A medida que el perfil de los migrantes ha cambiado con la evolución de la crisis, lo que era un fenómeno más característico de la clase media, que se iba a otros países con algo de capital y un piso de estabilidad sustentado por su preparación académica y su estatus en Venezuela, se ha extendido a la sociedad en su conjunto, y ha dado lugar a distintas realidades.

Una nueva dimensión de la explosión migratoria venezolana, de la que se conoce sobre todo la ruta andina, ocurre en Bolívar e incluye una etapa de migración interna. El estado más grande del país se ha convertido en un punto medio de migración para gente que llega desde el centro occidente, se instala en las zonas mineras del sur para hacer dinero en alguna actividad relacionada con la minería, y luego continúa su viaje, ya con algunas divisas o o gramos de oro en el bolsillo, hacia otros países.

La Organización Internacional para las Migraciones estima que en julio explotó un nuevo pico migratorio en la frontera del Estado Bolívar. Eso coincide con el proceso de reapertura de la frontera con Colombia por Táchira y con la competencia entre GNB, colectivos y paramilitares por la trata de personas. 

En este contexto de familias fragmentadas para buscar otra vida, los niños, niñas y adolescentes forman parte de ese grupo que la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Cecodap) llama “los dejados atrás”, y que quedan expuestos al fracaso escolar o la desnutrición. Hay hasta casos de bebés que sus madres dejan de amamantar para irse a otro país.

Como parte de su trabajo de promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Cecodap monitorea y presta apoyo psicológico en más de 100 instituciones educativas, en las que atiende tanto a los menores de edad como a sus cuidadores. Durante 2018, los niños “dejados atrás” se convirtieron en la tercera razón de consultas en las terapias de Cecodap. En 2017 era la quinta.

Hasta enero de este año, Fe y Alegría registraba que 6.044 de sus 110 mil estudiantes había visto migrar a sus padres.

Emigrando solos

Mairis Balza, coordinadora general de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), recalca que se trata de un fenómeno de migración forzada por la ineficiencia del Estado para garantizar los derechos humanos de la población. “Es importante aclarar que la migración forzada no se da por razones voluntarias”, dice. “Quienes migran lo hacen fundamentalmente por causas socioeconómicas que amenazan la satisfacción de sus derechos más básicos: falta de medicinas y oportunidades y una crisis institucional que se ha venido recrudeciendo mucho más a partir de 2007”.

Esta ONG, que brinda talleres de capacitación a mujeres de sectores empobrecidos de Bolívar, en las comunidades impactadas por la minería ilegal, ha detectado un nuevo tipo de migración: la de menores que viajan solo. 

Se trata de adolescentes que en el camino a otros países, o una vez en ellos, se enfrentan a la  trata, la explotación sexual y el reclutamiento forzoso por parte de bandas y grupos irregulares. Eso puede pasarle a cualquier menor que migra con su familia; pero cuando lo hacen solos, esos riesgos se multiplican. “Muchos niños, niñas y adolescentes que se movilizan terminan siendo víctimas de redes de crimen organizado, cuando son engañados”, cuenta Balza. “Pero todo esto comienza porque ellos ven en la migración forzada una necesidad para su preservación”.

Según el informe sobre venezolanos que huyeron del país que presentó Acnur en junio, el 50,2 % de las familias entrevistadas enfrentó riesgos durante su viaje, debido a la edad de sus miembros, el género o el estado de salud, o tuvieron que recurrir a la mendicidad, enviar a sus hijos a trabajar o incluso recurrir al sexo de supervivencia. 

Una empleada de una organización que trabaja en la frontera de Brasil, donde según Acnur los niños y adolescentes venezolanos conforman casi la mitad de los desplazados, confesó que le daba tristeza ver cómo en estas caravanas de gente que viaja a pie por la frontera cada vez hay más adolescentes: “Viajan generalmente en grupos, muchos reciben la solidaridad en el camino y la gente los ayuda principalmente con zapatos y comida, pero hemos comenzado a recibir denuncias de familias que no vuelven a saber de ellos”.

La mayoría de los casos identificados por las organizaciones que tienen presencia en la región son de muchachos entre los 14 y 17 años, que habían estado viviendo con familiares luego de que sus padres se fueran del país. “Hemos conocido casos de menores que quedaron bajo la custodia de abuelos o hermanos menores de edad que se cuidan los unos a los otros, porque sus padres o madres se fueron a las minas, y ellos quedan a la deriva hasta que deciden irse del país por su cuenta”, agregó la misma fuente. Otros chamos estaban esperando que sus padres regresaran a buscarlos, pero estos no pudieron reunir suficiente dinero para hacerlo, así que les mandan remesas para que emprendan el viaje solo hasta el lugar donde los esperan.

Por lo general, estos jóvenes pasan días caminando por la selva o pidiendo un aventón en la carretera. Brasil puede ser su destino definitivo o una escala para producir dinero y continuar a otro país. 

Hasta cuando estos menores que viajan solos logran sortear los peligros que se encuentran a lo largo del camino, las amenazas para su seguridad siguen presentes. A pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países de acogida, en muchos de estos sectores los servicios básicos están colapsados debido al aumento de la demanda debido a la explosión de la migración venezolana. 

Unicef estima que hay unos 430 mil niños venezolanos en Colombia, Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Panamá. En junio de este año, la organización reveló que como resultado de la crisis migratoria en Venezuela, se estima que en 2019 van a necesitar protección y acceso a servicios básicos, en toda la región de América Latina y el Caribe, 1,1 millones de niños y niñas —entre ellos los que han salido del país, así como los que regresan a su país de origen y los que viven en comunidades de acogida y de tránsito.