Las fuerzas armadas, el oficialismo, los colectivos, los patriotas cooperantes y otros entes paraestatales han violado normas fundamentales de derecho internacional, según afirma el informe preliminar de la Fiscalía del organismo
Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, considera que hay indicios suficientes para afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este lunes que al menos desde abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. Significa que se mueven por las víctimas venezolanas que han sido desatendidas por tribunales dentro del país. En su “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020”, sobre el expediente Venezuela I, afirman que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte desde al menos abril de 2017. La CPI informó que debido al número de denuncias que tiene este caso se centraron en el subgrupo de la detención de personas, porque se dispone de información suficientemente detallada y confiable. En su documento señalan directamente al Sebin, la Dgcim, las Faes, la PNB, el Cicpc, la Guardia Nacional, el Conas y otras unidades de la Fuerza Armada como responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, y también mencionan que civiles que respaldan al régimen apoyaron la represión contra opositores, así que en un posible juicio no quedarían por fuera los colectivos, los patriotas cooperantes y otros entes paraestatales. Es un acto de presión y un progreso importante en la posibilidad de que la CPI abra formalmente una investigación.
La cifra de fallecidos en el naufragio de Güiria ascendió extraoficialmente a 22 personas, según informó este lunes la periodista Yohana Marra, ya que la noche del domingo se rescataron 8 cadáveres más en la costa. El régimen de Nicolás solo ha reconocido hasta ahora el hallazgo de 14 cuerpos. El fiscal general, Tarek William Saab, informó la detención de Luis Alí Martínez, dueño del bote que naufragó. Saab destacó que están investigando los delitos de tráfico y trata de personas, y que además la Fiscalía General investigará la posible relación de autoridades regionales en el caso. Por su parte el diputado del estado Sucre Robert Alcalá alertó que si bien se trata del hecho más reciente, no es el primero y no será el último, por la enorme corrupción que sostiene los zarpes ilegales con migrantes desde las costas de Sucre, Falcón y Delta Amacuro, y que hasta ahora suma el triste saldo de 102 venezolanos desaparecidos en el mar. La hija del detenido, Maryuris Martínez, declaró a Crónica Uno que su papá es inocente: “A todos los que emigran los acusan, todos se fueron por su misma voluntad, en la embarcación venían puras familias», explicó.
Los diputados Robert Alcalá y Carlos Valero rechazaron que se pretenda atribuir la responsabilidad del naufragio al dueño del bote (acusándolo de tráfico de personas). De hecho entre las víctimas hay familiares directos del señor Martínez. Los diputados explicaron que no todos los que trasladan venezolanos desde Güiria hacia Trinidad y Tobago pertenecen al crimen organizado: “Es verdad que hay mafias porque se trata de un territorio sin ley, el acceso al combustible solo los tienen personas con poder”, advirtió Valero. Alcalá reclamó que el Ministerio Público anuncie investigaciones sin mencionar la presunta complicidad de funcionarios civiles y militares que cobran por permitir la salida de los peñeros: “Lo que tienen que detener es el cobro de dólares, eso está contaminado por las mafias con y sin uniforme”, aseguró. Valero dijo que están tratando de reunir testimonios de las familias de desaparecidos y detenidos para denunciar los casos ante la CIDH. La Asamblea Nacional aprobará un acuerdo para solicitar a las agencias de la ONU que trabajan con derechos humanos, aumentar la presión para que el gobierno de Trinidad y Tobago respete los tratados que protegen a los refugiados.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, decretó un duelo nacional por el fallecimiento de venezolanos en el naufragio cerca de Güiria.
Como cinismo no le falta, el gobierno de Trinidad y Tobago lamentó la muerte de venezolanos en el reciente naufragio. El ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, dijo que es un duro golpe y expresó sus condolencias, antes de desmentir la participación de la Guardia Costera de su país en la devolución del bote que naufragó.
Control Ciudadano recordó en un comunicado que “el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas”. Explican que el hermetismo oficial sobre el naufragio sirve para criminalizar el trabajo de periodistas y defensores de DDHH.
La red de organizaciones católicas de Venezuela calificó como inaceptables e inadmisibles las manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia los venezolanos por parte del gobierno de Trinidad y Tobago.
La noche de este lunes la periodista Beatriz Adrián denunció que periodistas y defensores de DDHH han recibido “advertencias por publicar información sobre los naufragios de Güiria”. En redes se han difundido fotos de la vigilia que se celebró en Güiria por las víctimas, pese al miedo y las amenazas.
El comité organizador de la Consulta Popular felicitó la masiva participación ciudadana en la actividad y reiteró que miles de voluntarios, el equipo técnico y el propio comité, trabajan en el procesamiento de la información, cuya dificultad se explica con las fallas de infraestructura de los servicios públicos. Adelantaron algunos datos sobre la participación digital, cifrándola en 2.412.354, pero nada más el 72 % (1.739.830 personas) culminó el proceso con su código unipersonal. El 90,4 % participó a través de Telegram, el 5,3 % por la aplicación y apenas un 4,1 % por la página web. Sobre los resultados de las preguntas (en digital), las tres preguntas tanto en Telegram como en Voatz arrojaron más de 99 % de síes. El comité organizador invitó a todos a iniciar “la nueva fase de ejercicio y participación ciudadana para lograr la restitución de la Constitución, el rechazo al fraude parlamentario, el cese de la usurpación, las elecciones presidenciales libres y la ayuda internacional”.
La canciller de España, Arancha González Laya, cree que la Unión Europea mantendrá el reconocimiento político a Juan Guaidó cómo líder de la oposición. Afirmó que importa “más que el nombre de la persona o su título jurídico o político, la unidad de la oposición” porque eso es lo que “va a ayudar enormemente a alcanzar una solución negociada”. Calificó como imprescindible que Gobierno y oposición se pongan de acuerdo en la ayuda humanitaria.
El Colegio Electoral formalizó la victoria de Joe Biden, quien se convertirá en el 46º presidente de EEUU el próximo 20 de enero. Biden se impuso por un 63 % de los sufragios, y superó ampliamente la cota de 270 votos.
Este lunes se reunieron en digital los cancilleres de los países de la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe. Venezuela no tuvo representación.
Un tanquero fletado por la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) está cargando crudo venezolano para exportación, según documentos de Pdvsa, otra evidencia de las tácticas para burlar las sanciones de Estados Unidos, informó Reuters. Varios clientes de Pdvsa están utilizando nombres de buques desguazados para esconder las rutas y las verdaderas identidades de los tanqueros que usan.
