Vemos nuevas marcas de ron, cocuy y vodka, un sinfín de cervezas importadas, mezclas de todos los colores y hasta whisky de ediciones especiales. No es porque el confinamiento fue la oportunidad para que el mercado licorero nacional se reinventara y tampoco porque ya es Navidad en octubre. El sector no se arregló: en Venezuela, siete de cada diez litros puros de licor que se consumen anualmente por persona son ilegales.

Esto es así desde hace unos cuantos años.

En noviembre de 2014, tras la publicación de la Gaceta 6.151, el Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (Isaea) para los fabricantes e importadoras se mantuvo en un 15 % para cervezas, pero el 15 % para vinos pasó al 35 %, mientras que el de los destilados aumentó del 20 % a 50 %. Apenas seis meses después, en mayo de 2015, la Gaceta 40.656 estableció que el fabricante y el importador serían el agente de percepción del IVA de toda la cadena comercial de bebidas alcohólicas, es decir, fabricantes e importadores asumirían su propio IVA, más el IVA de los distribuidores, más el IVA de los expendedores mayoristas y minoristas, sin olvidar el nuevo Isaea de 2014 y, desde luego, las alícuotas municipales.

Por esos excesos tributarios, “en 2014 y 2015 comenzamos a ver el crecimiento del comercio ilícito ―explica Luis Enrique Cárdenas, director de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea)― Si bien la OMS recomienda incrementar los precios de las bebidas a través de los impuestos como medida para el consumo responsable, también hace una advertencia: cuando subes los impuestos en países que no hacen fiscalización, el incremento presiona al sector formal y favorece al informal. Eso es exactamente lo que pasó en Venezuela”.

Subió como la espuma

Ya en 2020, cinco años después de las medidas tributarias, la industria casi quiebra por la medida de confinamiento por covid-19. Aunque en octubre de ese año el sector fue incluido en los planes de recuperación económica, estuvo detenido casi siete meses, tiempo en el cual el mercado ilícito terminó de consolidarse por medio de cualquier estratagema de sobrevivencia, por ejemplo, más adulteraciones de rones, muchos llamados “licor de ron” o “ron artesanal”, que desconocen o deciden ignorar la prohibición venezolana de alterar la mezcla y el proceso de elaboración tradicional del ron.

Ahora, la usurpación por venta clandestina o venta informal es lo más extendido. Para Cárdenas, hay una interpretación errada de la Ley Orgánica de Aduanas: “Con los servicios de encomienda traen cualquier cantidad de mercancía con fines comerciales como si fuese para consumo personal y eso no es así, porque las marcas internacionales han dado la exclusividad para la comercialización a empresas que ya están en Venezuela. Entonces, si esos productos de los ʿpuerta a puertaʾ no cumplen la legislación para el registro, es contrabando, y eso es un delito”. 

En la frontera colombo-venezolana, la situación del mercado licorero ilícito es similar. Johnson Delgado, presidente de la Cámara de Licoreros del Táchira, ofrece un ejemplo: “En Los Andes se mueven unas 800.000 cajas de cerveza al mes aproximadamente, pero en su mayoría son colombianas, y quienes las venden no tienen permisología, creemos que venden por unos códigos que otorgan los protectorados… Con las cervezas nacionales pasa que alguien de las empresas las vende a los franquiciados y, si pasa por una bodeguita, también le deja dos cajas y eso no puede ser”.

De acuerdo con Delgado, hay depósitos clandestinos de cervezas y destilados procedentes de Colombia desde los cuales se distribuye hacia el Occidente del país y hacia Caracas. Pero al menos, la producción del miche andino (licor tradicional de la región de Los Andes) se mantiene, aunque todavía sin mayor supervisión sanitaria para evitar adulteraciones que puedan ocasionar daños a los consumidores.

Sin costos de producción ni pago de aranceles por nacionalización, la bebida de contrabando ―traída desde afuera o hecha en Venezuela― termina siendo más atractiva por ser más barata y por dejar muchísima más ganancia que la bebida legal.

Esto es el ejemplo que ofrece Delgado: “La caja de cerveza colombiana de lata cuesta doce dólares y la venezolana veinte. Evidentemente, no podemos competir”.

Mientras la competencia con el licor producido o importado de manera ilícita genera pérdidas de puestos de trabajo directos e indirectos del sector licorero, las bebidas que solo deberían venderse en las zonas libres como Margarita o Paraguaná también se venden en el resto del país, públicamente en las redes sociales y sin cumplir siquiera la norma de promoción del consumo responsable de alcohol. 

“En Caracas, ya hay de todo”

Wilmer, propietario de una de las licorerías que más vende en el suroeste de Caracas y que pide que no se mencione su nombre real ni el de su local, explica a través de la venta de cerveza nacional cómo es que demasiada competencia no es buena:

“Al lado de mi local tengo tres ʿlocalesʾ vendiendo, aunque no son expendios de licores. El camión de cervezas me vende la caja a mí en 16,80 dólares y a ellos en 17,50 dólares. Yo vendo la caja en 18 dólares y ellos la venden al mismo precio, pero yo tengo que pagar el mantenimiento de mi local, Seniat, Sumat, permiso de bomberos, permiso sanitario, las dos botellas que me pide la inspectora del Seniat que viene mensualmente, la ʿcolaboraciónʾ en botellas, cigarros, hielo, agua y refrescos que me pide la PNB a cada ratico, el dinero para que la PNB me deje trabajar hasta la noche, porque aquí en el día no se vende nada… PoliCaracas también me pide para ʿcuidarmeʾ la zona. ¡Me piden hasta para los alumbrados de los arbolitos de Navidad! En cambio, los otros ʿlocalesʾ le dan una mensualidad a la PNB y ya”.

Como Wilmer suma y suma, y la cuenta no le da, compra whisky y vodka en los bodegones para poder ganar uno o dos dólares cuando los venda: “¿Cómo hago? ―dice― Cuando no es anís de un litro en 5 dólares, la gente de por ahí prefiere tomarse un whisky de bodegón en 15 dólares que tomarse un ron bueno, aunque esté en 8 dólares”. Agrega que ya no puede comprarle a la distribuidora oficial, porque tiene los precios más altos y no los puede pagar. Claro que entiende que a la distribuidora, como a él, le toca pagar de todo. Las pocas cervezas importadas que ofrece, las compra a los distribuidores mayoristas que todavía quedan en Venezuela y las marcas nacionales, a vendedores oficiales.

“Ya yo tengo 29 años con mi negocio ―aclara― Le puedo decir con propiedad que antes uno compraba a las distribuidoras oficiales y ganaba el 30 %. Ahora, con todo lo que hacemos, gano hasta un 10 % nada más. Así que ahorita me estoy moviendo con los permisos para vender charcutería, a ver si me dejan trabajar hasta la noche sin tener que darle plata a nadie. Yo no quiero cerrar, ya me conocen, cuentan con uno y me gusta”.

Como Wilmer, muchos trabajadores formales del sector siguen buscando cómo resolver cuando hay de todo lo malo en la misma cuadra.

Salud… por la tristeza

Todo esto no es un asunto de comercio nada más. Los impuestos de licores tienen una finalidad ética, que es destinar estos recursos al Estado para que este, entre tantas tareas, haga controles sanitarios de las bebidas adulteradas con sustancias no aptas para el consumo humano que cuestan poco, pero que se cobran la salud y hasta la vida de quienes las toman.

Los impuestos también sirven para que el Estado promueva las prácticas del buen beber, que incluye beber aquello que se distribuye legalmente. Si el Estado cumple o no con el uso eficiente de estos recursos es otra discusión que, por supuesto, urge siempre, como también urge este asunto del que hablamos, porque el mercado ilegal no respeta los patrones legales ni los patrones morales y así, tampoco respeta la economía nacional.