“Yo llevaba una vida normal con los antirretrovirales. Cuando empezaron a escasear me asusté mucho. No quería que mis viejos, que no sabían de tengo VIH, me vieran desmejorar y morir. Por eso preferí migrar”.

“José” —prefiere proteger su identidad— se fue a España en 2016, siguiendo el consejo de su médico tratante. Allá está estable y su familia, aunque lo extraña, no llegó a enterarse de su calvario.

Junto con él, al menos 8 mil venezolanos con diagnóstico VIH-sida han emigrado, según declaró a principios de año el director ejecutivo de OnuSida, Michael Sidibé. Eduardo Franco, secretario de la Red Venezolana de Gente Positiva, RVG+, va más allá. A la fecha dice que han migrado más de 10 mil personas con VIH.

Marcados de por vida

Las personas con VIH-sida no la tienen fácil en ningún rincón de la Tierra. La discriminación siempre salta como la liebre. Pero en Venezuela se suman la escasez de antirretrovirales, la crisis asistencial y la falta de comida adecuada.

Quizá con la intolerancia muchos guapearon estos últimos años. Incluso soportaron que en los hospitales los trataran mal por el simple hecho de ser positivos, aun cuando es deber del personal de salud salvaguardar la vida de todo ciudadano, también cuando llega a una emergencia diciendo que tiene VIH. 

Hasta 2014, esa discriminación, que muchas veces se tradujo en humillación, había quizás que calársela, pues al menos el Ministerio de Salud entregaba  de forma gratuita los medicamentos antirretrovirales. En efecto, desde 1998, gracias a un recurso de amparo introducido por pacientes y médicos ante la extinta Corte Suprema de Justicia —la cual falló a favor de las personas que viven con VIH-sida— todo ciudadano que padece la infección tiene el derecho a obtener el tratamiento antirretroviral sin costo en las instituciones acreditadas en todo el territorio nacional. Y era así. Se mantenían con sus pastillas y llevaban una vida normal, en parejas, con sus hijos, en sus trabajos.

Pero en 2015 de ese año comenzó la debacle. El gobierno de Venezuela no agilizó las acciones de prevención del virus y no hizo las compras. De 30 medicinas antirretrovirales que había hasta entonces, ya faltaban 14. Según la Red Gente Positiva, eso contribuyó a la muerte de 6 mil personas en 2018. Oficialmente fueron 2.032.

Hasta el 30 de julio de 2019, dice Franco, el registro de fallecidos de la RVC+ revela que son más de 3 mil.

En busca de antirretrovirales

Los que tienen múltiples resistencias, desde noviembre de 2018 no reciben algunos antirretrovirales y para no morir huyen del país. En estampida. 

Entre ellos está Vicente. Cuando se fue a Bucaramanga llevaba un año sin el esquema de tratamiento. Él, su pareja y su gato salieron de Caracas en diciembre. Cuando llegaron a San Cristóbal, unos GNB les querían quitar el gato, bajo el pretexto de que llevaba drogas en sus entrañas. Para que no se los quitaran pagaron una “vacuna” en dólares. Cuando los efectivos se enteraron, por el interrogatorio, de que eran pareja, comenzaron a tocarlos y a burlarse de ellos. “Al final nos quitaron más dinero, igual que al resto de los pasajeros. Fue un alivio cuando llegamos a Colombia”, cuenta Vicente.

Él fue diagnosticado en 2016 y estuvo ininterrumpidamente recibiendo tratamiento hasta finales de 2017. Luego, por la escasez, le cambiaron el esquema, pero tampoco llegó. Para operarse un lipoma en la espalda tuvo que falsificar la prueba de VIH, pues en su hospital tratante, el José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, durante un año le demoraron la intervención por el simple hecho de tener la infección.

La pareja de Vicente buscó en Internet las organizaciones que los podían ayudar y consiguió citas para entrevistas en dos de ellas. Eso los mantuvo animados cuando dejaron atrás el acoso de los militares venezolanos y avanzaron por Norte de Santander. En Bucaramanga los recibió la Defensoría del Pueblo de Colombia, para enlazarlos con la Secretaría de Salud y Acnur, con lo que ellos iniciaron los trámites para regularizarse en ese país y tener acceso a la salud. También los está asistiendo la fundación AHF, que en Cúcuta cuida de 1.150 venezolanos con VIH, a los que se les da el esquema antirretroviral, les hacen consultas permanentes y chequean en enfermedades oportunistas. En todo el sistema de salud de Colombia hay 1.800 venezolanos seropositivos registrados. 

Vicente contrajo tuberculosis a finales de enero. Sin tratamiento y con las defensas bajas, rápidamente adquirió el vacilo. Pero en Colombia, sin tener lista toda la batería de exámenes, le dieron las medicinas. No estaba nada bien, la TBS pudo matarlo. Entre febrero y julio bajó 12 kilos. Pero en su cuarta consulta en Cúcuta ya había recuperado todos sus niveles. En Venezuela no hubiese tenido acceso al tratamiento para la TBS ni a los conteos de CD4 y carga viral. En el país ya no pueden hacerse tampoco las pruebas de diagnóstico Elisa, de cuarta generación para el VIH, mientras la RVG+ estima que hubo más de 4 mil nuevos contagios en 2018. 

La TBS fue incluida en el Plan Maestro que elaboraron el ministerio de Salud, OnuSida, la Organización Panamericana de la Salud, la Red Venezolana de Gente Positiva y la Sociedad Venezolana de Infectología. El Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-Sida, Tuberculosis y Malaria desembolsó 5 millones de dólares para medicamentos antirretrovirales; al Estado Venezolano le correspondía meterle a ese plan 28 millones de dólares para financiar el resto del programa. En un año, no lo ha hecho. 

Los antirretrovirales hechos en Polonia que toma Vicente en Colombia los envía Brasil como ayuda humanitaria. “En dos meses quedé indetectable de nuevo, se triplicaron los  CD4 y se eliminó la carga viral”. En Colombia todos los trámites que ha hecho son gratuitos. Lo que paga es el traslado de Bucaramanga a Cúcuta cada vez que va a consulta. 

La doble presión de gasto y contagio

Ahora Vicente se prepara para el trabajo en Bucaramanga, en un ambiente donde, comenta, no hay tanta discriminación ni fobia al VIH. Piensa seguir hacia el sur, donde también hay más venezolanos con VIH: Eduardo Franco dice que en Perú hay 1.456, en Ecuador 892, en Chile más de 900, en México 872, en Argentina 625, y en Brasil 700. Cifras que reconoce no son todas oficiales. De otros países no se tienen registro; muchos venezolanos emigraron ilegales o sin pasaporte, así que pueden están falleciendo los seropositivos que reciben tratamiento.

OnuSida dice que el 30 % de los nuevos contagios en Chile se produce entre la población migrante, y que República Dominicana gastó millón y medio de dólares atendiendo a pacientes extranjeros con VIH en 2016. La mayoría, haitianos y venezolanos. En Panamá también hay venezolanos con VIH en sus programas gratuitos de terapia. Este éxodo ya comienza a preocupar a los países de la región, que reciben ayuda de sus gobiernos y de organizaciones como Aid for Aids, AHF e Icaso. 

Pero no es suficiente, sobre todo por que las condiciones en Venezuela siguen agravándose. De las 65.855 personas con VIH-Sida, menos de 30 mil están tomando el TLD (Tecnofovir, Lamivudina, Dolutegravir), el nuevo medicamento que llegó con el protocolo del Plan Maestro, y están en riesgo de morir. De ellos, el 10 % no puede migrar al nuevo TLD porque desarrollaron resistencias multiples. 

Mirando con más detalle, solo se ve peor. En Lara, acaba de denunciar Acción Ciudadana contra el Sida, no hay ningún antirretroviral ni TLD: 2.200 personas con VIH están desasistidas. El Programa Nacional de Sida no envió los fármacos.

Y también hay niños con VIH, que no tienen fórmulas lácteas desde el año pasado, salvo las que llegan por donaciones privadas, y desde hace cuatro meses no Kaletra la medicina que necesitan.

Puedes leer y compartir la versión en inglés de este reportaje en Caracas Chronicles