El gobierno de Nicolás dijo este martes en un comunicado que con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para bloquear los bienes estatales en territorio estadounidense EEUU pretende «formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial”. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aseguró que el bloqueo de activos: atenta contra la legalidad internacional, “patea” la mesa de diálogo en Barbados, extorsiona a sus aliados y afecta la adquisición de medicinas y alimentos. Olvida así la deuda de miles de millones de dólares que su Gobierno acumuló con las empresas farmacéuticas antes de las sanciones, y que fue la razón fundamental por la que se fueron del país. Delcy advirtió que estas nuevas sanciones marcan un precedente contra el respeto a la propiedad privada en otras jurisdicciones. Sí, leíste bien, dijo “propiedad privada” y además añadió su estupor por estas acciones “en las que la economía se convierte en un instrumento fundamental para agredir a pueblos enteros”. 

La excusa perfecta

El chavismo gobernante estructuró sus mensajes clave sobre la idea de un “bloqueo” como el que tantas veces denunció mintiendo. Quizás eso explique el gozo subyacente de sus voceros, sin perder la voz de indignados, pero profundamente incoherentes en los argumentos, porque se sacaron a sí mismos de la ecuación, obviaron el cóctel de corrupción, controles, saqueos y violaciones de normas e instituciones, y presentaron la emergencia humanitaria compleja que vivimos como consecuencia de las sanciones norteamericanas. Algo que es mentira. Siguiendo la línea de Delcy Rodríguez, “el bloqueo de activos afectará a todo el país, tanto a sectores públicos como privados”, el canciller Jorge Arreaza acusó a EEUU de buscar convertir a Venezuela en «el territorio de su guerra geopolítica» contra Rusia y China. Mientras, su embajador ante la ONU, Samuel Moncada, denunció el «terrorismo económico» y una «fase más alta y aguda» de «una campaña de agresión». Incluso la Fuerza Armada expresó “su profunda indignación y categórico rechazo” ante la orden ejecutiva.

El controversial

Mientras el chavismo declaraba hasta en los medios que sacó del aire, en la ciudad de Lima comenzaba la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Desde ese foro en la capital peruana, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, reiteró que el mensaje a los países y personas que siguen apoyando a Nicolás es claro: «Procedan con extrema cautela (…) no hay necesidad de arriesgar su interés de negocios por apoyar a un régimen corrupto y moribundo». Bolton afirmó que los actos de Nicolás no se corresponden con los de un presidente legítimo sino que “las atrocidades son los actos de un dictador brutal». También dijo que, con el diálogo de Barbados, Nicolás «solo está comprando tiempo. Necesita menos palabras y más acción”.

Entonces, ¿cómo queda el diálogo?

Contrario al mensaje de Bolton, el presidente (e) Juan Guaidó aseguró que el proceso de diálogo sigue: «Continúa el mecanismo del reino de Noruega porque lo que nosotros estamos generando son las condiciones para una solución real a la crisis». Guaidó también dijo que estas sanciones están exclusivamente dirigidas al régimen de Nicolás, que no impiden la compra de medicinas y alimentos, que la “acción tiene sus excepciones” incluyendo la protección al sector privado “que no hace negocios con una dictadura que siempre ha atacado al aparato productivo”.
Que conste: el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro enfatizó su compromiso con el flujo ilimitado de ayuda humanitaria al pueblo venezolano, permitiendo transacciones relacionadas con la asistencia humanitaria, que incluyen: “actividades relacionadas con alimentos, productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos; remesas personales no comerciales; organizaciones internacionales; telecomunicaciones y correo; la Internet; servicios médicos, y organizaciones no gubernamentales”.

Otros voceros

«La dictadura de Maduro debe terminar para que Venezuela tenga un futuro estable, democrático y próspero, libre de los horrores del socialismo que han devastado este gran país», dice el comunicado de la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence afirmó que su “compromiso con la gente de Venezuela en su lucha por la libertad sigue inquebrantable”. Por su parte, Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, declaró en Lima que “nadie en Washington pensaba que el régimen caería en dos días (…) En enero, el régimen no habría asistido a las conversaciones que se dieron después en Oslo, eso es un símbolo del reconocimiento de sus problemas. Saben que no tienen ninguna solución para los problemas del país”, distinguiendo las diferencias entre el ejercicio con la mediación de Noruega versus las experiencias pasadas. Abrams afirmó que el intento de las conversaciones “no va a durar mucho más si no hay progresos hacia un acuerdo”. Carlos Vecchio, embajador ante los Estados Unidos, dijo: “En las interacciones que he tenido con todas las instancias y agencias del gobierno de EEUU me han manifestado el compromiso de activar más acciones contra el gobierno de Maduro”.

Un bloque común

«La región no puede seguir siendo afectada por el peso de esta crisis que ha convertido un país muy rico en recursos en un desastre», dijo el canciller de Perú, Néstor Popolizio, en la inauguración de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Popolizio pidió que “la reunión sea un hito para que la comunidad internacional dé un salto de acción, con esfuerzos que no están exentos de riesgos”. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió más apoyo para atender la crisis migratoria venezolana y más sanciones para presionar el régimen de Nicolás, acusando “avances significativos” en un proceso en el que asegura, tienen que seguir aportando. El canciller argentino, Jorge Faurie, manifestó que nuestra crisis “tiene implicancias para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región e implicancias de repercusión global”. El encuentro reúne a delegaciones de 59 países y tres organismos internacionales, aunque el chavismo (en otro aburrido ejercicio de proyección) asegura que es un “fracaso” al que asistieron “los porteros de las embajadas” de esas naciones en Perú.

Ciudadanos preocupados

Al menos en redes, la reacción común ha sido de preocupación por las implicaciones negativas de estas sanciones, sobre todo por la falta de información e interpretaciones confiables. La narrativa del chavismo caló rápido. Y por eso, insisto, es inadmisible que se adjudiquen el rol de víctimas, porque significa que los responsables de un país devastado encuentren la excusa perfecta para endosar cualquier empeoramiento de un sistema ya colapsado por su pésima gestión y su corrupción. Los temores más repetidos de la gente se resumen así: las sanciones exacerban los problemas y además fortalecen a los gobiernos autoritarios. Para contrastar esa idea, el economista Alejandro Grisanti, director de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, expresó en su cuenta de Twitter que en 2018, el 97.8 % de los dólares que ingresaron al país por exportaciones petroleras se quedaron en manos de Nicolás. “Tan solo el 2.2 % de los ingresos fueron vendidos a los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo Maduro ha impuesto un embargo de divisas sobre los venezolanos”, acotó. Pero ese tema no acabará aquí.

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Este martes se cumplió un año de la detención arbitraria del diputado Juan Requesens, acusado de estar supuestamente vinculado a un atentado contra Nicolás. Valga su caso como una de las historias que podría documentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si realizara su visita al país para evaluar la situación de los derechos humanos. 122 organizaciones de la sociedad civil venezolana respaldan y esperan esa visita de la CIDH.