¿En qué consiste el acuerdo?

En un plan de cooperación mutua entre el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional legítima, presidida por Juan Guaidó, y el apoyo “técnico y administrativo” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para enfrentar la pandemia por el Coronavirus. Según el documento firmado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, el asesor en temas de Salud de la Asamblea Nacional, Julio Castro, y el representante de la OPS en Venezuela, Gerardo De Cosio, el acuerdo implica el trabajo conjunto exclusivamente en estos puntos:

• Detección de casos activos de covid-19 mediante diagnóstico de laboratorio.
• Tratamiento oportuno y adecuado de casos confirmados.
• Aislamiento supervisado de casos sintomáticos y cuarentena de los contactos con casos confirmados.
• Protección del personal de salud.
• Acciones de prevención y control de infecciones en centros de salud.
• Vigilancia epidemiológica, análisis de información y reportes de información.
• Comunicación de riesgo para la población para que adopten medidas preventivas.

 

¿Esto significa una alianza política entre ambos grupos?

No. Es solo un acuerdo que atiende una necesidad puntual de gobernabilidad como lo es la pandemia. Una realidad cuya potencial gravedad en el país, dada la emergencia humanitaria compleja, obliga a las partes a sumar esfuerzos en pro de la ciudadanía y que conjuga dos aspectos importantes: la capacidad ejecutiva del régimen de Maduro, que independientemente de su legitimidad es quien administra de facto el Estado venezolano; mientras que la Asamblea Nacional cuenta con el reconocimiento internacional (Estados y organizaciones como la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea), el apoyo de organizaciones no gubernamentales y la posibilidad de administrar recursos económicos del Estado venezolano en el exterior. Sobre esto último, aunque se asoma en el comunicado  del Centro de Comunicación Nacional del 2 de junio, no se precisa en el documento si se usarán tales fondos o no. Es de recordar que el régimen de Maduro no puede acceder a esos activos por el desconocimiento internacional a su mandato. Pero en ningún caso significa una alianza o cese de las hostilidades políticas. De hecho, un día después de la firma del acuerdo, el 2 de junio, el régimen de Maduro allana la casa de los padres del procurador nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández, y la del presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil.

¿El acuerdo significa que los dos grupos se reconocen legalmente entre sí?

Es confuso. Por un lado, el régimen de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) siguen reconociendo al ex diputado opositor Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, luego de la fraudulenta elección de la nueva directiva del parlamento en enero de este año, y ratificada recientemente por la Sala Constitucional del TSJ, a través de la decisión Nº 0065-2020 del 26 de mayo. Además, el discurso del régimen de Maduro ha sido cauteloso en su forma de referirse a su contraparte en el acuerdo firmado, como se evidencia en las declaraciones de su canciller, Jorge Arreaza, que el día de la firma los llamó “un sector del G-4 de la oposición”. Sin embargo, al día siguiente ya se refería abiertamente al representante del gobierno de Guaidó como “el equipo de asesoría de la Asamblea Nacional”.

Por su parte, el gobierno de Guaidó sigue refiriéndose al régimen de Maduro como “dictadura”, como reza el comunicado del Centro de Comunicación Nacional.

¿Quiénes reconocen este acuerdo?

La Organización Panamericana de la Salud, que además funciona como la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este, a su vez, es el organismo encargado de diseñar las políticas de promoción y protección de la salud de Naciones Unidas. Por tanto, puede afirmarse que este acuerdo cuenta con el aval de la ONU. Este apoyo se refuerza con la declaración del pasado 3 de junio del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien a través de su portavoz no solo aplaudió el acuerdo, sino que exhortó a las partes a cumplirlo atendiendo a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

La Unión Europea también respalda el pacto, tal y como se evidencia con las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien además señaló que “el diálogo entre las partes es fundamental para avanzar el proceso político y asistir al pueblo venezolano”. En este contexto, la Unión aprovechó para ratificar su reconocimiento a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como único poder legítimo en Venezuela, con lo que rechazó la decisión del TSJ que intentó avalar a Parra como presidente del parlamento.   

Dentro del país el acuerdo cuenta con la salutación de más de 100 ONG  defensoras de derechos humanos, que no solo se manifestaron en un comunicado, sino que ya venían presionando políticamente ante la necesidad de sumar esfuerzos, tanto del régimen de Maduro como de la Asamblea Nacional, para atender la emergencia humanitaria compleja en el país durante la pandemia.

¿Quién administrará los recursos?

No hay precisión sobre este punto en el documento, aunque la subcomisionada presidencial para las relaciones exteriores del gobierno de Guaidó, Isadora Zubillaga, afirmó en  un tuit que el acuerdo “será manejado directamente por organismos internacionales, del dinero que hemos logrado preservar de ser robado por la dictadura de Maduro. Los fondos van a médicos, socorristas y trabajadores de salud en primera línea”.

Además, la nota de prensa de la ONG defensora de derechos humanos Provea precisa que las partes acordaron trabajar “en la búsqueda de recursos financieros y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender a la población y proteger al personal de salud frente a la pandemia”.

¿Necesitábamos este acuerdo?

Es importante porque, como explica Feliciano Reyna —representante de las ONG Acción Solidaria, Codevida y Civilis Derecho Humanos— la medida llega en un momento crítico, cuando el número de casos se acelera en la región, y aunque en Venezuela el incremento es más lento, la situación es mucho más delicada por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Factores como la subnutrición por falta de acceso a alimentos (bien sea por escasez, falta de producción, déficit de importaciones o altos costos), escasez de medicinas, vacunas, equipos e insumos médicos tanto en la red de salud pública como privada, y la falta de acceso al agua hacen aún más difícil enfrentar la pandemia en el país. Si a esto se suma la crisis política nacional, que impide la administración eficiente de los recursos del Estado para atender la emergencia, se tiene un cuadro que amerita acciones urgentes para evitar el repunte de casos. Es por ello que este acuerdo es pertinente.