Así lo muestra, con cifras escalofriantes, el Informe 2019 de Provea. Pasamos los 10.000 contagios y la pandemia se vuelve pretexto de acciones fascistas como “delatar” a enfermos
Resultó un canalla: Baltazar Garzón, el mismo juez que admiramos alguna vez por el arresto del criminal Augusto Pinochet, defenderá al criminal Alex Saab
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este martes su informe sobre el año 2019, donde reseña el avance autoritario y la crisis social del país, y prueba que a la emergencia humanitaria compleja y a la pobreza, se suman la persecución política, la represión y la tortura. Los datos que reúne Provea demuestran que Venezuela tiene los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989. Algunos de ellos son: ⁕ 23 personas fallecieron víctimas de torturas de parte de organismos de seguridad del Estado del régimen de Nicolás, y se registraron 574 víctimas de torturas, lo que representa un aumento del 526 % con respecto a 2018. En los últimos 6 años 1.170 personas han sido víctimas de tortura, mientras que, entre 1988 y 2012, se registraron 895 casos de torturas. El régimen de Nicolás tiene un terrible récord de víctimas. ⁕ Entre enero y mayo de 2020, 1.324 personas murieron por intervención de la fuerza pública: En Venezuela, 1 de cada 3 homicidios lo causan las fuerzas de seguridad del Estado. Entre 2010 y 2018, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad 23.688 personas. ⁕ En 2019, hubo 1.033 heridos y lesionados en protestas, un aumento del 1.359 % con respecto al año anterior, la tercera cifra más alta que registra el régimen de Nicolás.
Nicolás informó que registraron 303 nuevos casos de covid-19, con los que el país supera los 10.000 casos reconocidos. Son 1.000 más en 3 días, otra vez. El chavismo no ha ampliado la capacidad para hacer pruebas PCR solo por controlar la información, por lo que —de 600 en 600 como máximo cada por día—, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel sigue siendo el único centro que diagnostica el coronavirus en Venezuela. Nicolás confirmó la cuarentena radical en Distrito Capital y Miranda, informó el fallecimiento de tres personas y anunció la llegada, este próximo viernes, de un avión de Turquía con ventiladores, pruebas PCR y trajes de bioseguridad. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud anunció que distribuyó más de 20 toneladas de equipos de protección personal en 31 hospitales venezolanos y otros centros de salud. Los hospitales receptores están ubicados en los seis estados con más casos en el país: Zulia, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda y Táchira.
Michelle Bachelet, alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, actualizó este martes el informe sobre la situación de Venezuela, y entre otros datos relevantes, afirmó que el poder judicial no es independiente. Enfatizó que, en los casos políticos, los jueces esperan “instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión, por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias”.
Nicolás repitió hoy que el presidente de Colombia, Iván Duque, tendría un plan para “infectar a los venezolanos a través de los trocheros”, personas que guían a otros por los caminos irregulares de las fronteras. También arremetió contra los retornados: “Es indignante que haya personas que no valoren su propio país y que vengan del exterior a contaminarnos”, dijo, una prueba irrefutable de sus brazos abiertos para recibirlos. Un trabajo del diario El País explica todo lo que afrontan los retornados cuando consiguen cruzar la frontera. Nicolás también apoyó la iniciativa militar que incitó por Twitter a denunciar la presencia de retornados. “Dice aquí: denuncia a los ‘trocheros’, un ‘trochero’ es un bioterrorista… No lo digo yo, lo dice aquí”, afirmó al leer los mensajes de la cuenta Twitter del @Ceofanb. Terminó agrediendo a los periodistas de las agencias internacionales, a quienes acusó de “mercenarios”, descalificó sus trabajos como “rumores y campañas”, y afirmó que “silencian” lo que ocurre en naciones con gobiernos contrarios a su régimen.
Hoy la Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión la Ley de Adhesión al Protocolo Facultativo de Venezuela de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
El padre del parlamentario Renzo Prieto intervino en la sesión de hoy para expresar su preocupación por la circunstancia de su hijo, explicando la lesión en la columna que necesita una operación urgente. Hizo un llamado para su liberación.
Espacio Público informó que el Tribunal 21 de Control de Caracas, el que ordenó la detención del politólogo Nicmer Evans, “estará de guardia dentro de una o dos semanas. En ese tiempo es cuando podría ser presentado”.
La producción de petróleo cayó en junio al nivel más bajo en casi ocho décadas: 393.000 barriles por día. Venezuela pasó a ser el sexto productor de petróleo en Latinoamérica, detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador. El próximo en superarla será Guyana.
El diputado Julio Ygarza denunció hoy que la junta directiva que impuso Nicolás en la Asamblea Nacional, encabezada por el sancionado Luis Parra, está violando los derechos de los trabajadores legislativos, sometiendo a algunos a jubilarse de manera forzada, pero sin honrar los compromisos de ley.
Periodistas de varios medios fueron amenazadas por trabajadores del ferrocarril en Carabobo, quienes les exigieron borrar la grabación hecha en esa obra inconclusa, y las amenazaron: “Métanle balas”. Antes hubo una agresión de una supuesta representante del consejo comunal. El SNTP exige una investigación que determine quién las persiguió, de una forma que pudo generar un accidente en la Autopista Regional del Centro (ARC).
Lástima que Nicolás no explicó la terrible situación que están viviendo en El Valle y Coche (Caracas), parroquias cuyas vías han sido aisladas con placas de concreto y barreras plásticas. Son 150.000 personas aproximadamente que quedan “presas” y sin instrucciones porque su zona se considera un foco de coronavirus.
El poder Ejecutivo de Cabo Verde avaló la extradición a Estados Unidos del colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó hoy su abogado, José Manuel Pinto Monteiro. La extradición la avalaron con base en la opinión judicial de la Procuraduría General de la República. Ahora, la defensa tiene plazo hasta el jueves para interponer un recurso contra la decisión del gobierno. El diputado Julio Borges criticó la contratación del exjuez español Baltazar Garzón como abogado de Saab, al denunciar que detrás de esta acción existe un entramado de corrupción y crimen organizado. Recordó que Garzón defendió las causas de Hugo “El Pollo” Carvajal, y destacó que la defensa ejercida por Saab será pagada con dinero de los venezolanos. Aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien conectó a Garzón con Saab.
Gravísimo que el mensaje de la Fuerza Armada pidiendo “delatar” a ciudadanos se haya distribuido también en grupos vecinales. Es muy grave que Nicolás apruebe la invitación a denunciar vecinos bajo la sospecha de estar contagiados, porque los considera “bioterroristas”, un invento fascista. Una persona contagiada es un paciente, no un delincuente, y como paciente debe ser tratada. Jugar con el miedo de los ciudadanos abre otro vórtice oscuro en el chavismo: las denuncias anónimas pueden responder a venganzas personales y no a la agenda de salud. Ya pasó lo mismo con las denuncias de los “patriotas cooperantes”, que costaron la libertad a varios inocentes. Ninguna persona con síntomas leves está ni estará más segura en un campo de concentración fronterizo, ni en un CDI ni en un hospital sin dotación, de lo que puede estar en su casa.
