La ausencia de una legislación que garantice el matrimonio igualitario en Venezuela deja desprotegidos y acaba con los sueños de los miembros de la comunidad LGBTQ+. Ana María Díez lo dice así: “Nos toca ser simplemente amigas”.

Por eso ella se fue hace tres meses con su pareja a España. No ha sido fácil. Para trabajar por su país estudió Derecho y una variedad de diplomados, entre ellos el de inclusión social y acceso a derechos de la Organización de Estados Americanos. Con ese background académico incursionó en el activismo político y trabajó en la Asamblea Nacional. Además estuvo involucrada en el proyecto de recolección de firmas para proponer el matrimonio igualitario en Venezuela. “Es una deuda pendiente que cada vez es más grande”.

La homofobia la había hecho huir de El Tigre para instalarse en Valencia y luego en Caracas, pero en la capital se encontró con la homofobia institucional. “Tuve que mantenerme tras bastidores, porque todos esos fiscales y jueces que eran mis profesores eran ampliamente homofóbicos”. De eso han pasado diez años y afirma que han cambiado muchas cosas. “Se ha revertido la percepción hacia nosotros, porque declararte homofóbico es como declararte racista”.

Tras casi cinco años juntas, una casa en Los Palos Grandes y dos perritos, no poder de tener un documento que garantizara su unión ante la ley era demasiado. “Ya no podíamos crecer. Es un techo. Aquí en España presento a mi pareja y no hay miradas feas y estamos tranquilas”.

El primero de julio formalizaron en España una unión que comenzó en una app, Wapa, hace cuatro años. Si después esta pareja decide reinstalarse en Venezuela, tendrá que empezar desde cero.

En el hemiciclo de la AN no se extiende el arcoiris

De los treinta países que admiten el matrimonio igualitario, nueve están en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. En Venezuela, de acuerdo con Díez, la excusa para no legislar sobre uniones del mismo sexo es que hay temas más importantes. Pero ella alega que los derechos no se solapan, se complementan, y que el matrimonio igualitario es un tema que puede tratarse en paralelo con muchos otros de la crisis. 

Durante más de diez años se han hecho solicitudes en distintas instancias gubernamentales para que se promulgue la ley, pero las engavetan. “Ni siquiera se discute. Eso es lo peor que nos puede pasar”. Lamenta que la cuota de culpa se reparta en ambos lados. “Yo lo vi en la plenaria de la AN opositora. Vi partidos políticos que se aliaron para zanjar este asunto”. Acción Democrática y Nuvipa, eternos rivales por sus diferencias ideológicas, en este caso se unieron para bloquear la discusión. “Esto también lo vi en ciertas facciones de Primero Justicia, Copei y Vente Venezuela, que aunque tratan de meterse en la agenda son super homofóbicos y machistas”.

Ana María Díez asegura que dentro de ese hemiciclo de 2005 hay muchos políticos en el closet. “En las sesiones todos se muestran prestos a tomar decisiones, pero es tras bastidores en donde escuchabas no vamos a destruir nuestra sociedad y el concepto de familia”. Haber escuchado eso no solo de políticos mayores, sino de los jóvenes le pareció doloroso.

La ley que no dejaron avanzar

Giovanny Piermattei lleva muchos años batallando para que la comunidad LGBTQ+ disfrute de derechos como el matrimonio igualitario. Desde la Asociación Civil Venezuela Igualitaria apoyó la iniciativa popular detrás del proyecto de ley que se entregó a la Asamblea Nacional en 2014. Los artículos 203 y 204 de la Constitución permiten llevar proyectos de ley a la plenaria, que deben entrar en la agenda de discusión en el siguiente periodo legislativo. Pero la discusión nunca tuvo lugar, “ni siquiera porque protestamos el 31 de octubre. Nunca entramos en agenda”, cuenta Piermattei.

En enero de 2015, el mismo grupo llevó al TSJ una demanda de nulidad del artículo 44 del Código Civil, “el único que obstaculiza el matrimonio para parejas del mismo sexo o género”, explicó Piermattei. El Código Civil no se ha modificado desde 1982, salvo algunas derogaciones de artículos, y la asociación alegó que el artículo 44 —que señala que el matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer— va en contra de la Constitución de 1999, que vela por la dignidad de las personas y define treinta derechos humanos. El artículo 21 de la Constitución prohíbe toda discriminación y proclama la igualdad de todos ante la ley. 

La demanda de nulidad del artículo 44 del Código Civil, respaldada por 47 organizaciones y más de 21.000 firmas, sigue sin sentencia definitiva, pero marca el comienzo de la lucha por el matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo.

Aunque ya había precedentes, como una demanda de interpretación ante el TSJ de la ONG Unión Afirmativa, sobre los artículos 21 y 77 de la Constitución. 

“La Sala Constitucional se pronunció en febrero de 2008, cinco años después. La llamamos la Sentencia Sí Pero No”, dice Piermattei. “Dice que somos iguales pero debemos ser tratados diferentes. Si esto es así, el Estado sigue vulnerándonos en nuestro derecho, lo cual respalda nuestros argumentos”. La sentencia 190 marcó un precedente: “La sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, quienes encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad”.

En 2016, la sentencia N° 1.187 de la Sala Constitucional del TSJ creó otra apertura: “La jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia”.

Otra demanda de nulidad, admitida en 2021 pero todavía sin respuesta, espera derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que para los demandantes colisiona con la Carta Magna al prescribir la expulsión de las FANB de los efectivos que mantengan relaciones homosexuales. 

Pero la carencia de legislación no solo se queda en la inexistencia de un documento que garantice la unión. De ahí se desprenden otros problemas. Piermattei recalca que el tema sucesoral es un punto muy álgido y que se vuelve muy llamativo en la opinión pública. 

Piermattei tiene una lista de los derechos a los que la comunidad LGBTQ+ no tiene acceso en Venezuela, entre los que destaca la protección estatal de todo tipo de parejas y familias, la constitución de hogares, el acceso a la vivienda con ayuda estatal, las adopciones, la reproducción asistidas, las patrias potestades, los deberes de manutención mutuos, la tutela de parejas, adquirir la nacionalidad de una de las parejas, derecho a la seguridad social y los derechos sucesorales. Buena parte de ellos están bloqueados mientras lo esté el matrimonio igualitario.

Para Giovanny Piermattei, “hay un camino abierto. No está prohibido el matrimonio igualitario, solo que no está regulado”. 

Piermattei coincide con Ana María Díez en que ningún partido ha afrontado de forma frontal el tema LGBTQ+, pero sí hay algunos miembros de los partidos que han dado la cara como es el caso de Cambiemos. ”Organizaciones como Voluntad Popular antes lo hicieron, pero es una lucha muy difícil de llevar para ciertos voceros. Más aún cuando se encuentran con una masa de hombres y mujeres heteropatriarcalizados y religiosos cristiano-evangélicos que no dan paso”. Los religiosos, según Piermattei, están en muchas instancias de poder dentro del PSUV, el TSJ y en el Ministerio Público.

Desde su perspectiva, ha habido gente en el chavismo que ha abogado por el matrimonio igualitario, pero igual el chavismo como un todo ha interferido en las decisiones al respecto que debe tomar el TSJ. La oposición tuvo el poder de hacer el cambio cuando dominaba la AN, pero no lo hizo, aunque algunos de sus legisladores son parte de la comunidad LGBTQ+. Piermattei recuerda un caso particular. “Cuando Tamara Adrián alzó la bandera del matrimonio igualitario salió Chuo Torrealba, en ese momento el jefe de la Unidad a nivel comunicacional, y dijo que Tamara Adrián no iba a imponer agendas a la MUD y que el matrimonio igualitario era para países de primer mundo, por lo que no era prioridad en Venezuela”. 

Algo está pasando en El Tigre

Leandro Viloria es uno de esos que alzan la bandera LGBTQ+ en todas las marchas chavistas. Por ello se siente orgulloso. “Creo en el proyecto que nos dejó Chávez, me agrada lo que proponen y quiero que se cumpla”. Pero a la vez sufre al no ver que el matrimonio igualitario se apruebe y que ni siquiera se discuta. Está casado con Koddy Ramírez Azuaje desde el 13 de octubre de 2016, pero su boda se realizó a 7.271 kilómetros de distancia, en Buenos Aires, Argentina. 

“En ese momento Venezuela, como parte del Mercosur, tenía que reconocer el estado civil de casado de los miembros de una pareja homosexual”. Con su acta argentina de matrimonio apostillada, esta pareja acudió al Saime a solicitar la actualización de su estado civil una vez en Venezuela. “El acta de matrimonio es el requisito que el Saime pide, no nos podían solicitar algo más, pero cuando en Saime ven que el acta dice que estoy casado con un hombre piden un requisito más, violando la Constitución porque hay un trato discriminatorio”, recuerda Leandro.

Un año tardó el Saime en responder, con una carta en la que les pide ir al Consejo Nacional Electoral a registrarse, algo que no le piden a las parejas heterosexuales. Al final no lograron ningún cambio, ni tampoco llegaron a solicitar un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para que reconocieran su acta de matrimonio extranjera. 

Viloria culpa a los políticos. “La sentencia 190 del TSJ lo dice: se debe garantizar la seguridad de las parejas homoparentales y heterosexuales, y han fallado en eso”. El TSJ le pasó la responsabilidad al parlamento, pero este no ha hecho nada. En 2020 Nicolás Maduro invitó durante la campaña de las elecciones legislativas a trabajar en esta materia. “Han pasado dos años y aún no se ha promulgado una ley. Entonces es una cosa de voluntad política. La Asamblea es roja rojita y no hay interferencias. Ahora hay una calma política, pero sigue sin ser prioridad”, opina Viloria. 

Para él, en 22 años de revolución aún no se haya avanzado en materia LGBTQ+ es imperdonable. “¿Qué ha pasado con la revolución? Una cosa es lo que se dice y otra es la práctica”. Dice que durante su lucha ha podido tener contacto con diferentes personalidades del chavismo que considera muy abiertas a ayudar. “La gran mayoría de los diputados chavistas están a favor, pero hay una fracción pequeña que está en contra, y que tiene mucho poder. Gracias a Jorge Rodríguez pudimos cabildear para lograr la Venezuela libre de homofobia”.

Como Ana María, Leandro viene de El Tigre y es uno de los que firmó el contrato privado para tener una unión civil. “Se quería el matrimonio, pero los diputados evangélicos frenaron todo. Hace muchos años llevé ante el Concejo Legislativo un proyecto de ley y lo ignoraron. De una me dijeron que era inconstitucional. Por eso me fui a Caracas a luchar. Aquí en la capital hacemos protestas casi todo el tiempo, pero los medios de comunicación no nos cubren”.

Leandro y el alcalde Ernesto Paraqueima diseñaron una figura a partir de la interpretación de los vacíos en la ley venezolana, y el 14 de febrero de 2022 el alcalde anunció el llamado Pacto Simbólico de Convivencia, según el cual en ese municipio de Anzoátegui se pueden celebrar legalmente, si no matrimonios entre dos personas del mismo sexo, un acuerdo privado que se puede registrar en notaría para normalizar y regular la convivencia, estableciendo normas de distribución, adquisición y administración de bienes y frutos obtenidos durante la vida en común.

Es un acuerdo innominado, es decir, un contrato cuyos nombre o características no son definidos por el Código Civil o alguna ley especial, sino que se apoya en el principio de autonomía de voluntad de las partes. La flexibilidad de los acuerdos innominados permite la creación de nuevas formas contractuales que sirven para llenar los vacíos legales que son creados por la rápida evolución de la sociedad que deja en obsolescencia las normas vigentes.

Viloria explica que la figura aprobada en El Tigre no es tan simbólica. “No cambia el estado civil, pero sí equivale a una boda. Con el pacto de convivencia, si mi pareja enferma yo puedo decidir sobre él y si muere yo puedo reclamar su cuerpo, así como compartir los bienes y los recursos obtenidos en el tiempo”. 

Pero aunque el mismo Leandro y su pareja obtuvieron su pacto simbólico, no ha podido notariarlo. “Denunciamos a la notaría vigésimo tercera ante la Defensoría del Pueblo, porque no quiere registrarnos. Dicen que la ley no ha sido aprobada y estamos a la espera. El documento está consignado, pero sigue ahí, durmiendo en un cajón”.

Leandro piensa que si no se aprueba este año la ley en el parlamento, quizás pueda ser en 2024 una estrategia electoral para las elecciones presidenciales previstas para entonces. Eso no le agrada, porque no quiere que sea un instrumento político para ganar votos. “Las encuestas son claras: ni el oficialismo, ni la oposición tienen el peso para ganar. Aquí quién puede que gane es un outsider, outsider que aún no existe, pero si aparece y nos apoya y toma voz por nosotros, tendrá el brazo LGBTQ+ de su lado”.