En un país con un sistema de justicia roto e impune, las victorias legales no son lo común. Las historias que muchos medios de comunicación ignoran han encontrado un espacio en las redes sociales, y han generado poderosas campañas capaces de conseguir lo impensable: el cumplimiento e incluso la actualización de reglamentos y leyes. Es así como nació el Protocolo para la Prevención y Actuación en Casos de Acoso y Violencia Sexual de la Universidad Católica Andrés Bello, aprobado el 11 de agosto de 2020 por el Consejo Universitario de la institución.

Durante la primera semana de abril de 2020, una exalumna de la UCAB, extensión Guayana, publicó en su cuenta de Twitter la historia de acoso que vivió a manos de un profesor cuando aún era una estudiante. Grupos feministas venezolanos, así como personas que compartían o simpatizaron con su historia, crearon una campaña en apoyo a la víctima en la que protestaron contra el acoso sexual en las universidades venezolanas, titulada #UniSinAcoso. 

“De la campaña surgió una encuesta para encontrar más denuncias y entender mejor la magnitud del problema en cifras, aunado a un comunicado donde se expresaban las necesidades y solicitudes que consideramos fundamentales para reconocer y rechazar la problemática y presionar a las autoridades responsables de las instituciones”, afirma Jhessimar Brito, una de las coordinadoras generales de FEM UNI, red interuniversitaria feminista creada en enero de 2020 para articular la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género en los campus. Gracias a la viralización de la protesta, la información llegó al Consejo de Extensión de la UCAB Guayana, donde decidieron actuar.

El protocolo consta de siete capítulos. Define los términos que utiliza y quiénes deben cumplirlo: todas las personas que sostengan una relación directa o indirecta con la universidad están sujetas a la norma, incluyendo profesores, estudiantes, trabajadores y tercerizados. Fomenta el acompañamiento y la privacidad de las víctimas sin distinción de género, proporciona apoyo jurídico y psicológico e incluye cláusulas de protección basadas en la orientación e identidad sexual, así como la prohibición de cuestionar el relato de la persona acosada o de culparla por el hecho que denuncia. Contiene también planes de prevención y formación para el personal docente, administrativo y estudiantil de ambas sedes de la universidad, así como los lapsos en los que la Comisión Disciplinaria está obligada a actuar. 

Entre lo que el protocolo considera infracciones se encuentran comentarios hostiles, la publicación de imágenes o información íntima y el trato desigual basado en género y orientación sexual. También, revelar la orientación sexual de una persona sin su consentimiento, actos sexuales no consensuados, lenguaje lascivo, acercamientos físicos indeseados y la obstaculización de la denuncia propia o de terceros.

Las sanciones, dependiendo de la cláusula, van desde una amonestación escrita hasta la expulsión o despido, y las personas que estén involucradas en el caso también pueden introducir la denuncia ante la Comisión.

“Al comienzo realizamos un arqueo de la información sobre la materia en Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina pertenecientes a la Red AUSJAL, fundamentalmente los casos de México, Chile y Ecuador”, comenta la profesora Magaly Vásquez González, Secretaria General de la UCAB y coordinadora de la Comisión asignada por el Consejo Universitario que elaboró el protocolo. “Luego lo extendimos a otras universidades de la región, como el caso colombiano y posteriormente a Europa, donde destaca la Universidad de Barcelona, España, lo que nos permitió, después de haber revisado más de doce protocolos o instrumentos similares, elaborar un primer esquema del contenido que debía tener el Protocolo de la UCAB” . 

La idea era que abarcara no solo el aspecto preventivo, sino también la atención de los casos de acoso y violencia sexual, “pues ya en la institución disponíamos de mecanismos que facilitaran su sanción, y sabíamos que debía estar dirigido no solo a estudiantes y profesores, sino también al personal administrativo e incluso a concesionarios o contratistas vinculados con la universidad”. Esta Comisión integró a profesores y estudiantes de las dos sedes de la Universidad, y recibió asesoramiento de diversos profesionales vinculados a la materia para ampliar perspectivas.

Según datos de Distintas Latitudes, solo un 40 % de las universidades de América Latina cuentan con protocolos contra el acoso y abuso sexual. Aunque muchas veces dichos protocolos no se acatan o están incompletos, tenerlos marca una diferencia considerable en la protección de los derechos humanos de las instituciones. En Venezuela ningún centro de estudio público o privado contaba con un instrumento de este estilo hasta ahora. “Hemos sabido de otras universidades, como la Universidad Metropolitana de Caracas, que están revisando el protocolo recién publicado por la UCAB, lo que esperamos sirva de ejemplo e inspiración. Pretendemos acompañar con ojos vigilantes cada avance que se proponga para crear más espacios seguros para las mujeres y para toda la comunidad universitaria en el país”, afirma Brito.

No hay cifras en el país que reflejen la cantidad de víctimas de acoso y abuso en las universidades venezolanas, pero es una situación conocida en todos los pasillos. Desde el inicio de la campaña #UniSinAcoso, al menos 62 estudiantes han llenado el formulario de denuncia anónima que ha sido distribuido por las organizaciones y activistas feministas del país; en su mayoría son alumnos de la UCV, universidad que no tiene lineamientos de acción para estos casos, los cuales muchas veces llegan al Centro de Estudios de la Mujer sin mayor resultado. Decenas de personas también han compartido sus testimonios por redes sociales durante las convocatorias digitales de los grupos activistas, colaborando además con la recolección de datos para dibujar un mapa más preciso de esta realidad.

“Es muy difícil describir con propiedad cuál es la situación de acoso en las universidades venezolanas, pues se trata de un problema que con frecuencia se invisibiliza”, asegura la profesora Vásquez. “Aunque se pueda tener la certeza de que ocurren eventos de esta naturaleza, muy pocas veces la víctima se atreve a denunciar. En otras, cuando lo hace, ya sea por la dificultad para probar la denuncia o porque la víctima es revictimizada, las investigaciones no conducen a nada. La aprobación de instrumentos equivalentes al elaborado en la UCAB, si bien por sí sola no es suficiente para frenar el problema, ofrece seguridades a la víctima que posibilitaría que se atreva a denunciar, en la medida en que evidencia la voluntad institucional de prevenir el abuso y atenderlo. A la par, cumple un fin disuasivo respecto a eventuales acosadores, en razón de las consecuencias que podría generarles. La aprobación del protocolo hace efectiva la declaración de cero tolerancia a conductas de esta naturaleza”.

El protocolo, que entra en vigencia el 15 de septiembre de 2020 y considera las infracciones de hasta tres años atrás, va a difundirse en todas las instancias universitarias y se evaluará semestralmente. 

“Esa primera ejecución dependerá en gran medida de la voluntad política de las autoridades de no perderle la pista al seguimiento de cada detalle, lo que sin duda repercutirá en la aplicación de protocolos en otros centros educativos de Venezuela, que por muchos años han ignorado esta grave problemática, inhibiendo aún más las ya escasas, pero valientes denuncias,” señala Brito. “No nos queda más que reconocer el poder de apoyarnos unas a las otras de forma articulada entre movimientos, colectivos, organizaciones, activistas independientes en trabajo colaborativo”. Afirma que el trabajo no termina en protocolos y formaciones, y que es necesario mantener en el foco lo solicitado en el comunicado de las organizaciones feministas durante la campaña inicial: la promoción de la investigación sobre acoso sexual en las universidades, incentivos a la creación de asociaciones, cursos y grupos universitarios de liderazgo con perspectiva de género.