María de Lourdes Afiuni con su madre
Foto: Julio Fariñas / La voz de Galicia
- El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, denunció este miércoles en la mañana que están cambiando las cerraduras de las oficinas de la sede administrativa del Parlamento para impedir la entrada a trabajadores y diputados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la AN denunció que no pudieron ingresar al edificio José María Vargas, donde funcionan las comisiones permanentes del Parlamento. La excusa: una supuesta inspección técnica a la infraestructura. Desde el 7 de enero, última sesión de la AN en el hemiciclo, los diputados no pueden entrar al Palacio Federal Legislativo. Ahora tampoco a la sede de oficinas de los bloques parlamentarios y de los diputados.
- Nicolás necesita incrementar la recaudación tributaria y por tanto quiere una reforma parcial del Código Orgánico Tributario (COT), para cobrar los impuestos indexados al euro. Así que sin discutir ni deliberar, la ANC —órgano del partido de gobierno, que ejecuta sus órdenes— aprobó modificaciones al COT, a la Ley del IVA, a la Ley Orgánica de Aduanas y creó una Ley de Cartera Única Productiva Nacional. A partir de ahora, las multas y los impuestos se calcularán con la tasa del euro que dicte el Banco Central de Venezuela. La guinda: Diosdado Cabello celebró la aprobación (sin discusión) de la Ley Constitucional de la FANB, que incorpora las milicias al cuerpo.
- La juez María Lourdes Afiuni, presa política de Hugo Chávez, denunció en Twitter que su familia es amenazada de muerte todos los días por paramilitares (colectivos): “Cuando la persecución se convierte en amenazas de muerte a tus seres queridos y las autoridades no protegen. Más de 10 años es suficiente”. Se refiere a la década de terror que ha vivido.
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la Guardia Nacional intimidó y sacó de las salinas de Araya (Estado Sucre) al equipo de VPITv, que documentaba las denuncias de los trabajadores por sus pésimas condiciones laborales.
- Trabajadores de la extinta Alcaldía Metropolitana tomaron la Catedral de Caracas para denunciar la violación a sus derechos laborales: nunca les pagaron la liquidación. El cardenal Baltazar Porras desmintió que secuestraran a un seminarista y a dos religiosas.
- El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria ordenó el decomiso de las marcas de sal Mina de Oro, La Perla, Sal Península y La Gema por no ser aptas para el consumo humano. Estas cuatro marcas tienen prohibida su comercialización.
- Nicolás dedicó su show de variedades al Plan Z: confeccionar 20 millones de zapatos, con 80 empresas privadas, para (re)impulsar el aparato productivo. Los productores del Plan Z no pagarán IVA. Las piezas serán distribuidas y vendidas sin controles por los ministerios de Comercio y de Comunas y por las bases de las misiones. “Gratis nada”, le dijo a la ministra Eneida Laya, “al pueblo le gusta pagar su cosa. Vamos a establecer tarifas justas (…) la gente debe aprender a pagar.” Mientras, el Fondo Monetario Internacional presenta sus previsiones actualizadas y nos mantiene como un caso aparte por la enorme contracción del PIB (el 65 %), previendo una caída del 10 % este año.
- El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que solicitará a Interpol la extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela desde el martes. En su show, Nicolás dijo que está dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia: o Duque restablece las relaciones con él o revelarán lo que Merlano está declarando en el Sebin sobre la corrupción política colombiana. Duque reiteró su postura en la noche.
- La OPEP y las naciones productoras independientes anunciaron que estudian reducir la oferta de petróleo por temor a que el brote de coronavirus afecte la demanda de crudo por las restricciones de viaje.
- La Organización Internacional de Migraciones informó que 154 personas murieron en las rutas del Caribe en 2019. En 2018 hubo 28 y el aumento se explica, dijo, “con una sola palabra que empieza por V: Venezuela”. La mayoría de los fallecidos eran venezolanos que intentaban llegar a las islas de la región.
- Una vez más, la Policía Nacional española ha declarado que el ministro José Luis Ábalos les impidió que cumplieran el protocolo de detener y deportar a Delcy Rodríguez por las sanciones impuestas por la Unión Europea.
- Datos nuevos sobre el encuentro de Ábalos y Delcy: duró 45 minutos; una de las mediadoras fue la colombiana Piedad Córdoba, quien llamó a Pablo Iglesias. Este estaba al tanto del viaje y también lo sabían en el ministerio de Asuntos Exteriores.
- ¿Cómo va la epidemia del coronavirus? Casos confirmados: 7.711 (1.737 nuevos). Fallecidos: 170 (38 nuevos). Recuperados: 126. Casos fuera de China: 95 en 19 países. Pacientes en observación: 81.000.
- La Organización Mundial de la Salud se reunirá este jueves para discutir la declaratoria de emergencia. El Ministerio de Educación chino discute la posibilidad de desarrollar las clases en Internet. En Venezuela, el doctor Julio Castro aseguró que no hay una estrategia clara en el aeropuerto de Maiquetía para los vuelos y pasajeros con conexiones que llegan de China. De haber algún caso sospechoso de coronavirus, le corresponde al Instituto Nacional de Higiene confirmarlo.
- El procurador del gobierno encargado, José Ignacio Hernández, puso su cargo a la orden por la diatriba sobre la aprobación del Fondo de Litigios el martes en la Asamblea Nacional: “No puedo cumplir la función de Procurador si no cuento con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto —con todos los controles imperativos y bajo el principio de rendición de cuentas— no es Gobierno”. Hernández dijo que esa carta era una comunicación privada y deploró que se filtrara. Casi a medianoche Hernández aclaró que no quiso renunciar, pero que el presidente Guaidó y del Parlamento deben considerar la pertinencia de su permanencia en el cargo. Reiteró que la aprobación del Fondo de Litigios es legal y se ajusta al estatuto, y ratificó que el parlamento debe tener controles adecuados antes de ejecutar ese fondo «con la urgencia que requiere atender más de 50 litigios y proteger los activos de Venezuela».