“La mesa de negociación nacional, integrada por diferentes factores de oposición, logra hoy la liberación de 14 activistas políticos que estuvieron encarcelados injustamente. Continuaremos abogando para que más venezolanos se reencuentren con sus familias”.

Tales fueron las palabras del pastor Javier Bertucci a los medios el 6 de enero. La mesa de diálogo, conformada a su vez por ocho “mesas” de trabajo que tocan temas que van desde las garantías electorales a la economía nacional, se precia de ser un grupo de acuerdo entre chavismo y oposición, si bien todo el aparataje logístico viene del chavismo y esa “oposición” está encarnada por grupos sin influencia política real, con voceros como Claudio Fermín y Timoteo Zambrano, considerados  como satélites del PSUV.

Tres de estos 14 “activistas liberados”, por ejemplo, eran miembros de una banda delictiva. Renzo Fuenmayor Miquilena, Jesús María Ocando Duarte y Nataly Aurora Gallego Pereira fueron encarcelados en Rosario de Perijá, estado Zulia, en junio de 2019, por violar la Ley Orgánica de Extorsión y Secuestro. Eran integrantes de la banda Alirio Cara Cortá, según pudo constatar el portal EsPaja.com, dedicado a la verificación de datos e información.

Los que sí eran presos políticos eran Jormanth Linares Ramírez, detenido en octubre de 2017, en el estado Miranda, acusado de ser el responsable de un ataque con explosivos a unidades policiales durante las protestas de Altamira; Michael Vargas, detenido en su casa en Caracas, el 17 de octubre, luego de unas manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro; Jesús Medina, reportero gráfico, preso en agosto de 2018 por agentes del Sebin, mientras cubría la crisis hospitalaria. También Manuel Chacín, puesto tras las rejas en octubre de 2017 por su presunta vinculación con Óscar Pérez; y Emilio Boulanger, quien fuera presidente del mercado Municipal de Chacao, acusado de participar en los sucesos del 30 de abril de 2019. Su captura fue realizada por una brigada de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Y, por último, Nelson Guzmán Castellano, trabajador de una empresa de seguridad, a la que también pertenecía Rafael González, apresado en marzo de 2017 en el aeropuerto Internacional de Maiquetía. Fue acusado de los delitos de asociación para delinquir y conspiración.

Según Marino Alvarado, veterano activista por los derechos humanos, lo que hizo el régimen fue aprovechar la coyuntura de excarcelaciones para poner en libertad a algunos delincuentes. Él cree que alguien hizo lobby para sacarlos y el gobierno los incorporó, porque es difícil que ocurran liberaciones sin permiso de arriba. “No creo que sea un error o que alguien de abajo hizo trampa a última hora”.  

En septiembre pasado Rafael Romero, director de la ONG Foro Penal, había dicho en un entrevista radial que, regularmente, se incluyen en el bloque de los supuestos presos políticos liberados a unos que no los son, sino que son delincuentes comunes. Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea, dice que la excarcelación de los presos políticos y comunes siempre ha sido una constante en todos los  gobiernos. En los años ochenta, se excarcelaba a presos políticos vinculados a Bandera Roja, como parte de un acercamiento y de actos unilaterales de bando y bando, para demostrar tener buena voluntad de iniciar conversaciones. “Es algo que se ha hecho en la política nacional de siempre”.

Solo que en el régimen chavista hay presos políticos hasta por hacer un comentario en Twitter, recluidos en cárceles con delincuentes peligrosos, sometidos a tratos crueles, y a los que se les ha violado el debido proceso de forma no solo degradante, sino hasta descarada. Muchos de ellos no tienen sentencia y han sufrido una dilación injustificada por parte del sistema judicial, demoras en los procesos, falta de presentación y diferimientos en tribunales. Amén de que son secuestrados y desaparecidos. 

Y mientras el régimen insiste en diálogos, por una puerta libera a un grupo y por la otra apresa a otros. En diciembre presentaban una lista de excarcelados y secuestraban al diputado Gilber Caro y a su periodista Víctor Ugas, a quien dejaron libre este 17 de enero.

La liberación de los reos comunes, comenta Montes de Oca, es una facultad que tiene el Ejecutivo para conmutar las penas de algunos internos y siempre se hacía en la época decembrina. Esta vez fue regalo del Niño Jesús, las boletas de excarcelación llegaron con los Reyes Magos, un día después de la toma ilegal de la Asamblea Nacional por un grupo de diputados disidentes y expulsados de algunos partidos políticos de oposición. 

Las medidas de presentación “son algo propio de la dictadura”, comenta Montes de Oca. “Eso contradice los principios constitucionales de no tener penas degradantes. Someterte a un proceso de seguimiento después de ser excarcelado en una coyuntura donde hasta trasladarse a un tribunal semanalmente es complejo, con prohibición de salida del país, es una continuidad de la pena”.

Jackeline Sandoval de Guevara, directora de la Fundación para el Debido Proceso, sostiene que los presos políticos “son tratados como rehenes, por lo que no son favorecidos con operativos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, como sí sucede con los presos comunes, a quienes igualmente no se les garantiza el debido proceso, pero sí tienen otro tratamiento”.

Sandoval asegura que a los detenidos por cuestiones políticas los someten a tratos crueles y torturas, y juegan con su salud física y mental, en cárceles comunes y militares. “Quizás se asemeja a la de Pérez Jiménez. La única diferencia es que este régimen se define humanista. Sin embargo, es un violador en todos los sentidos y no creo exista en el país otro caso similar”.

Foro Penal ha dicho que las listas no certificadas de presos políticos permiten anunciar excarcelaciones de personas que ya no estaban presas, e inflar artificialmente el número de presos políticos “libres” para generar un mayor impacto mediático. Estas liberaciones ocurren, ya lo había dicho la abogada Sandoval, en medio de ciertas circunstancias: cuando hay presión internacional o se ha anunciado un proceso de diálogo. Es entonces cuando se dan episodios como cuando al alcalde tachirense Daniel Ceballos y otros 24 detenidos, que como parte de un proceso de “reconciliación nacional” fueron llevados del Sebin en El Helicoide a la Casa Amarilla para transmitir su “liberación” por TV. Incluso ha habido casos de reclusos que teniendo boletas de excarcelación no salen porque sencillamente al Ejecutivo no le da la gana.

Hasta el 30 de diciembre de 2019 había en Venezuela 388 presos políticos, de acuerdo Foro Penal. Están acusados de terroristas, de financiar el terrorismo, de fabricar explosivos y, básicamente, están tras las rejas ilegítimamente por protestar en contra de Maduro.

Desde que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, demandó en julio liberar a los presos políticos (lo que ha repetido en todas sus actualizaciones orales) se había excarcelado a 300 personas en esta categoría, hasta septiembre. A la par dejaron libres a otros que estaban acusados de agresión, estafas y presuntos homicidios. 

Mientras tanto, Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera, fue juzgado por tribunales militares y sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. González fue detenido el 30 de noviembre de 2018 en el marco de protestas y reclamos por el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales. La misma Bachelet rechazó su sentencia y la consideró para su informe. Pero González no salió el 6 de enero como se esperaba. En su lugar salieron tres delincuentes de la banda Alirio Cara Cortá.