En 2017 la Organización Internacional del Trabajo, que es parte del sistema de Naciones Unidas, decidió enviar a Venezuela una misión de alto nivel, una Comisión de Encuesta. Este el más importante procedimiento de investigación de la OIT, y se designa cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los convenios internacionales del trabajo. En cien años, desde que se fundó en 1919, la OIT ha establecido comisiones de encuesta solo en trece oportunidades: Portugal 1962, Liberia 1963, Grecia 1968, Chile 1975, Polonia 1982, República Dominicana 1983, Haití 1983, República Federal Alemana 1985, Nicaragua 1987, Rumania 1989, Myanmar 1996, Bielorrusia 2003, Zimbabue 2010 y Venezuela 2018.

La Comisión de Encuesta en principio vendría al país del 29 enero al 1 de febrero de 2018, pero el gobierno de Nicolás Maduro no estuvo de acuerdo con la agenda, así que la OIT canceló su visita. Fuentes ligadas al sector laboral señalaron además que, para ese momento, no se podían garantizar la seguridad para que dicha misión pudiera realizar sus labores. Fedecámaras y la central sindical Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete) denunciaron en conjunto en la sede del organismo en Ginebra que Maduro viola los convenios sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos, dijo a TalCual León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). 

Finalmente, pese a la oposición del régimen, la OIT siguió de cerca la situación en Venezuela y mandó un equipo al país del 8 al 12 de julio de este año, para corroborar las denuncias. Y el 30 de septiembre, la OIT publicó el informe de la Comisión de Encuesta que se estableció para Venezuela. En términos de derechos del trabajo, este es un documento de Naciones Unidas tan relevante como el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Desde que Maduro asumió la presidencia, la situación de los trabajadores es crítica. Y empeoró con su “paquetazo” de agosto de 2018, cuando echó por tierra todo lo establecido en las convenciones colectivas, las cuales deberían discutirse cada dos o tres años. El ajuste salarial del 5.900 % a partir de septiembre de ese año no cambió nada para el trabajador, porque el Ejecutivo asumió como política de Estado la imposición de una tabla salarial única para la administración pública, que desconoció los tabuladores salariales establecidos en los contratos colectivos de cada institución. 

Son ya cotidianas las consignas: “tenemos sueldos de hambre”, “nos robaron las prestaciones”, “no nos pagan los bonos nocturnos”, “nos quitaron el bono de transporte”, “no tenemos uniformes ni comedores”. Las repiten los trabajadores de la educación, de la salud, de la Cancillería, del Metro, de Corpoelec, de Cantv y hasta de Pdvsa.

“En estos momentos, hay obreros que no van a sus puestos de trabajo porque no tienen para pagar el pasaje”, denunció Francisco Méndez, secretario ejecutivo nacional del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-Sas). “Además no tienen implementos, no tienen seguridad y son hostigados si se quejan. Maduro nos destruyó lo que por años luchamos y logramos, que fue la convención colectiva, y desconoce los derechos contractuales y salariales”.

La situación es tan dramática que no solo los sindicatos sino también los empleadores han denunciado el incumplimiento de los convenios internacionales ante la OIT. El abogado Carlos Patiño, experto laboral de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), explica que de hecho la novedad es que quien demanda es Fedecámaras, que ahora tiene más cohesión que el mismo movimiento sindical, también en la lucha.

Una misión de alto nivel visitó al país en 2012, otra en 2013, luego en 2017, pero el régimen las mareó siempre para que no se reuniera con los trabajadores. Luego, en 2018, “vinieron tres investigadores, se reunieron con los demandantes, hicieron su informe y por eso se activó la Comisión, la cual además da recomendaciones al Gobierno para que cumpla en un lapso de un año”. 

La OIT alerta en sus conclusiones sobre el persistente hostigamiento a Fedecámaras y a sus afiliados, y también a los sindicatos no afines al régimen. Quedan impunes actos de violencia: amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, “así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros”. 

La OIT actúa no solo por que el régimen de Maduro ha desconocido los beneficios laborales que establecían contratos y convenciones, también lo hace porque los trabajadores en la situación actual no pueden defender ni hacer valer sus derechos. De acuerdo al informe anual de Provea, entre noviembre y diciembre de 2018, se encarceló a 16 sindicalistas con acusaciones como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. Un caso emblemático es el de Rubén Hernández, secretario general el Sindicato de Trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), quien fue detenido por segunda vez el 29 de noviembre de 2018, presentado ante un tribunal de control militar y recluido en La Pica, cárcel de máxima seguridad en Monagas.

Provea dice que ya ese año en que las protestas batieron récords, las manifestaciones laborales estuvieron en el primer lugar (45 % del total), y hubo 5.735 reclamos documentados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La Guardia Nacional Bolivariana fue objeto de 571 denuncias de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de empresas públicas y privadas que participaron o encabezaron huelgas y movilizaciones en demanda de reivindicaciones laborales. Y fueron asesinados seis dirigentes, un 40 % menos de casos registrados que en 2017, cuando hubo 15. En el mismo informe de Provea, se lee que desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. 

Hasta la fecha el régimen no se ha pronunciado y las denuncias de hostigamiento aumentan. Por ejemplo, a Héctor Villegas, camillero y líder de los trabajadores del hospital oncológico Luis Razetti, lo llaman constantemente para amenazarlo, solo por defender el salario y el derecho a la salud, según denunció Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas y fundador de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV).