Michelle Bachelet insta a los gobiernos a liberar a todos los presos políticos y de conciencia en el marco de la pandemia
Juan Guaidó afirmó que están dispuestos a hacer todo necesario para lograr que la mayor cantidad de ayuda le pueda llegar a la mayor cantidad de venezolanos, en especial a los más vulnerables, pero con condiciones para que los insumos o recursos que se consigan no contribuyan a la corrupción del régimen ni a chantajear a la población. Pidió demostrar con hechos el interés en el bienestar de los venezolanos. Informó que lograron recuperar 20 millones de dólares para que los organismos multilaterales internacionales los administren y entreguen de manera directa la ayuda, y que estos organismos serán quienes definan las prioridades en distribución y asignación del apoyo, para garantizar la transparencia. El país no está preparado para esta pandemia, dijo, «nosotros podemos conseguir apoyos, pero la Fuerza Armada debe quitar los obstáculos».
La ONU clasifica a Venezuela entre los países que requieren atención prioritaria entre abril y diciembre de 2020 por la pandemia del coronavirus. En su Plan Global de Respuesta Humanitaria, informe publicado este miércoles, advirtió que el sistema de salud pública de Venezuela tiene una capacidad limitada para la atención de pacientes, una limitación cifrada en la escasez de medicamentos e insumos, falta de agua y electricidad y la migración de profesionales de la salud. También enumera los grupos en riesgo en el país: personas mayores, con condiciones de salud preexistentes y con inseguridad alimentaria, la población indígena y los trabajadores de la salud. Alerta sobre las restricciones por el aislamiento y para acceder a la gasolina como obstáculos para las labores humanitarias. El plan global de respuesta humanitaria estima un presupuesto de 2.000 millones de dólares. El régimen pretendía que el FMI prestara 5.000 millones solo para Venezuela.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este miércoles que ante la amenaza que representa la propagación del coronavirus, los gobiernos deberían poner en libertad a todos «los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir».
Delcy Rodríguez confirmó este miércoles 15 nuevos casos de COVID-19, van 106 contagiados admitidos en 13 días, distribuidos así: 5 en Miranda, 4 en Aragua, 2 en Distrito Capital, 2 en Zulia, 1 en Bolívar y 1 en Los Roques. Aseguró que la ONU dio el visto bueno a las medidas tomadas por el régimen y que el país recibirá insumos donados por esa organización para detectar el virus. Dijo que 40.000 personas habrían sido visitadas en todo el país tras la encuesta sobre síntomas de coronavirus, y que se han hecho unas 1.830 pruebas de despistaje. Insistió en que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para atender la pandemia, pero luego anunció que este jueves llegará otro avión de China con ayuda humanitaria. Dijo que Venezuela «no pide limosnas» y que se han comunicado con seis gobiernos que tienen recursos financieros bloqueados para que los liberen. Añadió que la curva de contagios se mantiene aplanada y que han llegado a «contener el virus» (¡!).
Jorge Rodríguez informó sobre otro plan (¡otro más!) desde Colombia (con la colaboración de Estados Unidos) para asesinar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Los culpables de este plan repetido serían Clíver Alcalá Cordones, Luisa Ortega Díaz y los diputados Germán Ferrer y Hernán Alemán. Todos chavistas con altos cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor. TalCual señaló que este plan tiene extraordinarias similitudes con uno denunciado en agosto de 2019.
Nicolás aseguró que hay tres casos de coronavirus delicados en el país: uno «bastante grave» y otros dos «estables». Dijo que el más grave recibe «atención médica adecuada». Dedicó tiempo a repasar cifras de contagios y muertes de los países vecinos. También respondió a Henrique Capriles, diciendo que está listo para hablar con la oposición.
El gobernador de Guárico, José Vásquez, confirmó el primer contagio por COVID-19: una menor de edad, cuya familia viajó recientemente a La Guaira.
Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, se reunió con los alcaldes de Baruta, El Hatillo y Chacao, para tomar medidas ante el COVID-19. Anunciaron que más medidas de aislamiento y procesos de desinfección en casas y edificios, además se unifican sistemas de salud.
La pandemia ha matado a más de 21.000 personas en el mundo y ya van más de 468.000 contagios. Las cifras locales muestran diferencias inverosímiles en relación con las tasas de las naciones vecinas.
El FMI y el Banco Mundial pidieron a los acreedores bilaterales de los países más pobres que «congelen el reembolso de deudas» para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia de coronavirus.
El régimen está buscando un período de gracia para los pagos de préstamos, dijo una fuente a la agencia Reuters, un acuerdo similar al que lograron en 2016, que permitió a Venezuela pagar solo los intereses de los préstamos durante más de un año.
El periodista Joshua Goodman, de AP, reveló que el chavismo gastó 4 millones de dólares en lobby en EEUU para intentar que se levanten las sanciones al régimen. Con ese dinero se pudieron pagar equipos e insumos médicos en plena pandemia. Jorge Arreaza informó que junto a China, Rusia, Irán, Siria, Corea, Cuba y Nicaragua, el régimen pidió al secretario general Antonio Guterres «que la ONU se sume con fuerza al levantamiento total» de las sanciones. José Ignacio Hernández, procurador especial de la República, dijo en cambio que «gracias a las órdenes ejecutivas del Gobierno de Estados Unidos, los activos de Venezuela están a salvo de los acreedores heredados de Chávez y Maduro. No es de extrañar que algunos de esos acreedores y sus lobistas presionen por levantar las sanciones».
El satélite Simón Bolívar, lanzado en 2008, quedó fuera de servicio «debido a una falla», declaró el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un escueto comunicado. Space News reportó el lunes que el satélite «ha estado atorado por 10 días en una órbita elíptica», después de que «una serie de maniobras lo dejaran desarreglado en una órbita inutilizable». La construcción y puesta en órbita del satélite le costó a la nación $241 millones, a los que se suman $165 millones por la construcción de dos estaciones terrestres. $406 millones perdidos.
