A eso de las seis y media de la mañana del 20 de mayo, Melissa Arcila Ruiz, de 38 años, llegó a su apartamento en Los Jardines del Valle, al sur de Caracas. Venía de dejar a sus dos hijos con el transporte escolar y tenía que arreglarse para ir a trabajar, como manicurista, en una peluquería en el centro. 

Apenas metió la lleva en la reja, se dio cuenta de que José Gregorio Pérez la estaba esperando. Sabía que eso significaba peligro: hasta finales de 2018, cuando por fin él se fue de la casa, Melissa había aguantado 15 años de maltrato. Pero no tuvo tiempo de resguardarse. El padre de sus hijos la apuñaló 12 veces en la espalda. Los gritos de Melissa hicieron que los vecinos salieran y la llevaron al centro de salud más cercano, pero llegó sin signos vitales.

Pérez escapó. Poco después apareció en el apartamento de una tía, cerca de allí. Encontró a sus familiares en la sala, les dijo “la maté”, entró a una habitación y se lanzó por la ventana. Era un piso 14 y su muerte fue instantánea.

Lo que le pasó a Melissa le ocurrió al menos a diez venezolanas más en 2018, de acuerdo con la plataforma Monitor de Víctimas. Entre ellas María Isabel León, atacada por el hombre de quien acababa de separarse, quien la culpaba por el fin de la relación, y Maribel del Carmen Cornieles, quien estaba en una farmacia cuando su pareja llegó para dispararle en la cabeza, asesinar al que atendía el local y después pegarse un tiro.

Baja la población, suben los feminicidios

En 2019, pese a la pérdida de población por efecto de la migración masiva, e incluso de la disminución —por la misma causa— de ciertos delitos violentos, el número de feminicidios en Venezuela, en vez de bajar, ha ido en ascenso.

La última vez que el Ministerio Público dio datos sobre este tipo de homicidio fue en su informe anual de 2015, cuando informó que durante ese año se registraron 253 casos. Cuatro años después, la ONG Avesa (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa) dice que solo en siete meses de 2019, de enero a julio, fueron asesinadas 262 mujeres, nueve más que en esa cifra anual oficial de 2015. 

De enero a julio de 2019, Monitor de Víctimas registra al menos 15 mujeres asesinadas en el Distrito Capital por sus parejas o ex parejas, y también menores muertas a manos de padrastros que abusaron de ellas. Diez de estos casos se dieron en el municipio Libertador de Caracas, el más poblado del país, donde se concentra la mayoría de las sedes de los poderes públicos y hay una alcaldesa, Erika Farías, del PSUV. En todo 2018, Monitor de Víctimas registró 10 crímenes de esa índole en la misma área; eso significa que ya en el primer semestre de este año, esa cifra ha sido superada en un 50 %. 

El mismo director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, Douglas Rico, admitió el aumento en los feminicidios el 26 de agosto, e informó que en lo que va de año el organismo ha registrado 1.180 casos de abuso sexual. 

Especialistas como la abogada Reina Alejandra Baiz, quien se dedica al estudio de los feminicidios en Venezuela, explican que la devastación económica y social en Venezuela ha servido de multiplicador de estos casos: a medida que se intensifica la emergencia humanitaria compleja, la hiperinflación, el desempleo, la migración y la escasez de alimentos y medicinas impactan directamente en la violencia dentro de las familias y las parejas. 

La burocracia indiferente

El artículo 15 de la Ley Orgánica venezolana sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio en términos similares a como lo hace la ONU, una “forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producida tanto en el ámbito público como privado”. Baiz dice que nunca es un hecho aislado: “En el sistema patriarcal la violencia es un mecanismo para mantener el control y el hombre necesita agredir a su pareja para sentirse dominante, para no sentirse ahogado por no tener dinero en su cuenta bancaria”. Son hombres que no aceptan que una mujer tome la decisión de dejarlos: la violencia es el recurso al que apelan para afianzar el lugar de dominación que según ellos les corresponde.

La investigadora Marcela Lagarde explica que los feminicidios también se dan con mayor frecuencia cuando las autoridades ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia. Es uno de los principales factores detrás de la impunidad histórica sobre estos delitos. La abogada Dorennis Angulo, directora de la ONG Éxodo, dice que es muy común que el Estado no atienda a las víctimas de la violencia intrafamiliar o de género, a pesar que en 2007 se promulgó la Ley Orgánica Sobre El Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

Por ejemplo, José Gregorio Pérez le había pegado Melissa muchas veces. En dos de ellas le fracturó la nariz. Un día ella perdió el miedo y lo denunció ante el Ministerio Público. Melissa llegó a hacer varias visitas a la Fiscalía, pero los funcionarios le dijeron en una ocasión que su expediente se había perdido, y en otra que no tenían hojas para imprimir el reporte. 

“La muerte de Melissa se pudo evitar”, dijeron su madre y sus hermanas, quienes no quisieron revelar sus nombres, cuando retiraban su cadáver en la medicatura forense de Bello Monte.