Los enviados de Bachelet han tenido acceso a las cárceles pero no al Sebin y a la Dgcim
Foto: Cristian Hernández
- Leandro Domínguez, José Gregorio Noriega y Gabriel Peña, tres de los diputados de la «fracción CLAP» (los que están siendo investigados por corrupción luego de la investigación que publicó el portal ArmandoInfo sobre la Comisión de Contraloría), solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia una revisión de la modificación del Reglamento Interior y de Debates aprobada esta semana en la Asamblea Nacional, que permite a los diputados en el exilio participar en las votaciones. Según ellos, esta modificación es contraria a la Constitución, criterio que los acerca sensiblemente a la postura del chavismo para obstruir la gestión de la AN. El TSJ, expedito para socavar las iniciativas parlamentarias, ya convocó para este jueves al pronunciamiento del magistrado Juan José Mendoza en relación a la impugnación. Voluntad Popular expulsó a Noriega. Otros tres miembros de la «fracción CLAP», Conrado Pérez, José Brito y Luis Parra, emitieron un comunicado en el que califican la modificación del Reglamento de Interior y Debates como ilegal e inconstitucional.
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el régimen cerró las oficinas de Venepress. En 2019 ha aumentado ostensiblemente la presión contra la prensa y 55 periodistas han sido detenidos arbitrariamente. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, condenó la acción de la Fiscalía: “Este tipo de figuras ambiguas, sin debido proceso, han sido utilizadas en otros casos como forma de censura medios y detener a periodistas”, escribió. Esto ocurre el mismo día que Michelle Bachelet actualizó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
- El subcomisario Marco Hurtado cumplió la condena de 16 años y 8 meses de prisión que le impuso el finado Hugo Chávez a los policías metropolitanos que defendieron a los ciudadanos en las inmediaciones de Puente Llaguno en abril de 2002. Su esposa, María Paz Castillo, denunció “un secuestro judicial” porque la juez no ha entregado la boleta de excarcelación que le corresponde.
- Venezuela ocupa el penúltimo lugar del Índice de Libertad Humana que califica a 162 países en torno a indicadores de libertad personal, civil y económica. Aunque sea una obviedad: somos el país menos libre de toda América.
- La Fiscalía boliviana emitió este miércoles una orden de detención contra Evo Morales, a quien el Gobierno interino de Jeanine Áñez ha acusado de sedición y terrorismo. Morales recibió la confirmación de su estatus de refugiado en Argentina, lo que, según el Gobierno de Alberto Fernández, imposibilita cualquier posibilidad de extradición.
- La Cámara de Representantes de Estados Unidos debatió y votó sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para abrir el juicio político contra el presidente Donald Trump, quien se convierte en el tercer presidente en la historia de ese país en ser juzgado por el pleno de la Cámara de Representantes. Ni Andrew Johnson ni Bill Clinton salieron del poder.
- Este miércoles fue presentado en su totalidad el Plan País para ser ejecutado desde el día uno tras el cese de la usurpación. El Plan País reúne soluciones, planes y estrategias para aplicar de manera inmediata en las áreas agroalimentaria, infraestructura, seguridad ciudadana, social, reforma institucional del Estado, macroeconomía, servicios, energía y minas.
- ¿De qué habló Michelle Bachelet en su nueva actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Contó que el régimen permitió que se formalizara la presencia de dos enviados suyos en Venezuela, con acceso a todo el territorio, lo que ha permitido la recepción de denuncias y visitas a centros penitenciarios, salvo Sebin y Dgcim. Citó a Cáritas: un 11.9 % de los niños con malnutrición aguda (un alza del 56 % en contraste con 2018) y un 32.6 % con retardo en el crecimiento; un 48.5 % de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales. Reseñó el drama de la energía eléctrica y del hospital J.M. de los Ríos. Habló de la mejoría en abastecimiento y de la dolarización de facto; de las ejecuciones cometidas por cuerpos de seguridad del Estado; de la masacre de Ikabarú y del dominio territorial para la minería ilegal. La Alta Comisionada de Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento de la migración e incluso mencionó el exagerado precio de los pasaportes. También habló de los 102 venezolanos que entre abril y junio desaparecieron en aguas del Caribe, de los detenidos en las protestas, de la intimidación contra periodistas, de los abusos del sistema de justicia, de la libertad del diputado Juan Requesens y del hostigamiento contra la Asamblea Nacional. Expresó su preocupación por el plan de seguir armando a las milicias. Salvo Nicaragua, Cuba, Rusia y China, todos los países que intervinieron luego de su exposición condenaron la grave situación de derechos humanos en Venezuela.