El martes hubo una fuerte explosión en Amuay por la que el régimen culpa a un misil lanzado desde un dron invisible
La vicepresidenta y ministra de economía, Delcy Rodríguez, presentó el presupuesto de la nación para el año 2021 ante la Asamblea Nacional Constituyente, violando por sexto año consecutivo la Constitución, que establece que debe ser presentado ante la Asamblea Nacional. Según ella, el 76 por ciento de la inversión será para “gasto social” y la Ley Antibloqueo permitiría nuevos ingresos al país, aunque Nicolás admitió que la caída por ingreso petrolero es de 90 por ciento respecto a 2014. Rodríguez repitió que por las sanciones estadounidenses ha caído la producción petrolera. El presupuesto para 2021 es de 3.972 billones de bolívares y aumentaron las partidas de salud, ciencia y tecnología, inversión comunal, seguridad social y educación, entre otras. En rigor, es considerablemente inferior al monto ejecutado este año, por la devaluación del bolívar y la inflación. La presentación tuvo consignas, pero no detalles del gasto: no hubo premisas ni datos sobre los ingresos, de manera que por quinto año consecutivo falta transparencia, evaluación de los resultados y contraloría. En la misma sesión, el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, informó que el ente seguirá siendo custodio de las reservas y que el régimen dispondrá de los mil millones de dólares en reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. La ANC por supuesto aprobó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2021, la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico y Financiero y el Plan Operativo Anual para el año próximo, pero sin legitimidad ni rendición de cuentas, imposible cumplirlas.
Pdvsa espera un precio de exportación del petróleo de 35 dólares por barril el próximo año, muy por debajo de la proyección de los 60 dólares previstos para este año, reportó Reuters. Este descuento responde al descenso en las cotizaciones del crudo por la pandemia y a la desaceleración de la actividad económica. La proyección es para una canasta de crudos venezolanos, compuesta principalmente por crudos pesados como su grado insignia Merey y algunos productos refinados. En el documento revisado por Reuters, Pdvsa estimó una aceleración de la inflación y calculó que llegará (¡agárrense de algo!) al 174.676 por ciento en diciembre de 2021. El cálculo indica un aumento muy superior al de este año. En su presupuesto de 2021, Pdvsa repite las revisiones de gasto y plantea la suspensión de alquileres de vehículos, la reducción del consumo de servicios de teléfono, luz y agua, y el manejo con criterios de escasez de los insumos de trabajo como papelería y refrigerios, entre otras cosas.
El martes 27 de octubre hubo una explosión en una unidad de destilación de la refinería Amuay que causó graves daños. Un sindicalista que habló con la agencia Argus, afirmó que la causa del accidente pudo ser una fuga de agua que ocasionó una explosión de vapor, y culpó a Pdvsa por saltarse el protocolo de seguridad en su afán de obtener gasolina. El miércoles Nicolás dijo: “Atacaron con un arma larga poderosa. Estamos en investigación para determinar qué tipo de arma (…) quisieron provocar una explosión total”. Este jueves el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, informó que atacaron con un misil a distancia, posiblemente lanzado desde un dron o una embarcación. Nicolás afirmó que los responsables serían el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe Vélez “junto a organismos de inteligencia de EEUU”. También que el ataque fue desde un “dron invisible”. No se entiende esto, pues el régimen lleva años alardeando de tener el “sistema antiaéreo más moderno” del planeta. Hace apenas tres semanas, el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada informó desde instalaciones de Pdvsa sobre el fortalecimiento de las capacidades de defensa antiaérea.
Tarek William Saab, fiscal impuesto por la ANC, afirmó hoy que el periodista Roland Carreño es el principal operador financiero de Voluntad Popular. Acusó a este partido de ser “un grupo violento y sin escrúpulos para financiar incluso operaciones como la Gedeón”. El TSJ señaló al periodista de coordinar el financiamiento de la logística empleada para que Leopoldo López pudiera salir del país.
Saab afirmó que entre los documentos incautados a Carreño hay uno que explica la distribución entre cuatro partidos políticos de 8,5 millones de dólares que la Fundación Simón Bolívar de Citgo les entregaba cada seis meses. Según su narración, los partidos conservan documentos y pruebas de sus supuestos esquemas de corrupción. No mostró ninguno.
José Ignacio Hernández, exprocurador del gobierno interino, denunció que funcionarios del régimen de Nicolás allanaron nuevamente su residencia en Venezuela, con el agravante que desde el primer allanamiento en junio, el régimen cambió las cerraduras y la casa había quedado tomada. “Están allanando una casa que ya está bajo control del régimen de Maduro”, dijo Hernández.
Nicolás acusó este jueves al Gobierno de España de ser el principal artífice de un plan conspirativo ideado por Leopoldo López para asesinarlo y generar caos en Venezuela. Insistió en que el magnicidio comenzó a idearse desde que López se convirtió en asilado político de la Embajada de España.
Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, explicó que España no va a nombrar a un embajador en Caracas para sustituir a Jesús Silva Fernández, sino que enviará a un encargado de negocios, por considerar que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron justas ni transparentes.
España envió una protesta formal al régimen en respuesta a un tuit de Nicolás en el que insultó al todavía embajador, Jesús Silva. La protesta, en forma de nota verbal “bien clara y bien argumentada”, fue la forma elegida por la Cancillería.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios alertó sobre la situación de vulnerabilidad en la que está el personal de la embajada de España en Caracas y pidió a la Cancillería que se les extienda el pasaporte diplomático, que garantiza la invulnerabilidad.
La Fiscalía de Madrid pidió archivar el caso abierto por la estancia de Delcy en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero, porque la sancionada “no manifestó su intención ni hizo acción alguna” para entrar en España.
Representantes del Gobierno interino de Bolivia y el MAS iniciaron la coordinación para el traspaso del poder a Luis Arce. Una de las decisiones es que no invitarán a Evo Morales ni a Maduro al acto de toma de posesión.
El Gobierno de EEUU informó que utilizará la venta por valor de 40 millones de dólares del combustible iraní confiscado para ayudas a víctimas del terrorismo.
La Internacional Socialista emitió un comunicado en el que reconoce nuestra migración masiva y forzosa por la emergencia humanitaria compleja y la crisis económica e institucional: “La catastrófica situación política, financiera y social en Venezuela ha forzado a millones de ciudadanos a huir del país bajo condiciones inhumanas (…). El poder ha sido arrebatado por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, y debe ser devuelto a la gente, pero las condiciones no existen para que tengan lugar unas elecciones libres y justas. Las elecciones parlamentarias programadas para diciembre no tienen credibilidad”.
