En noviembre, tras salir de una operación quirúrgica, Beatriz Gil – directora de la galería de arte homónima en Las Mercedes – recibió una llamada de la Fundación Gego, dedicada al legado y obra de la artista alemana-venezolana. “Beatriz, te tenemos una mala noticia”, dijo la representante de la Fundación, “muy desagradable”.

Poco antes de entrar al quirófano, Beatriz había llevado a la fundación un dibujo de Gego (Gertrud Goldschmidt) para confirmar su autenticidad. Tenía dudas porque el dibujo estaba en excelentes condiciones pero tenía un precio muy por debajo de su valor en el mercado: días antes, unos supuestos galeristas que ella no conocía le habían ofrecido el dibujo de Gego, valorado en 30.000 dólares, por apenas 3.000.  

La Fundación soltó la noticia: era Juna, una obra perteneciente al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Le habían ofrecido patrimonio público robado de un museo.

“Nunca se me había disparado la tensión así”, dice Gil. Decidió llamar a la Fundación Museos Nacionales (FMN), el órgano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura encargado del manejo centralizado de los museos públicos. Inmediatamente le pasaron la llamada a un encargado que Gil describe como “muy decente”. Luego se comunicó con el presidente de la FMN y con Ernesto Villegas, Ministro de Cultura. Así llegó una comisión de ocho personas a la galería y recuperaron la obra robada. Les siguió el Cicpc, que pidió una declaración a Beatriz para el reporte.

Los funcionarios ordenaron inmediatamente hacer un inventario y decomisar las llaves de los museos y bóvedas que tuviese el personal. “La gente del Museo actuó rapidísimo, respondieron muy bien, como deben”, dice la galerista. Días después, Beatriz se enteró de la envergadura del robo: el Cicpc también había recuperado una obra de Carlos Cruz Diez, Serigrafía Abstracta, propiedad del MACC. El jefe de seguridad del MACC, Douglas Hernández Gutiérrez, y Carlos Mora Rodríguez, museógrafo de la Galería de Arte Nacional, quedaron a la orden del Ministerio Público.

Los robos habían sido un trabajo interno, aprovechando el cierre del Museo durante la pandemia.

“Tarde o temprano quien buscase certificación se iba a enterar que era robada”, dice Gil, “la obra está dos veces en el catálogo del Museo”. Además, le habían vendido la obra de Gego por apenas 1.000 dólares a los galeristas que se la ofrecieron a Gil. “Uno no sabe qué necesidad tienen”, piensa Gil, “las vendieron por una miseria”. En diciembre, el Cicpc arrestó en Baruta a Olivia Hanze Contreras, una mujer que falsificaba obras de Alejandro Otero con un sello robado y luego las vendía.

Posteriormente, multaron a Hernández y a Mora y los dejaron en libertad, dice Gil, con una prohibición de acercarse a los museos por cinco años o de trabajar en ellos. Ambos llevaban muchos años prestando servicio en el circuito museístico. 

Obras que se desvanecen

Los robos del Gego y el Cruz Diez han sido los más recientes incidentes ligados a un museo sumido en controversias desde que Chávez despidió a Sofía Imber, su fundadora, en 2001 y el robo de la Odalisca de pantalón rojo de Henri Matisse, reportado en 2004. La obra la encontró el FBI en el Hotel Loews de Miami Beach y fue devuelta a Caracas en 2014.

“La situación en el Maccsi (Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, nombre que tuvo hasta 2006) es bastante delicada por la infraestructura”, dice María Luz Cárdenas, directora del Departamento de Investigación del Museo entre 1978 y 2001. “Cuando nosotros estábamos, le hacíamos mantenimiento todos los años porque está bajo el nivel freático y las instalaciones de Parque Central resultaron realmente lamentables (por la refrigeración centralizada del complejo)”.

La humedad ha obligado a sacar las obras de las bóvedas y a atestar una sala con ellas. El Ministerio de Cultura ha descrito el hecho como “democratizar los depósitos para que el público también pueda disfrutar de las colecciones”. De acuerdo con Cárdenas, el personal “ya casi no puede entrar a las oficinas que están en un sótano por la contaminación de hongos”. También, el confinamiento ha dejado a los museos abandonados por casi un año: “ni limpiaban y resultó en el robo de obras”, dice Cárdenas.

El escándalo de los robos de noviembre de 2020 forzó cambios súbitos e importantes del personal. Muchos fueron transferidos a otros museos. Retiraron de sus cargos a la directora ejecutiva del Museo, Glenda Dorta, y la directora de Registro y Conservación, María Fernanda Reyes. Con ambos despidos, “el último enlace que había con el personal formado con la mística del equipo de Sofía Imber fue totalmente anulado”, dice Cárdenas. “Esto es especulación mía”, afirma, “pero me temo que hicieron una especie de vinculación donde se dice que el personal que viene del equipo de Sofía permitió el robo, cuando no fue así: el Museo estaba cerrado por el confinamiento y la directora ejecutiva tenía covid”. Dorta fue contactada para esta crónica pero no respondió. Reyes declinó ser entrevistada.

Cárdenas no duda de las “buenas intenciones” del nuevo equipo, pero le preocupa mucho su falta de experiencia. “Yo sí considero que hay un interés en borrar la memoria gloriosa de la institución y sobre todo la influencia de Sofía Imber”, dice Cárdenas, “esa colección no ha aumentado desde que Sofía se fue”. Para Cárdenas, habrá que esperar los resultados de los inventarios para comprobar que no se haya reducido. Mientras, una fuente del Instituto de Patrimonio Cultural le informó a Cinco8 que la primera auditoría detectó la falta de diez obras de la bóveda de papel y gráfica, de donde fueron robadas las de Gego y Cruz Diez. Estos hallazgos deberán ser confirmados o desestimados en las siguientes auditorías.

“Uno extrapola y piensa”, dice la galerista Beatriz Gil, “esto me cayó a mí, ¿pero en qué manos pueden caer otras obras?”. Poco después del incidente con el dibujo de Gego, un amigo de Gil le relató cómo le habían ofrecido un cuadro de gran tamaño de Manuel Cabré por 6.000 dólares (muy por debajo de su precio). Aparentemente, provenía de unas oficinas públicas. Pero, en lugar de denunciarlo “se lavó las manos”, dice Gil.

La situación de las colecciones públicas fuera de los museos (Pdvsa, Fogade, bancos públicos, embajadas, etc.) es desconocida por la falta de controles internos.

Lo cual revela la falta de transparencia, de registros accesibles y de cuentas claras en cuanto a las colecciones públicas de arte en Venezuela, que son patrimonio de todos los ciudadanos.

Por ejemplo, en 2019, después de ser designado embajador por la Asamblea Nacional como embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio reportó el robo de tres obras (una de Armando Reverón, otra de Manuel Cabré y otra de Hector Poleo) de la residencia del embajador de Venezuela en Washington. En diciembre de ese año, el bloguero Toto Aguerrevere visitó La Casona (reabierta al público en esas fechas) y comentó que no vio ninguna de las obras de arte moderno, de artistas como Jesús Soto, Héctor Poleo, Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero. “Me dijeron que estaban en restauración”, escribió en su Instagram.

Entre 2007 y 2008, la historiadora Consuelo Andara de la Academia Nacional de la Historia, visitó las bóvedas de Fogade para retirar 48 documentos de Simón Bolívar confiscados en 1994, tras el quiebre de Bancorp. “Logramos ver en las bóvedas un cuadro de Picasso en el piso recostado contra una pared”, dice Andara. “Había otros cuadros, uno detrás de otro. Reconocí el de Picasso porque era el primero y la bóveda no era precisamente el sitio más ordenado. Yo nunca he visto ese Picasso en la salita de rotación (de exhibiciones de arte) de Fogade”. 

La Casa San Isidro no fue saqueada

Otros artefactos del patrimonio cultural venezolano han corrido mejor suerte. El 4 de enero circularon por las redes sociales fotos que evidenciaban las malas condiciones de la Casa San Isidro, en Ciudad Bolívar. Decían que había sido saqueada, y que se habían llevado muebles y ropa del Libertador. Bolívar vivió ahí de 1817 a 1819, y fue en esa casa donde escribió el Discurso de Angostura.

En realidad, ya no había nada del Libertador en la casa cuando fue comprada y restaurada por el Estado en 1966. De hecho, el gobernador de entonces, Pedro Battistini Castro, decidió “comprar algunos muebles de esa época para que (la casa) no permaneciera como un cascarón vacío sino que fuera un museo”, dice Américo Fernández, historiador de la ciudad. “Lo más cercano al Libertador es un fusil desenterrado del campo donde se libró la batalla de Boyacá en Colombia, donado por el cónsul colombiano”. 

Al día siguiente de la euforia viral, Carlos Cárdenas, un periodista oficialista, visitó la casa (cerrada por la pandemia y en proceso de mantenimiento) y grabó un video para mostrar que toda la mueblería y objetos seguían allí. Pero el internet hizo caso omiso: el saqueo fue reportado como cierto por medios digitales como Noticiero Digital y Carabobo Es Noticia.

“Sí es verdad que a veces está sola, sin guardia”, dice Bismarck Ortiz Rondón, docente e investigador de políticas públicas en la Universidad de Oriente de Ciudad Bolívar, quien logró visitar la casa para dar su testimonio en este reportaje. “Fui al sitio donde sucedió el supuesto saqueo: es un cuarto de mantenimiento alejado del área residencial, de construcción reciente”. Ortiz Rondón tuvo acceso a la totalidad de la casa colonial: “está como la he conocido toda la vida, con las deficiencias y descuido de mantenimiento del tiempo transcurrido”.

“Para nada soy afecto a la usurpación”, dice refiriéndose al régimen de Maduro, “pero hay que decir la verdad, no importa de donde venga y a quién pueda favorecer. Se actuó de manera irresponsable en esa cuestión”. Las fotos fueron subidas primero en el Facebook de Leonel Enrique Jiménez Carupe, quien utiliza su perfil para denunciar las deficiencias del Estado en su ciudad, donde simplemente criticó la “ruina y abandono” y el “desprecio” hacia el patrimonio. Pronto brincaron a Twitter. Álvaro J. Natera, exdirector del difunto diario local El Bolivarense, agregó en otro tuit que “se robaron enseres y pertenencias”. Esto fue retuiteado casi 2.000 veces. Así, la noticia falsa ganó tracción y se deformó aún más: se le agregó, por ejemplo, que se habían robado su “ropa” y “muebles”.

¿Se está manipulando la información sobre el estado del patrimonio apelando a sentimientos nacionalistas, con fines políticos? Eso pareciera, porque los falsos reportes los compartieron figuras opuestas a Maduro, como el excongresista copeyano César Pérez Vivas o el exgobernador de Monagas Gato Briceño. Este último dijo: la casa “ya fue desvalijada, se llevaron, ropa, muebles, enseres. Todo lo que le ponen la mano lo arruinan” (sic). Lo cual es casi idéntico a lo tuiteado por la usuaria Ana Cecilia Godoy el 24 de julio de 2019, un año y medio antes de la viralización de la noticia falsa: la Casa San Isidro “ya fue desvalijada, se llevaron todo. Muebles, ropa, enseres”. El tuit de Godoy era una respuesta a otro de Enrique Aristeguieta, quien afirmaba que la Casa Natal del Libertador en Caracas había sido desvalijada y sus pertenencias robadas: “Algún diputado podría asomarse, están a solo una cuadra”, agregaba.

Narváez hecho chatarra

A principios de febrero de este año, Wladmir Guerrero, encargado del área de mantenimiento del Complejo Cultural Santos Michelena de Maracay (mejor conocido como Casa de la Cultura), hurtó la escultura La Maternidad, de Francisco Narváez, primer escultor modernista venezolano y mejor conocido por la fuente de Las Toninas (1945) en la Plaza O’Leary de El Silencio, en Caracas. 

“La escultura es un vaciado en bronce donada por mi papá en 1954”, dice Margarita Narváez, hija del artista y parte de la directiva de la Fundación Narváez. “Es del período de las Nuevas Formas, en el que su planteamiento plástico va cambiando de la figuración propiamente dicha a diluir la figura, camino a la abstracción”.

Pero ya la obra no existe. Tras sustraerla, Guerrero la vendió por 100 dólares (muy por debajo de su valor) a Jhon Peña y Gerson García, dueños de una empresa de comercialización de material ferroso. Allí, cercenaron la obra y se la entregaron a Eduardo Morales quien escondió los restos con Valmore Andrade.

La hicieron chatarra, como ha hecho la mafia del bronce con unas 6.812 estatuas y lápidas en todo el país según Institutional Assets and Monumentos Venezuela (IAM) en 2018.

Los cinco hombres fueron detenidos por el Cicpc, que recuperó algunas partes de la escultura y encontró también un busto de Andrés Bello. “Esto se debe tomar como aprendizaje”, dice Margarita, “porque la desinformación descontextualiza la escultura y la hace un objeto ornamental: el señor no sabía que era una escultura, si no, no la vende por 100 dólares”.

Otras obras públicas de Narváez también han sido robadas o vandalizadas. Por ejemplo, en 2003, un busto de José María Vargas fue robado en el Paseo Vargas. La escultura de bronce Barloventeña con hoja de cambur (1934), que se iba a poner en la Plaza de las Esculturas en Valencia (Museo al Aire Libre Andrés Pérez Mujica), también fue robada en 1982, antes de la inauguración del proyecto. Otra escultura pública del escultor margariteño, como muchas de otros artistas, también están en situaciones precarias por el descuido del Parque del Oeste.

El caso más significativo con un Nárvaez sucedió en 2018, cuando voluntarios del proyecto gubernamental de mantenimiento Chamba Juvenil cubrieron con pintura gris la piedra de la escultura de Narváez La estela de seis volúmenes (1977), en el boulevard Raúl Leoni en El Cafetal en Caracas, porque estaba grafiteada. Ya en 2011, la Fundación Narváez la había renovado por la cantidad de grafitis en su fachada. Tras la pintura gris, un grupo voluntario de restauradores “le quitaron la pintura que gracias a Dios era de caucho y la pieza tenía un producto hidrorepelente que no permitió la absorción”, dice Margarita. “Lo importante de ese evento fue la reacción de la comunidad, que defendió su patrimonio y lograron la actuación inmediata”, dice.

Esta no sería la primera instancia de una obra destruida o vandalizada por actores asociados al gobierno. Por ejemplo, Gioconda San Blas, investigadora y miembro de número de la Academia de Ciencias, reportó en 2019 que la escultura Cinco pantallas (1968-1971) de Gego fue desmantelada paulatinamente en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para presuntos trabajos de restauración. Al final no quedó nada. 

Y hay precedentes mayores: el 20 de octubre del 2005, Alexis Toledo, alcalde chavista del Municipio Vargas, y Pedro Arroyo, presidente de la empresa pública Puertos del Litoral, demolieron con un mazo el Muro de inducción cromática por cambio de frecuencia (1989) de Carlos Cruz Diez, construido para el puerto de La Guaira en celebración de los cuatrocientos años de la ciudad. La obra cinética más larga de América Latina, de dos kilómetros de longitud, había sufrido daños en el deslave de 1999, y luego por los grafitis y afiches políticos. En vez de restaurarla, se decidió su demolición como parte de un ambicioso plan para un bulevar turístico, la restauración de la colonial Casa de los Ingleses y la restauración de los Cilindros de inducción cromática de Cruz Diez en los silos trigueros del puerto. Ninguna de las propuestas se hizo. El muro, demolido, fue reemplazado por rejas alusivas a olas del mar.

“¿Por qué hay que demoler obras que son testimonio de un tiempo de una época?”, diría Cruz Diez ese año en el periódico La Voz, “Eso lo hizo el dictador Pérez Jiménez con el arte colonial. Demolió todo lo que era patrimonio, nuestra historia, y a partir de ese momento nadie respetó el pasado… Eso es muy grave para un pueblo, porque un pueblo que no conoce su pasado repite continuamente los errores”.