Recién graduado como ingeniero mecánico en la Universidad Central de Venezuela, Rafael Delgado recibió una oferta de trabajo de Pdvsa. Se iría de Caracas a Lagunillas, en el Zulia, a la región más calurosa del país, sin los beneficios de vivir en familia y en la capital. Pero eran los 80 y entrar a la petrolera era el sueño dorado. 

Por eso no lo pensó dos veces, se casó y se fue. El sueldo superaba los 1.500 dólares (al cambio para la fecha) e incluía un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad; la posibilidad de vivir en una casa de la compañía sin siquiera dar una inicial o solicitar un crédito bancario; acceso a los comisariatos donde vendían comida subvencionada; las facilidades del transporte y de escuelas para sus futuros hijos… el plan no tenía precio.

Y así fue. Las comodidades no se hicieron esperar. A los pocos años de estar metido en uno de los pozos petroleros de Ciudad Ojeda, pudo comprar un carro del año y pagar vacaciones para toda la familia en Disney. También tenía oportunidad de seguir estudiando y de lograr ascensos en una empresa que tenía metas como superar una producción de más de 3 millones de barriles diarios.

Lo que Chávez se llevó 

Iván Freites, secretario general el Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasífera del estado Falcón y secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, recuerda que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, un obrero ganaba 720 dólares al cambio, solo en salario. Un técnico como Freites ganaba 1.200 dólares, y un ingeniero profesional entre 2.000 y 5.000 dólares mensuales.

Pasados veinte años, todo eso se esfumó. 

Ya Rafael Delgado no tiene carro, pues no pudo mantenerlo más, y su salario no le permite viajar ni siquiera a Caracas a ver a su familia. En agosto de 2018 perdió mucho más con el paquetazo del “presidente obrero” Nicolás Maduro, quien comprimió la escala de sueldos de la administración pública a un tope de 18 mil bolívares mensuales para ese entonces. Con eso redujo la brecha salarial. Ahora Delgado gana lo mismo que un obrero, no más de dos dólares mensuales. 

Todo lo que los trabajadores de Pdvsa y sus filiales recibían por concepto de contratación colectiva (la última firmada en 1997) y que los ponía incluso en un posición laboral privilegiada ante el resto de los sectores productivos del país y de la región latinoamericana, se convirtió en sal y agua.

Las conquistas laborales en materia de salud, viviendas, educación, seguridad industrial, meritocracia, jubilación, prestaciones sociales, utilidades, recreación y hasta el derecho a la sindicalización y a la vida, fueron aniquiladas por la revolución.  

“En los últimos diez años, nuestra principal industria se convirtió en una cueva de malhechores, contrabandistas y saqueadores. En estos momento, la producción ha caído a niveles inimaginables y pasamos a ser la empresa petrolera con mayor accidentabilidad en el mundo”, denuncia Freites, quien asegura que a Pdvsa le borraron el principio de la producción.

Pdvsa registra una caída constante de su producción desde 2012. Hay distintas versiones sobre la cifra real de las exportaciones actuales, en el contexto de las sanciones de Estados Unidos. “Ahora lo que se está sacando en la Faja y en Occidente suma 400 mil barriles diarios para el mes de agosto de este año”, dice Freites, “unos tres barriles por trabajador, cuando la empresa en sus buenos momentos tenía una producción de 80 barriles diarios por obrero y manejaba una nómina de 42 mil personas. Con los gobiernos de Chávez y Maduro esa nómina se cuadruplicó y aún así todas las refinerías están paralizadas, no se fabrica gasolina, ni una bombona de gas, ni un litro de gasoil”.

A eso se añade la merma en la producción desde que, en septiembre pasado se incendió Amuay, el complejo refinador de petróleo en Paraguaná con capacidad para sacar al día 950 mil barriles de crudo, y que ya operaba a un tercio de su capacidad precisamente por la falta de mantenimiento en las instalaciones. No funcionaron los sistemas de prevención y control de fuego y, según los trabajadores, ese fue un evento que se pudo haber controlado en 20 minutos y duró siete horas, por la escasez de agua en Falcón.

De 43 mil trabajadores que tenía PDVSA, la nómina llegó a 156 mil, y ahora son cerca de 15 mil. Freites dice que la mayoría ha huido de la empresa, jubilado o renunciado. 

¿Qué tiene un trabajador de Pdvsa ahora?

Nada, asegura Freites. En las instalaciones faltan agua potable, equipos de protección —cuando esa era una dotación que se les hacía cada tres meses—, no tienen todos los comedores habilitados y en los que hay les dan arroz con sardinas. Por eso en algunas áreas les pusieron horarios de ocho a once de la mañana, para que se vayan a almorzar a sus casas. 

Están obligando a algunos trabajadores que son contratados a acudir a sus puestos de trabajo aunque no les corresponda, cosa que no había ocurrido desde la huelga de los años treinta, que fue precisamente para exigir agua potable y para que les igualaran los salarios con los de los trabajadores extranjeros. “La industria retrocedió 85 años. Las condiciones fueron abolidas con decreto presidencial. Ahora todo el mundo se está jubilando o renunciando porque no hay condiciones laborales acordes”.

Los empleados perdieron los servicios médicos, y las clínicas privadas no aceptan el seguro de Pdvsa por las deudas que tiene el Estado con ellas. En algunas escuelas en los campos petroleros, donde estudian los hijos de los trabajadores, no se han iniciado las clases porque los maestros renunciaron. Ahora se presume que a esos docentes los van a sustituir muchachos de la Misión Chamba Juvenil, un plan ideado por Maduro para incorporar a los adolescentes y los jóvenes hasta 35 años al mercado laboral, y que se ha usado en reiteradas ocasiones para llenar vacantes en los sectores salud y educación.

Y es una denuncia constante que no tienen transporte ni seguridad en los pozos, donde son víctimas de robos. “Hay funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en esos robos, en ese saqueo, se están llevando piezas, máquinas, de todo”. El trabajador está descontento y protesta. Sin embargo es amedrentado, hostigado y despedido. Desde que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente interino, la persecución dentro de la petrolera se intensificó y han despedido, por razones políticas, por quejarse por los bajos salarios y las pésimas condiciones de la empresa a 300 trabajadores petroleros, dice Freites.

Ni las cifras de los siniestros se conocen ya en la empresa. El gobierno de Maduro está ignorando abiertamente la Constitución y la Ley del Trabajo, y los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Ni hablar de la lesión que esto causa además a los intereses nacionales. 

Iván Freites, sin embargo, conserva algo de optimismo: aún quedan aproximadamente 10 mil trabajadores comprometidos con el rescate de la industria. Por el momento, con las plantas cerradas, las pérdidas de horas hombre en capacitación y producción, y la mano de obra más barata de la región, desmotivada y desmovilizada hasta el punto de abandonar el país, poner las cuentas en verde “es una tarea que no se puede hacer con Maduro en el poder”, asegura Freites, dirigente que también ha sido perseguido por el régimen.  

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