“Esta es una decisión muy personal, consciente y valorada que se suma a las múltiples renuncias de especialistas dentro del Servicio de Pediatría. Busco mejores condiciones de vida para mi familia y salvarme de este remolino de violaciones a la salud por un gobierno que no tiene el menor interés por el personal y los pacientes. Para la historia son y serán culpables”.

Así termina la carta con la que el pediatra Germán Rojas Loyola renunció en mayo de 2018 como adjunto a la jefatura pediátrica del Hospital Central Luis Ortega de Porlamar, en la isla de Margarita. Habló de lo que hablan los medios independientes y de lo que saben los pacientes y sus familiares, pero de lo que los médicos que trabajan para el Estado no tienen permiso de mencionar: deficiencias de medicamentos, insumos, recursos de diagnóstico, “el hecho de haber visto morir niños por estas causas, sin que ninguna autoridad hospitalaria se hubiera manifestado públicamente sobre esta situación”.

Para entonces, a Rojas ya lo reconocían en la isla por sus persistentes denuncias, durante los últimos años, de las fallas en el sistema de salud, sobre todo en lo que concierne a la salud infantil. En el primer trimestre de 2016, Rojas conformó un bloque de varios gremios de profesionales de la salud en Nueva Esparta, para presionar por la atención de las deficiencias asistenciales en la región insular. 

El incremento en la tasa de mortalidad infantil era la punta del iceberg. Más de 40 recién nacidos, en su mayoría prematuros, habían muerto en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Luis Ortega, entre enero, febrero y marzo de 2016, como consecuencia de un brote infeccioso por la bacteria Klepsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

En ese momento, las muertes de recién nacidos en los hospitales venezolanos no eran una noticia tan común en los medios como lo son ahora. Faltaban todavía tres años para que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentara en su informe la magnitud de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. 

Cuando Rojas y sus colegas denunciaron esas muertes, la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado José Manuel Olivares (actualmente en el exilio), visitó Margarita. Los congresistas opositores lograron entrar al hospital —fuertemente vigilado por el gobierno central— y otras terribles verdades salieron a la luz. 

La pediatra neonatólogo Francis Zabaleta vio la oportunidad y atrajo las cámaras de los medios de comunicación que ingresaron al hospital, generalmente vedado a la prensa, por la rendija abierta por los diputados. “Tenemos 14 incubadoras pero no funcionan todas. Nos hace falta un saturómetro. No tenemos con qué lavarnos las manos, no hay agua potable, no hay alcohol”, dijo la joven médico. “Solo en enero la tasa de mortalidad de recién nacidos fue de 42 %. Además de la contaminación que se mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva, muchos bebés fueron contagiados por sus madres durante el parto, porque ellas sufrían de vulvovaginitis e infecciones urinarias y no se las habían podido tratar por falta de medicamentos”.

La pediatra explicó ante las cámaras que necesitaban insumos en Margarita, y que era necesario que los hospitales de Punta de Piedras, Juangriego, El Espinal y Salamanca funcionaran, para que sus áreas neonatales puedan descongestionar la del Luis Ortega. Todo el que no puede pagar la medicina privada, en dólares, tiene que acudir a este hospital sumido en esas condiciones; eso significa la mayoría del medio millón de personas que vive entre Margarita y Coche.

De eso no se habla

Han pasado tres años y la piel del doctor Rojas Loyola, de tez morena, es mucho más oscura. No es por la playa; está tostada por el sol después de una mañana de protesta pacífica frente al Hospital Luis Ortega. A más de un año de su renuncia al hospital, él sigue organizando manifestaciones: sigue siendo un médico a tiempo completo, con su consulta privada, pero además es un activista. 

El pediatra, que suele estar alegre y es enérgico, esta vez no puede disimular su decepción. “Nosotros estamos enfocados en dar testimonio de la situación de la salud en Margarita. Con frecuencia salimos a la calle pacientes y médicos para dar a conocer distintas carencias graves que afectan a la población”.

Hasta finales del 2017, cuando dejó el hospital, por lo menos cada tres días se moría un neonato. Hoy, no se sabe. “Las autoridades del hospital han secuestrado toda la información epidemiológica. En 2017, el incremento de la cantidad de muertes de niños con relación al 2015 y al 2016 ya ubicaba a Nueva Esparta en el noveno lugar nacional con mayor índice de mortalidad infantil”, dice el médico, quien además es magíster en Bioética por la Universidad Central de Venezuela. 

Rojas asegura que la situación  ha empeorado desde entonces, porque no se ha hecho nada ante las denuncias. “La directiva lo que hace es acosar al personal y evitar que se sepa la realidad”. Desde la visita de los diputados, los periodistas no pueden entrar al hospital Luis Ortega. 

Ese es el centro de salud más importante de Nueva Esparta y vive a diario los mismos problemas que los de los otros estados de Venezuela, pero acentuados por la vulnerabilidad particular de la isla en cuanto a agua, energía y dependencia de la costa firme. 

A principios de 2018, la asamblea permanente del personal del hospital decretó el cierre técnico de la institución, con lo cual los profesionales establecían que el hospital había perdido la capacidad de proveer atención de calidad básica en el área de emergencia. La respuesta del gobierno central fue una visita del viceministro de hospitales, que viajó desde Caracas para decir que todo estaba funcionando normalmente, aunque se habían suspendido las consultas externas y las intervenciones electivas para concentrar los recursos disponibles en la atención de las emergencias. 

Hasta la fecha, no se han vuelto a practicar cirugías electivas y todo sigue empeorando. 

Ni inyectadoras ni enfermeros

Carmen Figueroa es la presidenta del Colegio de Bioanalistas de Nueva Esparta. En junio de 2019 denunció que la directora del hospital Luis Ortega, donde Figueroa trabaja, la estaba amedrentando por haber revelado las penurias de los pacientes. En un comunicado, la bioanalista contó que a los pacientes se les pide que lleven desde inyectadoras, soluciones, medicamentos, y equipos quirúrgicos, hasta el agua para poder atenderlos. 

Es decir, el hospital solo pone los profesionales, sujetos al silencio y a esas condiciones de trabajo, a cambio de sueldos ridículos.“¿Es falso que en el servicio de laboratorio no se hacen exámenes, ni los de emergencia, no hay exámenes de bacteriología, no hay reactivos en banco de sangre para procesar la sangre para transfusiones?”, escribió la profesional de la salud.

También se refirió a que no hay material para hacer rayos equis y que no hay servicio de imagenología. Denunció, una vez más, igual que como se ha hecho desde otros gremios, “que los hospitalizados solo reciben de comida un bollo de harina blanca y que las camareras no tienen cloro para desinfectar las áreas del hospital”.

A todas estas circunstancias se suma la carencia de personal calificado, que es producto del colapso hospitalario y al mismo tiempo un factor que intensifica la crisis. Solo en el servicio de pediatría del Luis Ortega han renunciado unos 18 especialistas. “Algunos se han ido del país, mientras que otros estamos trabajando en nuestras consultas privadas y haciendo nuestra labor de denuncia”, dice el doctor Rojas. “Han ingresado unos nuevos de los que se han graduado en el hospital, provenientes de varias universidades locales, que se emplean para cubrir las áreas, pero el déficit es importante, sobre todo en Enfermería”.

Él mismo no se ha ido, dice, porque siente que todavía hay cosas que puede hacer. Y porque siente que cuando llegó Guaidó se abrió una esperanza, “tiene que haber un cambio y quiero ser testigo de primera línea. Quiero estar allí para recuperar mi hospital y la salud del Estado”.