Continúa el deterioro progresivo y sostenido de los hospitales en Venezuela, y las clínicas siguen siendo la alternativa para recibir una atención médica eficiente, siempre y cuando se tengan más de 40 dólares para consultas médicas, más de 1.000 por día para hospitalizaciones y más de 3.500 por un acto médico básico.
Con estos costos estimados, la atención médica privada se ha vuelto inaccesible para la gran mayoría de la gente en Venezuela. Esto es una de las consecuencias más terribles de la crisis macroeconómica del país y de otras tantas crisis que se solapan con ella, en particular la emergencia humanitaria compleja.
Del deterioro de la salud pública a la dependencia de la privada
Hacia el final de la década de los cincuenta, los servicios de salud públicos comenzaron a evidenciar su deterioro y, como suele suceder, mientras más deterioro en la atención médica pública, más y mejores servicios privados.
Explica Pedro Delmédico, expresidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales: “Para el 99, además de una descentralización no bien reglamentada que hacía que unos estados del país tuvieran sistemas de salud muchísimo mejores que otros, venía una desinversión lenta y sostenida del PIB en salud, cuya máxima expresión fue entre el 2003 y el 2005”.
La inversión pública se fue al sistema Barrio Adentro, para la construcción y dotación de ambulatorios, centros de diagnósticos integrales (CDI) y salas de rehabilitación en las zonas populares y rurales de Venezuela. Salvo el Hospital Cardiológico Infantil, esa misión se concentró en atención primaria. Los ambulatorios y hospitales, incluso los de cuarto nivel ―que incluyen servicios de cirugía general― continuaron padeciendo la desinversión hasta para la reposición de insumos, mantenimiento y actualización de equipos.
Las mejoras salariales para el personal sanitario también fueron desapareciendo, en desmedro de la misión de médicos cubanos encargados de la atención médica en el sistema Barrio Adentro. Venezuela, como país de acogida, aún hoy, paga por este servicio al gobierno cubano.
La gravedad es que “cuando se fueron encareciendo los hospitales, todos los demás servicios médicos resultaron afectados”, enfatiza Delmédico, pues por no haber mayores alternativas públicas eficientes, los pacientes migraron hacia el sistema de salud privado, sea por la posibilidad de pagarlo directamente de sus bolsillos o por tener un seguro.
Las clínicas se hicieron cargo de la demanda creciente de los pacientes y buscaron mantenerse vigentes en cuanto al uso de nuevas tecnologías médicas para optimizar procedimientos de diagnósticos e intervenciones. Lo lograron a través del acceso de dólares preferenciales para tales fines, un procedimiento que entre el 2000 y el 2015 se volvió inaccesible.
Del dólar subvencionado a la dolarización espontánea
Al menos el 80 % de los insumos médicos de una clínica son importados, así que sin dólares preferenciales no hay precios razonables. Claro que, también sin dólares preferenciales, las posibilidades para adquirir los insumos se ven reducidas: laboratorios, casas médicas y distribuidores de trasnacionales han ido cesando operaciones en Venezuela. Menos presencia de marcas en el mercado es menos competencia y más especulación.
Así, entre el 2015 y el 2018, comenzó a complicarse la compra de cualquier cosa por la salud del paciente. Eduardo Mathison, economista y expresidente del Centro Médico Docente La Trinidad, explica: “Ahora, por ejemplo, para importar un equipo es una cadena de especulación horrible. El fabricante, el proveedor no participa, porque ese es el origen del producto. Él se lo vende al distribuidor exclusivo de la zona y arranca la cosa: al distribuidor exclusivo, para que te consiga el permiso, tienes que tirarle algo. Después al otro para que te lo deje pasar por la aduana, al otro para que te apruebe la entrada y al otro para sacar el equipo de la aduana. Todo esto aunque hayas pagado tu flete y aranceles”.
Dicho de otra manera: las clínicas son los penúltimos afectados de la cadena de consumo.
Desde que un producto sale de su país de origen para ser usado en el paciente en Venezuela, va incrementando su costo para la rentabilidad de distribuidores y funcionarios, y se va convirtiendo en un producto inalcanzable para el paciente, el último afectado.
La única manera de que una clínica venezolana recupere la inversión de cualquier insumo es trasladando el costo a la factura del paciente, es decir, a través del flujo de caja, pues ya los créditos bancarios, además de escasos, no cubren montos tan elevados.
La inversión en tecnología médica, sea en equipos, suministros básicos, fármacos, investigaciones y capacitación de profesionales de la salud, es necesaria e irremediable cuando el modelo de gestión contempla la prestación de un servicio eficiente, eficaz y que permita el avance de la atención médica.
Como indica Mathison, mantener la salud es costoso, porque la tecnología es costosa para adquirirla, mantenerla y reemplazarla.
Ni los honorarios médicos ni las sanciones son la causa
La Constitución y la Ley del ejercicio de la medicina permite que los médicos determinen sus honorarios en acuerdo con el paciente y la institución médica en la cual se preste el servicio. Los honorarios varían, pero como advierte Delmédico, “las diferencias hay que ponerlas en contexto: los costos son relativamente parecidos en las clínicas A, que tienen todas las tecnologías. Obviamente, no podemos comparar una clínica A con una clínica C, que es más pequeña, las estructuras de costo son diferentes. Pero sea en A o en C, nadie está exento de la atención excesiva por especialistas, es decir, de la medicina defensiva, por eso al paciente se le solicitan una cantidad de estudios, para cuidar que no se pase por alto cualquier cosa y cuidarnos de una demanda por mala praxis. Esto, por supuesto, es un componente importante en la factura del paciente”.
En cuanto a las sanciones, aclara Mathison: “No tienen nada que ver. El que diga eso es un gran irresponsable. Las sanciones económicas establecidas y dirigidas básicamente por los Estados Unidos no son sanciones para la salud. Hay sanciones para el petróleo, pero para la salud no hay ni una sola”.
La dolarización no es cura ni remedio
La providencia del Banco Central de Venezuela y el control cambiario de dicha institución permitió la economía transaccional. Pero la distorsión macroeconómica persiste y afecta: “Desde finales de 2019, ha mejorado el suministro de insumos y fármacos, porque que se pueden comprar y vender en dólares, pero hay un cambio en el incremento de la cantidad de bienes y servicios que puedes adquirir con los dólares: todo lo que tú podías comprar con 30 o 33 dólares en enero de 2020, ahora te cuesta 100”, explica Delmédico.
Pero las facturaciones de las clínicas no representan mayores ganancias. Desde el 2014 y aún en estos momentos de hiperinflación consolidada, la Sundde supervisa y fiscaliza que las instituciones de salud no excedan el 30% de sus ganancias, aunque tan solo la reposición de suministros médicos esté muy por encima del valor de dicho 30%. Es, en resumen, lo dicho por Delmédico: “Tienes una hiperinflación con un control excesivo”, además de una vulneración a los derechos de la propiedad privada y la libertad económica.
Mantener la rentabilidad en operaciones de una clínica representa, además, sostener una nómina que es alrededor del 40 % de la estructura de costos, así como el cumplimiento de otras obligaciones: pago de entre dieciocho a veintidós impuestos parafiscales y servicios básicos que, aun dolarizados, han ido incrementando sus tarifas.
“Sí, las clínicas son costosas, pero si profundizas, te das cuenta de que, en la medida de lo posible, el costo sostenible trata de ofrecer un servicio que el tercer pagador pueda lograr. Hay que decirlo: las clínicas son un servicio para un ciudadano que paga impuestos, así que tiene que recibir como contraprestación del Estado que éste le cubra su problema de salud, que es un servicio elemental y un derecho universal que no tiene”, concluye Delmédico.