“Mi hija se desmayó en mis brazos. Con 17 años de edad tenía primer grado de desnutrición”, cuenta Neyda Rodríguez, docente de preescolar con nueve años de servicio en el Ministerio de Educación. “Eso me aterró. No me importó dejar todo y salir. Con lo que ganaba solo podía comprar un kilo de queso y medio cartón de huevos”. Este diciembre se cumple un año de su llegada a Chile.

La depauperación del salario de los docentes en Venezuela ha provocado que muchos de ellos estén dejando a un lado su profesión, a veces para salvar la vida de sus familiares más vulnerables.

Celis Rodríguez, director de Educación de la gobernación de Nueva Esparta —a cargo de la oposición— informó que el año escolar 2019-2020 se lleva adelante en ese estado con un déficit de educadores del 15 %, en cuanto a los que dependen del gobierno regional. Solo en mayo, junio y julio su despacho recibió 120 renuncias, sin contar a aquellos que se fueron de vacaciones en agosto y no regresaron, y los 175 docentes contratados que no se presentaron a trabajar. 

César Malavé, asesor de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (Fetramagisterio), afirma que además de los que se han ido del país, hay docentes que prefieren trabajar en una ferretería o un abasto cerca de su casa y que les paguen mejor. Porque muchos ni siquiera pueden trasladarse a los planteles, por la escasez y los costos del transporte público, o por falta de efectivo para el pasaje.

Un docente I gana casi diez mil bolívares por cada hora de clase. En inicial y primaria la carga horaria de los maestros es de 36 horas. El cargo más alto es docente VI, al que solo pueden optar los que tienen especialización, maestría o doctorado, estudios que cada vez son más costosos. Aquel que más gana percibe unos 559 mil bolívares después de aplicarle los descuentos de ley.

La solución del ministerio

Noris Soto, directora de la Zona Educativa en Nueva Esparta y representante local del Ministerio de Educación, reconoció el éxodo de docentes, pero afirmó que los que se han ido ya han sido reemplazados. Las horas vacantes en las escuelas de la región insular han sido cubiertas por el Gobierno regional y el nacional con estudiantes de Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad de Oriente (UDO) o el Iutirla. También se están incorporando profesionales de otras áreas, como ingenieros, biólogos y licenciados en turismo para enseñar inglés. La única exigencia es que cuenten con el curso de componente docente, de acuerdo con lo contemplado en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Al inicio del año escolar hubo conflicto en algunos planteles por la incorporación de “docentes especiales” que se gradúan en 12 semanas en la Micromisión Simón Rodríguez, del Plan Chamba Juvenil. 

Celis Rodríguez también habla de la migración de los profesores del sector público hacia los planteles privados, donde les ofrecen bonos en dólares. Para Malavé, “tenemos un desplome, un retroceso absoluto en el sistema educativo, el país se está quedando sin educadores con experiencia y no hay motivación alguna para estudiar para ser docente”. Según este luchador gremial, en pocos años la carrera de educación estará desierta.

“Los pocos maestros que todavía estamos graduando se están yendo del país”. 

De los que han emigrado “muchos siguen ejerciendo su profesión atraídos por las facilidades para ejercer que les ofrecen países como Ecuador, mientras que otros se dedican a labores diferentes en los países donde han podido conseguir trabajo”, dice César Malavé.

Los que se quedaron, protestan

Los datos del Comando Intergremial del magisterio son más alarmantes: desde agosto de 2018 el abandono de los cargos docentes aumentó a un 54 %, incluyendo a aquellos que forman parte de la diáspora magisterial.

Cada estado tiene sus particularidades de deserción. Mientras que en el Táchira es muy alta, en Nueva Esparta es relativamente baja. En el municipio Chacao del Distrito Federal, se cumple cabalmente con el contrato colectivo; los docentes ganan más que los que dependen del Ministerio de Educación, y en consecuencia la deserción en muy poca.

“El maestro venezolano fue brutalmente empobrecido con la reconversión monetaria de 2018. Las llamadas Tablas Onapre que implantó el gobierno de Maduro también contribuyeron con esta situación al eliminar conquistas laborales obtenidas durante 50 años de lucha gremial, y pulverizó la seguridad social”, explica Malavé. Estas tablas o baremos unifican los sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública, pasando por encima de la contratación colectiva.

Del 12 al 14 de noviembre las ocho federaciones sindicales del magisterio venezolano convocaron a actividades de protesta y a un paro nacional, que según ellas fue acatado en un 87,4 %. Exigen el respeto a la Convención Colectiva vigente, que incluye el cumplimiento de los incrementos salariales con una deuda acumulada por parte del ministerio de un 220 % en aumentos contractuales. Las federaciones también demandan que se les provea de alimentos a los estudiantes en las escuelas debido a la acentuada desnutrición infantil.

“Si el Ministerio de Educación no toma en serio las reivindicaciones nos vamos a quedar sin maestros”, concluye Rodríguez.

Los que se fueron, hacen otra cosa

Neyda Rodríguez se ocupa del aseo en un gimnasio en La Serena los feriados y los domingos; los días de semana también limpia en casas particulares. Cuando llegó al país hacían pan para vender. Su esposo tenía un trabajo fijo pero tuvo un accidente laboral. Está de licencia. Ahora ofrece pan con pollo frente al Instituto IP de Chile.

En su casa trabajan todos, desde su hija mayor de 18 años hasta su suegra; su hija menor tiene 8 años, asiste a la escuela y disfruta de una beca para practicar karate que le dieron unas abuelitas chilenas.

“Es duro; acá se trabaja full, y bueno tu profesión pasa a un segundo plano. Si no eres lo suficientemente madura puedes deprimirte”, dice la maestra. “En Margarita, yo salía tarde de la escuela y cuando iba a hacer las colas para comprar ya no había productos. También nos obligaban a ir a la marchas y nos hacían firmar asistencia. Mis artefactos estaban dañados por los apagones. No podemos vivir del miedo, sin saber qué más hay. Gracias a Dios salí”.

Sandra Rosales de Josar es licenciada en Educación Mención Dificultades de Aprendizaje, con postgrados en Gerencia Educativa y Orientación de la Conducta. Actualmente vive en Perú, adonde había emigrado antes su esposo, luego de que quedara desempleado cuando la trasnacional donde trabajaba cerró operaciones en Venezuela. “Yo continué trabajando en Margarita para el Ministerio de Educación, pero lo que ganaba no me alcanzaba para vivir. Me mantenía con lo que mandaba mi esposo”. En el 2018 renunció y se fue.

“Otra cosa que me molestaba muchísimo es que en los congresos de mi especialidad lo que hacían era dar discursos políticos y mucha publicidad hacia el gobierno”.

Sandra confía en que llegará el momento de la reconstrucción del país y la rehabilitación educativa de los docentes que estudiaron en la Universidad Bolivariana de Venezuela. “Sin temor lo digo, no están bien preparados. Muchos de ellos me confesaron que no les enseñaron las cosas básicas del trabajo docente”.

“De esta migración algo bueno tiene que salir, que nos permita engrandecernos como país y engrandecer a los países que nos están recibiendo”, dice Sandra convencida.

La posición de los padres y representantes va de extremo a extremo, de un lado están aquellos que se mantienen vigilantes del perfil de los docentes que entran a sustituir a los que se fueron, del otro están los que responden con apatía ante la situación y se limitan a seguir enviando a sus hijos a clases.

Mientras tanto, el conflicto del Magisterio venezolano con el Ministerio de Educación se acentúa. El 30 de noviembre se cumplió un mes de la presentación de los reclamos contractuales ante el patrono, sin que hasta ahora haya habido otra respuesta suya que despedir a los maestros que participaron en el paro en Portuguesa y Trujillo.