El 23 de enero, mientras Juan Guaidó asumía la encargaduría de la Presidencia en Caracas, en Barquisimeto había una protesta por la escasez de gas para cocinar. Cerca de ahí, Aidysmar Figueroa, estudiante de diseño gráfico de 20 años, acompañaba a su primo en un partido de fútbol sala cuando llegaron varios oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, la tomaron por el pelo y se la llevaron detenida, junto con tres menores de edad, a un destacamento de la GNB. 

Tres días después de su detención, la llevaron a una audiencia de presentación donde le imputaron siete delitos, como alteración de orden público, agavillamiento, resistencia a la autoridad y uso de adolescente para delinquir. El Foro Penal en Lara asumió su defensa, con su caso ya en retardo procesal. Cuando la madre de Aidysmar trató de hablar con el juez, le dijeron en el tribunal que él “no habla con el público”. El abogado Abrahan Cantillo, coordinador del Foro Penal en Barquisimeto, dijo que a la muchacha la acusaron sin elementos de convicción y sin siquiera alegar cuáles fueron los daños públicos que habría hecho.

Aidysmar fue excarcelada la tarde del viernes 19 de julio, luego de que el Tribunal Séptimo de Control le dictara régimen de presentación cada 30 días por tres años.  Durante los seis meses que pasó en el cuartel tuvo que compartir calabozo con 20 mujeres e intentar dormir en una hamaca hecha con sábanas. Magaly Huggins, criminalista de la ONG Una Ventana a La Libertad, explica que esto afecta la salud mental de las venezolanas recluidas en estas condiciones, que generalmente son de hacinamiento, lo que las expone a la violencia y la pérdida de su dignidad: “Las instituciones de reclusión han sido convertidas en depósitos de seres humanos, donde es común ver a presas políticas junto a delincuentes comunes, mujeres presas junto con hombres, y oficiales poco entrenados”. 

Aidysmar solo podía recibir una visita de 15 minutos cada semana. Antes de entrar, su madre y su abuela debían quitarse la ropa y saltar desnudas frente a oficiales militares. Estas humillaciones, así como la prohibición de visitas, son parte de un patrón para los presos políticos, sean muy conocidos por la opinión pública, como la jueza María Lourdes Afiuni, o jóvenes como Aidysmar, que simplemente parecen haber sido víctimas de la necesidad de las fuerzas represivas por cubrir una cuota de prisioneros. Sin visitas, las presas políticas no solo no ven a sus seres queridos: tampoco pueden recibir alimentos adecuados, agua, ropa, medicamentos o cosas esenciales como toallas sanitarias. Privarlas de esa visita significa someterlas a un estado de sitio dentro de la prisión que ya sufren.

La violencia sexual como escarmiento

El caso de Aidysmar es uno entre muchos: entre los 550 presos políticos que registraba Foro Penal para el 31 de julio, 62 eran mujeres. 

“Pasé dos meses sin ver el sol”, recuerda Sairam Rivas de su reclusión en el Helicoide, la cárcel del SEBIN en Caracas, después de haber sido detenida en el campamento de protesta estudiantil de la plaza Alfredo Sadel, en 2014. “Tuvimos que tolerar múltiples violaciones a nuestros derechos humanos: violencia psicológica, intimidación, amenazas y desnudez forzada el primer día”, cuenta. “Nos obligaban a pasar la noche e ir al baño esposadas. Mi papá tenía cáncer terminal mientras estuve detenida; los guardias lo sabían y lo utilizaban para hacerme sentir abandonada. Pero desde el 2014 todo ha empeorado. Hay más detenciones sin orden judicial, desapariciones y los reportes de malos tratos y tortura son mucho más frecuentes».

Foro Penal registra, desde 1 de enero de 2014 hasta el 31 de julio de 2019, 15.133 arrestos arbitrarios, 848 civiles presentados ante tribunales militares, y un histórico acumulado de 3.191 presos políticos, de los que se ha logrado la libertad o excarcelación, bajo diversas modalidades, de 2.601. El grupo de abogados especializado en defender ad honorem a los presos de la represión sostiene que tanto el proceso legal como las condiciones de la detención son irregulares: “Desde sus precarios sitios de reclusión, a estas mujeres les han negado el acceso a la justicia y el derecho a la salud, entre otros derechos humanos consagrados tanto en tratados internacionales como en legislación nacional”. 

El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que se publicó el 4 de julio, describe la persecución constante de quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Pero el informe Mujeres al Límite 2019 ha identificado además dos dinámicas en el contexto de emergencia humanitaria y represión hacia las mujeres: funcionarios que se aprovechan de la vulnerabilidad que causa la pobreza extrema, y los ataques que se practican para intimidar y desmoralizar a manifestantes o personas detenidas a propósito de las protestas, lo cual constituye “violencia sexual por razones políticas”.

Según Foro Penal y Human Rights Watch, de un total de 88 casos documentados de víctimas de violaciones graves de derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas entre abril y septiembre de 2017, 53 incluyeron abuso sexual —malos tratos, amenazas, desnudez forzada— o violación. Esto lo denunciaron en un comunicado más de 95 organizaciones de la sociedad civil venezolana. 

“La mayoría de las presas políticas son víctimas de violencia verbal, amenazas y humillaciones antes de ser detenidas”, cuenta Huggins, desde lo que observa del trato a las mujeres políticos y activistas. “Una vez se encuentran en una institución penal, cada uno de sus derechos son vulnerados”. 

Pero la situación que denuncia trasciende la de las venezolanas en prisión por razones políticas.

Sexo por derechos fundamentales

En los centros de detención de Venezuela es común que a las mujeres no se les preste atención médica durante el embarazo ni se les permita tener a sus hijos hasta los tres años, como establece la legislación. Muchos de esos embarazos, de hecho, son producto de violaciones o alguna forma de abuso dentro de centros penitenciarios. 

El colapso de la economía y de la institucionalidad agudiza la cultura del maltrato. El mismo informe Bachelet dedicó un capítulo al impacto en las venezolanas de la emergencia humanitaria, y mencionó decenas de testimonios de prisioneras que sobreviven en las instituciones penales intercambiando sexo por comida con guardias nacionales. María José González, directora de Cáritas Los Teques y monja en el Instituto Nacional de Orientación (INOF), ha contado que muchas mujeres presas en esa cárcel mirandina tienen que tener relaciones sexuales con funcionarios policiales si quieren que las trasladen a sus audiencias en los tribunales.

Tampoco se reciben las denuncias en los órganos correspondientes, ni se aplican los protocolos adecuados para un caso de violencia sexual. Un informe de Una Ventana a la Libertad de marzo de 2019 dice que son mujeres el 7% de los ciudadanos que están presos en este país, y que ese porcentaje contribuye a que tanto nacional como internacionalmente haya circulado poca información sobre ellas. “Las reclusas se han convertido es las más invisibilizadas dentro de la vulneración generalizada de los derechos de las mujeres en Venezuela”, advierte Magaly Huggins. 

Hay un drama aún más invisible, el trato cruel de reclusos LGBTI. Estos casos tienen aun menos oportunidades de ser denunciados y corregidos, porque los funcionarios ni siquiera consideran que la violencia sexual en contra de estas personas sea un delito, sino una medida disciplinaria en razón de su orientación sexual o identidad de género.