “Desde que estaba Chávez, había ataques contra la Universidad y hoy se pueden contar al menos 50 ataques desde el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las universidades”. 

Uno de estos últimos ataques del TSJ fue la sentencia 0324 que emitió la Sala Constitucional en agosto de 2019, que llama a renovar las autoridades universitarias de todas las casas de estudios, bajo un reglamento que viola el artículo 109 de la Constitución, donde se establece que las universidades son autónomas para elegir sus autoridades bajo sus reglamentos. El Poder Judicial pretende, por ejemplo, que los obreros y el personal administrativo voten en unas elecciones donde sólo lo hacían profesores, alumnos y egresados, y que el ganador obtenga el voto mayoritario en tres de los cinco sectores.

“La sentencia les da más peso a los sectores que al voto mismo y cambia la naturaleza del derecho académico por un derecho político”, dijo Juan Domingo Alfonzo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero en el caso particular de la Universidad del Zulia, no solo el TSJ y el Consejo Nacional de Universidades son sus verdugos, sino también el Gobernador Omar Prieto, quien desde que asumió el poder en 2017 siempre mostró su intención de intervenir por la fuerza esta casa de estudios, situación que se ha repetido con otros mandatarios chavistas como Rafael Lacava con la Universidad de Carabobo.

Uno de sus ataques más significativos se produjo en mayo de 2018 cuando anunció que el Teatro Baralt pasaría a disposición de la alcaldía de Maracaibo, desconociendo que este espacio cultural pertenece a LUZ. En octubre de 2019, la Gobernación creó secretarías ilegales con las cuales pretendía controlar el ingreso de los estudiantes a la universidad e incluso intervenir en los contenidos de enseñanza, con una directiva que habla de “introducir mejoras en la educación universitaria” para “planificar, coordinar, dirigir y controlar políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación en coordinación y/o apoyo con los gobiernos, nacional, local y el poder popular”. Luego, en enero de 2020, mostró una actitud más violenta cuando envió a la procuradora del estado Zulia a la universidad para exigir las llaves del Vicerrectorado Administrativo de LUZ para entregársela a Navarro, y subió el tono a su agresividad con la visita de la comisión del ERE y la amenaza de captura contra la rectora encargada.

Para Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), la universidad vive su época más oscura desde que fue cerrada en 1904 por el dictador Cipriano Castro, con profesores universitarios que ganan salarios por debajo de los 10 dólares al mes, facultades desoladas por deserción estudiantil e incluso aulas de clases sin servicio eléctrico, en una ciudad donde las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados.  

“Sin duda amerita gente comprometida, así como el acompañamiento de la sociedad civil con su casa de estudios”, dice. “Desde que caminamos en dictadura han sido muchos los momentos en que se ha violado la autonomía universitaria y por eso estamos llamando a los ciudadanos para que defienda su casa del saber”, sentencia González.

María Elena Parra, líder estudiantil de LUZ, cree que la intervención de su casa de estudios y de cualquier otra en el resto del país, es una amenaza directa a lo poco que queda de democracia, en una nación cuyo gobierno exterminó hace años la separación de poderes.