Sucre es uno de los estados más pobres de Venezuela: los índices de desempleo y pobreza alcanzaban el 70 % unos años atrás. En 2016, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó las últimas cifras, las constantes protestas para exigir a la administración de Nicolás Maduro el envío de comida subvencionada y la ola de saqueos a comercios de alimentos, era la mayor demostración de caos y desesperación por el hambre.

Las condiciones eran adversas también hace un año, cuando Miranda Ponce inició, junto con su esposo Paúl Elguezabal, la fundación Cumaná Mía, única en la capital del estado Sucre, que instaló dos comedores populares en iglesias católicas situadas en zonas altamente vulnerables a la pobreza. 

A Miranda Ponce la mueve la voluntad cuando se trata de alimentar a 86 niños en situación de pobreza y malnutrición. No es solo darles un plato de comida, sino la oportunidad de estudiar sus condiciones de salud, buscar mecanismos para que reciban atención médica y ayudarles a que las raciones de alimentos tengan los nutrientes que necesitan. 

Pero ahora, con la cuarentena, crece el temor de que los niños se queden sin comer. 

Las restricciones para la distribución de combustible de la Gobernación del estado y de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) implican que sólo pueden abastecerse vehículos oficiales, transporte de alimentos y medicinas, así como personal sanitario. Pero en la práctica hasta esos sectores prioritarios se quedan por fuera; solo hay gasolina para funcionarios. Una cosa es el discurso oficial y otra la realidad.

Con pocos recursos económicos, y con los alimentos aumentando de precio hasta un 60 % cada dos o tres días, sin gasolina y con poca capacidad de movilización por la gran cantidad de cercos y alcabalas custodiadas por uniformados, se hace cuesta arriba la labor de alimentar a niños entre los seis meses y diez años de edad. “Hacemos nuestro mayor esfuerzo, aunque no tengamos la certeza de poder cumplir con la misión como antes”, dice Miranda.

Antes de la cuarentena, la preocupación principal de Miranda y los voluntarios de Cumaná Mía era que los niños que llegaban al comedor pudieran adquirir diariamente los nutrientes necesarios para su desarrollo. Después del aislamiento obligatorio, la prioridad es poder comprar gasolina a uno o dos dólares por litro. Luego viene el reto de trasladar los alimentos a las iglesias en las que voluntarios los preparan, y hacer que los niños lleguen al sitio para alimentarse. 

En un par de ocasiones, los 43 niños del comedor ubicado en El Peñón, en la zona este a las afueras de la ciudad, se quedaron esperando. Los guardias nacionales no dejaron pasar a los voluntarios, a pesar de que demostraron que llevaban comida para un grupo de menores. La esperanza es que los párrocos de las iglesias puedan tramitar ante la Zodi un salvoconducto que les permita a los representantes de la fundación trasladarse y ayudar sin ser detenidos. 

La Fundación tenía como norma que los padres llevaran a sus hijos y que los niños ingirieran las raciones dentro del comedor. Era la forma de garantizar que comieran. Pero ahora, la prohibición de reuniones limita la actividad de los comedores en el este y el oeste de Cumaná. “Los niños vienen con unos envases plásticos y se llevan la comida a sus casas. Allá no podemos estar seguros de que esa comida será para ellos, sabemos que las raciones que servimos para un niño ellos la dividen entre los miembros de su familia y que quizás eso sea lo único que tengan para comer”, dice Miranda. 

Solidaridad desde los bolsillos propios

Cansado de ver el sufrimiento ocasionado por la crisis, un día Ignacio Blanco, su hermana Bettina y un grupo de diez amigos decidieron actuar. Sacaron cuentas del dinero que tenían disponible en el banco y entre todos consiguieron comprar insumos para preparar 500 comidas, comprar mil tapabocas e ir al hospital de Cumaná a donar alimentos a los pacientes que no pudieran costearlos y ofrecer una charla preventiva sobre el Covid-19.

Así nació la fundación Solidaridad Cumaná. Pero la voluntad, en época de pandemia y cuarentena, no basta. Además de comida y uno que otro medicamento, el dinero disponible también debe servir para comprar gasolina en el mercado negro y sortear los obstáculos para poder ir a ayudar al hospital y los ambulatorios de la ciudad. “Nos pueden detener por movilizarnos en la ciudad, pero buscamos formas de esquivar las alcabalas, ya empezamos a ayudar y no podemos detenernos”, argumenta Ignacio.

Él no pierde la esperanza. “Si vemos que hay alcabalas en un lado, buscamos irnos por otra vía, sabemos que no tendremos salvoconducto, aunque la meta es que los organismos oficiales nos apoyen, aunque sea que nos permitan movilizarnos, queremos ayudar”. 

El hambre estalla en disturbios

Mientras en Cumaná algunas organizaciones civiles se dedican a ayudar a quienes tienen menos acceso a la comida, en el interior del estado el hambre empezó a hacer estragos y se decantó en disturbios. La mañana del miércoles 22 de abril, en Cumanacoa, un pueblo azucarero a 40 minutos de la capital de la entidad, los comerciantes cerraron los negocios cuando los sitios web que indican los precios del dólar no oficial reportaron alzas en la tasa. Iban a ajustar precios. La molestia no se hizo esperar. Quienes esperaban comprar empezaron a quejarse, rechazando el alza de los precios y gritando: «¡Tenemos hambre!»

Los ánimos se caldearon aún más y estallaron los disturbios. Katty Chaccal, una habitante del pueblo, relató que todo fue una escalada. Los saqueadores empezaron con el comercio más grande, Súper Pollo, una distribuidora de alimentos de la que no quedó nada en pie. Cuatro abastos más corrieron con la misma suerte. Hubo siete heridos; dos de ellos a balazos de la policía y uno apuñalado por un comerciante, según informó el legislador regional Carlos Rodríguez. 

Al día siguiente, en Río Caribe, los habitantes de las barriadas Santa Bárbara y 5 de Julio se fueron en masa a las adyacencias del Mercado Municipal. Descubrieron que, desde la Alcaldía descargaron una gandola que contenía cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en un depósito del Mercado, mientras las comunidades tenían semanas esperando los alimentos subsidiados. Los vecinos ingresaron al Mercado por la parte trasera de la estructura y cargaron con las cajas. Armando Rivero, un habitante de la zona, contó que los organismos de seguridad entraron luego a las viviendas para buscar los alimentos. 

Preca, una ferretería que expendía línea blanca y alimentos, sufrió el mismo destino el sábado 25 de abril en Cumaná. Al menos 40 personas ingresaron al comercio para cargar con comida y artefactos. Pocas horas después, la administración de Maduro anunciaba la regulación de precios de 27 productos alimenticios. “Aquí es más peligroso el hambre que la pandemia, porque estamos peor que antes, ni siquiera hay gasolina”, se lamentó Yasira Gamardo, cerca de la ferretería saqueada.