¿Qué implica exactamente la Executive Order de Donald Trump del 5 de agosto de 2019?

Lo primero: una prohibición de vender, exportar o transportar fuera del territorio, cualquier activo del gobierno de Venezuela que esté en Estados Unidos, o en control de una entidad o individuo estadounidense. Según el procurador general nombrado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, eso significa proteger a Citgo, que está sujeta a un litigio originado por la expropiación de los activos de Crystallex en Venezuela varios años atrás —la misma sentencia que favorece a Crystallex establece que el gobierno estadounidense puede otorgar medidas para proteger los activos de Citgo en caso de ser necesario. Pareciera, entonces, que las acciones de Citgo están a salvo… por ahora.

Lo segundo es la posibilidad de sancionar con el mismo bloqueo general de activos, a las personas que hayan asistido, patrocinado o provisto de apoyo financiero, material o técnico a individuos sancionados en este contexto por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Es decir, la gente que le haya prestado servicios a Cilia Flores, a Tareck el Aissami o a cualquier fulano de los que aparecen en la famosa lista, podría ser sancionada previa resolución del Departamento del Tesoro.  

La prohibición incluye la transferencia de fondos y la prestación de servicios al gobierno de Venezuela y a las personas incluidas en la lista de sancionados, y viceversa. En otras palabras, no más negocios con Venezuela ni con las personas cercanas al régimen de Maduro. 

¿Qué excluye?

Excluye transacciones que tengan que ver con el despacho de comida, ropa y medicina destinados al alivio del “sufrimiento humano”. También las licencias que los Estados Unidos ha otorgado para seguir ejecutando algunos negocios que tocan al gobierno de Venezuela, como la que fue extendida recientemente a Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes, y Weatherford International PLC para que continúen sus operaciones en el país, las cuales implican a Pdvsa. 

¿En qué se diferencia de las sanciones que Estados Unidos y otros países han aplicado ya contra el régimen de Maduro?

Estas medidas profundizan y extienden las sanciones previas, que han sido sobre todo a individuos y a ciertas instituciones del Estado venezolano controladas por el régimen, pero no es un embargo a la economía venezolana en su conjunto. 

¿Cómo afectará esto a la población venezolana?

El sistema financiero internacional será más aprensivo ante cualquier transacción que involucre a Venezuela, más de lo que ya es. Eso afecta a la banca venezolana y a las empresas. El régimen verá más reducido su margen de maniobra para mover dinero, petróleo y minerales, o para importar cosas a Venezuela —aunque las sanciones excluyan los alimentos y las medicinas— por la creciente cerrazón del sistema financiero. El efecto más probable de la aplicación de estas medidas de Estados Unidos entonces, es más inflación y más escasez, una economía más precaria y, como advierte el economista Asdrúbal Oliveros, más informal y opaca. No vemos razones para pensar que esto no vaya a hacer la vida de los venezolanos comunes más difícil de lo que ya es.  

¿Qué otras consecuencias puede traer?

Rusia, Cuba, Turquía y los demás actores que respaldan a Maduro seguirán hallando el modo de hacerlo. Dado que —con las diferencias históricas y geográficas de cada caso— las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba e Irán no han producido el fin de las dictaduras en esos países, como tampoco lo hicieron en Irak, tanto los medios como los académicos y muchos gobiernos, que no son precisamente aliados de Maduro, están obligados a condenar esto como una muy mala idea, que solo traerá más sufrimientos a la gente y dará al régimen más base para su discurso victimista. Difícilmente Europa y Canadá, que tienen inversiones en Cuba y están intentando sortear el cerco económico de Irán, van a acompañar a Estados Unidos en esta escalada a punta de sanciones. La coalición internacional —de por sí poco dada a la unanimidad— que presiona al régimen de Maduro, tiene una razón más para dividirse y debilitarse. 

El régimen tiene una excusa para abandonar las negociaciones en Barbados, que de todos modos han avanzado muy poco, o al menos para exigir más de lo que ya ha estado exigiendo; la oposición radical, que no está representada en Barbados pero ejerce cierta influencia, tiene más razones para presionar porque se cierre un diálogo en el que nunca ha creído; y Juan Guaidó y sus aliados internos tienen que fajarse a combatir la idea de que han estado defendiendo un bloqueo contra su propio país, cosa que muy probablemente usará no solo el aparato de propaganda del régimen sino también el represivo. 

En las apariencias, el chavismo celebrará grandes rituales de unidad ante la “agresión imperialista”. Tal vez las sanciones ayuden a corto plazo a reducir las tensiones internas dentro del régimen. Pero habría que considerar también la posibilidad de que esos sectores dentro del chavismo civil y militar —que ven en la permanencia de Maduro una amenaza a sus intereses, como ha registrado el Political Risk Report de Caracas Chronicles—, decidan a partir de ahora insistir en que Maduro se vaya, a fin de quitarse de encima el tejido cada vez más denso de sanciones. Si podrán llevar esa agenda adelante, pese a la resistencia de Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, está por verse. Y también hay que considerar la posibilidad de que esto sea un esfuerzo coordinado entre la Asamblea Nacional y la Casa Blanca para aumentar el capital de negociación de la primera en Barbados. Pronto lo sabremos