Para el régimen, no perseguir a las ONG significaría aceptar que la población sufre una emergencia humanitaria por su culpa. Y la propaganda es más importante que la vida de la gente.
Foto: Composición de Sofía Jaimes Barreto
¿Desde cuándo está pasando esto?
Se empezó a ver persecución contra activistas y defensores de derechos humanos desde 2014, principalmente en el interior del país, cuando las organizaciones civiles y de derechos humanos en Venezuela empiezan a hablar de Emergencia Humanitaria Compleja y de la urgencia de recibir cooperación internacional, específicamente en aspectos humanitarios.
Cuando, a principios de 2019, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional se sumó al reclamo por asistencia humanitaria en Venezuela y las fuerzas del régimen bloquearon la frontera a partir del concierto en Cúcuta, muchas Organizaciones No Gubernamentales cuestionaron el uso la emergencia con fines políticos en un marco de conflicto pues, como en efecto pasó, eso traía el riesgo de aumento de la persecución contra quienes realizaban labores humanitarias en el país. Ese año, los principales casos de acoso fueron contra muchas ONG en el interior, que estaban distribuyendo medicamentos y alimentos, organizando operativos de salud y redactando informes sobre las consecuencias humanitarias de la crisis.
Durante ese 2020 caracterizado por el estado de alarma y la pandemia, solo entre marzo y octubre, Provea registró 15 detenciones de defensores de derechos humanos, de un total de 216 detenciones de personas que denunciaban la crisis. “El gobierno entiende la pobreza como una franquicia propia, una posibilidad de control a la población; y cuando los trabajadores humanitarios independientes llegan a un territorio a distribuir medicamentos o alimentos, las diferentes autoridades los perciben como una amenaza”, explica Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
¿Qué tipo de ataques reciben las ONG y los trabajadores humanitarios?
A finales del 2020, Human Rights Watch denunció que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que incluye un patrón de agresiones judiciales y extrajudiciales:
- Congelamiento de sus cuentas bancarias
- Emisión de órdenes de detención
- Allanamiento de sus oficinas
- Detención de sus miembros e interrogatorios
- Acoso e intimidación física
- Amenazas en redes sociales
A su vez, las autoridades bancarias están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y el régimen no ha dado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela con algunas de las principales organizaciones humanitarias.
¿Por qué es un riesgo denunciar la violación de DDHH o la emergencia humanitaria compleja?
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Esto quiere decir que, aunque los derechos humanos son inherentes e inalienables, solo pueden ser violados por instituciones y autoridades estatales o gubernamentales. En el contexto de una emergencia humanitaria compleja, una situación en la que el Estado es incapaz de atender las necesidades más elementales de la población como consecuencia de una serie de decisiones políticas y administrativas, y no debido a un desastre natural o un conflicto armado, las violaciones de derechos humanos comprometen seriamente el derecho a la vida.
Las ONG abordan la situación intentado visibilizar las demandas sociales y diferentes necesidades de la gente, e intentando paliar alguno de sus efectos en sus comunidades más vulnerables. Es decir, hacen la labor que debería estar haciendo el Estado: facilitar el acceso a salud, servicios básicos, alimentación, educación, etc.
Sin embargo, el discurso del régimen de Maduro asegura que todas las necesidades de los venezolanos están satisfechas, y que si hay alguna falla es por la aplicación de sanciones económicas contra el país por parte de actores extranjeros. Cualquier denuncia que cuestione esa narrativa del régimen todopoderoso acosado por el imperio estadounidense pone en riesgo a quien la emite, porque debilita la imagen y el discurso oficial del gobierno. Es un patrón común en las dictaduras: el régimen administra a su favor las privaciones de la población que el mismo régimen provoca, para crear enemigos externos e internos, enaltecerse como la única fuente de bienestar, y extraer beneficios económicos para sus fieles del mercado negro surgido con la escasez. Uno puede ver la misma conducta en autocracias africanas o asiáticas, y sobre todo en el régimen cubano frente al bloqueo de Estados Unidos.
¿Qué efecto tiene la persecución?
Los principales perjudicados no son las ONG, sino las comunidades vulnerables que se veían beneficiadas por su trabajo. Recibir apoyo de la cooperación internacional es un derecho y una necesidad en casos como el venezolano. Cuando desaparecen esas manos amigas de las comunidades, aumentan situaciones de violaciones de derechos humanos; los riesgos para la salud, la vida, la integridad; y para el ejercicio generalizado de derechos de estas comunidades. Por otro lado, las ONG restantes tienen que gastar más dinero, energía, personal y logística en protocolos de seguridad y su acceso al trabajo humanitario disminuye por el miedo que implica ejercerlo. Acosar a Prepara Familia afecta a los pequeños pacientes del hospital J.M. de los Ríos; encarcelar a los miembros de Azul Positivo deja sin ayuda a las familias de Maracaibo que eran atendidas por la ONG.
¿Qué leyes deberían proteger a los activistas de derechos humanos y trabajadores humanitarios?
Tanto la constitución venezolana como los derechos regulados por las cartas normativas internacionales obligan al Estado a no obstaculizar la labor humanitaria. Actualmente, hay diferentes agencias de la ONU en Venezuela, articulando parte de la respuesta humanitaria en el país. Es por eso —y a causa la detención de los cinco miembros de la ONG Azul Positivo— que la campaña en redes se ha enfocado en exigirle a los coordinadores de la acción humanitaria de la ONU en Venezuela que tengan un pronunciamiento claro, público y explícito de rechazo a la detención de estos trabajadores humanitarios y que se sumen a la petición de su inmediata libertad sin ningún tipo de restricción. Pero dados los vínculos que suelen crear los funcionarios de Naciones Unidas con los gobiernos de los países en que trabajan (por necesidad práctica o por afinidad política, es una frontera turbia) son pocas las posibilidades de que esto pase.