El nuevo negocio en Venezuela es la leña para cocinar. Se vende en abastos en todo el país y puede costar hasta uno o dos dólares el atado y pagarse con débito. La escasez del gas licuado del petróleo (GLP) —el gas de bombona, que es una mezcla de propano y butano—, llegó a niveles históricos: un 85 por ciento. Las razones son varias; el resultado es uno: la ciudadanía solo puede cocinar sus alimentos con leña o con cocinas eléctricas.

Venezuela dejó de ser un país petrolero y, del mismo modo, dejó de producir gas para abastecer a los ciudadanos, a las empresas de alimentos y al sector petroquímico. En dos platos: se acabó el gas de bombona y las industrias empiezan a paralizarse por la falta de este hidrocarburo.

Frente a semejante crisis —solapada por la dramática caída del petróleo y la escasez de gasolina—, el régimen de Nicolás Maduro ha tenido tres respuestas: reprimir las protestas, recomendar el uso de leña y anunciar una nueva ley del gas entre las prioridades de la nueva Asamblea Nacional, que espera instalar el 5 de enero de 2021.

Una nueva ley para un nuevo negocio

La Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 establece que el “Ente Nacional del Gas (Enagas) debe vigilar e informar al Ministerio de Energía y Minas sobre la existencia de conductas no competitivas, monopólicas y discriminatorias en la primera venta de gas y entre los participantes de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, así como propiciar el equilibrio económico respectivo”.

Pero a la fecha, Pdvsa controla casi el cien por ciento la distribución de GLP de forma directa: el transporte, el almacenamiento y el llenado de GLP para los sectores comercial/industrial y doméstico. Hay algunas pequeñas empresas en Los Andes, Anzoátegui, Carabobo y Miranda que solo distribuyen GLP. 

Con una nueva ley del gas, eso cambiaría. Antero Alvarado, director regional de la firma Gas Energy Latin American, afirma que la nueva ley del gas “va a estar enfocada en resolver la crisis del propano, en hacer más fácil los procesos de importación. Hasta ahora solo las empresas del Estado han podido importar propano”.

Hay productores cerca como Trinidad y Tobago, pero Estados Unidos es el mayor productor de la región, con empresas como Exxon y Chevron, que le venden a todo el Caribe a través de diferentes traders.

Dice Alvarado que el sector privado tratará de importar, pero hay mucho miedo por las sanciones impuestas desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a los hidrocarburos: “Aunque las sanciones no tocan el propano, hay que pedir permiso, y sin duda que el propano importado de Estados Unidos sería el más económico, pero si ese propano viene de allá, hay que pedir una licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Si el propano proviene del Caribe, por ejemplo Trinidad y Tobago o Nigeria, no es necesario”. 

O sea, que solamente habría que notificar a la OFAC y no pedir licencia, aclara Alvarado, si una empresa no quiere tener problemas con los americanos. Pues cualquier trader puede tener propano para vender a Venezuela sin tener que notificarlo, pero tendría que usar las instalaciones de Pdvsa para descargarlo y almacenarlo. Y agrega que “la otra opción es que traigan bombonas de propano en gandolas y cisternas, y que entren por Colombia. Pero para eso tendrían que abrir la frontera, y alguien tendría que pedir un permiso y decir que va a traer propano de Colombia”.

Rubén Pérez, consultor senior en materia de gas natural y petroquímica, dice que las sanciones a las exportaciones de hidrocarburos hacia Venezuela son para evitar la venta y producción del petróleo venezolano. Es decir, que lleguen al país petróleos de elevada gravedad API (petróleo liviano) y distintas mezclas de hidrocarburos que puedan usarse para diluir los crudos pesados venezolanos. 

Por eso, para importar GLP hay que hacer un reporte para el Departamento de Estado que demuestre que es para las cocinas de las casas, y que no se usará para que el Gobierno de Venezuela obtenga más petróleo o diluentes, lo cual es operacionalmente imposible debido al carácter volátil del propano o de sus mezclas con butano. Dice Pérez: “Tienes que someter esa licencia con soportes que demuestren que ese GLP no puede diluir crudo venezolano. Técnicamente no es difícil de probar, pero el problema es que se apruebe. Pienso que pedir licencias a la OFAC no será la vía sino hacerlo a través de un trader o un tercero que no sea del Gobierno. Por eso la necesidad de la ley del gas”.

Pérez recuerda que desde 2015 hasta 2018 hubo un buque nodriza (un buque de gran tamaño que se utiliza para almacenar propano) estacionado en Aruba y destinado a Venezuela y al Caribe. Se alimentaba con propano producido en Estados Unidos y en República Dominicana, pues Venezuela nunca produjo GLP suficiente para satisfacer la demanda doméstica. Unos buques más pequeños se acercaban al nodriza y hacían el trasiego del propano y lo llevaban al occidente del país, donde era descargado en las instalaciones de Pdvsa. “Cuando comenzó la escasez del propano, aquí llegó GLP hasta de Nigeria y Argelia”, puntualiza Pérez.

Pero el precio de ese propano también aumentará sustancialmente si es importado, porque nadie entrará al negocio para vender bombonas de 10 kilos —que en el mercado internacional oscilan entre 10 y 15 dólares—, a menos de un dólar, que es el precio fijado por Pdvsa Gas Comunal. Como ya no hay gas, una bombona bachaqueada en el mercado negro puede llegar a costar hasta 40 dólares. Y la cocina eléctrica más barata no baja de los 20 dólares.

Con la nueva ley para el sector gasífero se le quieren dar garantías a ese tercer actor que busca hacer negocios, pues para importar GLP hay que tener certezas de que se podrá importar sin riesgo, almacenarlo y distribuirlo a los usuarios. Como Pdvsa tiene el monopolio de todos los eslabones de la cadena del GLP, la Ley Antibloqueo es necesaria para permitir constituir empresas mixtas, u otorgar permisos a empresarios que se encarguen del negocio completo: importar, almacenar, transportar y distribuir.

El artículo 7 de la Ley Antibloqueo reza: “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.

Un alto exdirectivo de Pdvsa, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, reveló que para que el sector gasífero vuelva a los niveles de 2013, cuando se producían tres millones de barriles de petróleo, se requiere invertir 200 millardos de dólares. ¿Puede el Estado venezolano recuperar la producción de gas? No. Necesita la inversión privada y para ello tiene que contar con reglas claras.

Dada la magnitud del deterioro de las refinerías y de las plantas de extracción de Líquido de Gas Natural (LGN) en el oriente del país (San Joaquín, Santa Bárbara y Jusepín), se necesitarán ingentes cantidades de divisas para recuperarlas. Ese LGN se envía al Criogénico de Jose, la única planta de fraccionamiento de GLP activa en el país, para que lo fraccione y haga diversos productos, entre ellos el propano y butano de las bombonas. Pero el que se envía ahora es de mala calidad, pues los yacimientos están maduros y fueron sobreexplotados, y no se cumplieron con procesos operativos para mantenerlos a las presiones óptimas de operación. Además, como las plantas de extracción están en malas condiciones, no extraen el agua y el azufre del GLP. 

Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), dice que el 15 por ciento del GPL que aún se produce, por esos motivos, “es basura, y eso lo sabe Juan Santana, presidente de Pdvsa Gas”.

Para complicar aún más la situación, de los cuatro trenes que hay en Jose, solo funciona uno y opera a una capacidad que oscila entre el 15 y 50 por ciento. Por eso las filas de cisternas en las afueras de Jose son interminables. Hasta siete días se puede pasar en una cola para cargar el producto y distribuir el poco y malo GLP que se produce en el país.

A ello hay que sumarle que las bombonas de gas las distribuyen a discreción los Consejo Comunales y los coordinadores de la entrega de las bolsas CLAP. Y se han convertido en un bien tan preciado que los candidatos a diputados del PSUV las reparten en sus recorridos de campaña. La escasez de gas está muy lejos aún de resolverse.

Mientras tanto, los ambientalistas advierten sobre los tremendos impactos que causa el uso de leña, y las protestas no paran. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.193 protestas en septiembre de 2020, de las cuales 375 fueron exclusivamente para exigir gas doméstico.