¿Cuál es la razón de los disturbios?

En un intento por mejorar el grave estado de las finanzas públicas a consecuencia del impacto económico de la pandemia y los gastos del Estado para combatirla, el gobierno del presidente Iván Duque anunció una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en muchos ámbitos, y perjudicaba sobre todo a la clase media colombiana, que con la pandemia se redujo del 31% al 25 % de la población, dice a Cinco8 la abogada especializada en derechos humanos María Cecilia Ibáñez. Las protestas ciudadanas, organizadas principalmente por los ciudadanos y no por actores políticos o institucionales, vieron surgir desde la primera noche una espiral de tensión una vez que la fuerza pública, en particular el equipo antidisturbios Esmad, empezó a reprimir con violencia desmedida, sobre todo en las noches. La represión intensificó las manifestaciones, lo cual condujo a más conflictividad y a más abusos. 

El gobierno suspendió la reforma tributaria y llamó a un diálogo que hasta ahora no ha funcionado, y la protesta continuó, ahora contra la represión y en nombre de muchas otras demandas colectivas. La resistencia a la reforma terminó siendo un estallido de descontento por reclamos económicos, sociales, de justicia y de gestión de la pandemia. El covid en Colombia ha matado a unas 80.000 personas. 

En el contexto de las protestas, aunque la mayor parte de las manifestaciones y de los manifestantes siguen una actitud cívica y hasta festiva en medio de su disgusto, ha habido saqueos, vandalismo y pérdida de bienes públicos y privados. Gente desesperada por la situación económica ha cometido estos actos o ha sufrido las consecuencias de ellos. Partiendo de esto, explica Ibáñez, el gobierno ha estado describiendo la protesta como una gran operación subversiva, no como un reclamo ciudadano por una mejor calidad de vida. El discurso que generaliza la protesta como subversión ayuda a justificar la represión.

¿Quiénes son responsables de la violencia?

Los medios tradicionales no están difundiendo las denuncias de represión y de abusos, sino las redes sociales, principalmente. Aparte de los cuerpos de seguridad, hay denuncias y videos de hombres de civil baleando a manifestantes. También hay evidencias de violencia con los uniformados y numerosos conflictos relacionados con los bloqueos de vías. Voceros como el expresidente Álvaro Uribe, mentor político del actual mandatario, propagan una lectura de la protesta como conspiración de la izquierda extrema para fracturar el Estado colombiano. No está claro que las disidencias de las FARC u otros actores armados, como organizaciones criminales o paramilitares, estén alentando los disturbios o protagonizando la violencia. Pero en el inmensamente complejo mapa de la violencia en Colombia, que no ha cesado con los acuerdos de paz, siempre es difícil determinar quién aprieta el gatillo.

Hay que tener en cuenta, advierte Ibáñez, el contexto previo de violencia. Desde el fin del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC no solo se han negado a participar de los acuerdos las llamadas disidencias de las FARC, sino que el gobierno de Duque (quien llegó al poder con los votos de mucha gente descontenta con el acuerdo de paz) ha sido renuente a cumplir con los compromisos que en ese acuerdo contrajo el Estado, y cientos de líderes sociales (desde organizadores vecinales hasta activistas ambientales o políticos) han sido asesinados impunemente, no se sabe por orden de quiénes, en los últimos años. 

Como sea, las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la Unión Europea y otros actores internacionales han criticado la represión, y finalmente el presidente informó que hay oficiales siendo investigados. Para el momento en que se escribe esta nota, van al menos 40 muertos, algunos de ellos de bala o por impacto de bombas lacrimógenas, y cientos de lesionados. La tercera ciudad del país, Cali, ha sido la más afectada por la violencia.  

¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas de esta crisis?

El gobierno de Duque ha perdido ya dos ministros, el de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, en dos semanas de protestas, y está sintiendo presión tanto interna como de la comunidad internacional. Todo indica que las protestas continuarán y que aunque no se lograrán todos sus objetivos, que son enormemente amplios y numerosos, sí será necesario que el gobierno hiciera ciertas concesiones. Ibáñez piensa que su gestión de esta crisis afectará las posibilidades de reelección de Duque y de su partido en las presidenciales de 2022. 

Pero es pronto para hacer esos cálculos. La protesta es un síntoma de una crisis generalizada de la nación colombiana; en La silla vacía dicen que de hecho esto es el repunte de una movilización ciudadana que había empezado en 2019 y que había sido interrumpido por la pandemia. 

Por el momento, la violencia y los bloqueos están causando un impacto económico y social por determinar, y están afectado el combate a la pandemia y la operación de vacunación, así como toda la vida del país. Ya ha sido totalmente vacunada contra el covid un 5 % de la población, según datos oficiales.

¿Cómo se ve afectada la comunidad venezolana?

La abogada venezolana Selene Soto, que trabaja en Bogotá en el campo de los derechos humanos, parte de los antecedentes: la magnitud del influjo migratorio venezolano hacia Colombia, de más de millón y medio de personas, y la vulnerabilidad de muchos migrantes han generado muchas respuestas de solidaridad y recientemente el Estatuto de Protección, la medida más amplia para los migrantes venezolanos que ha implementado país alguno. Pero también ha crecido la xenofobia, como la misma Selene contó en  Cinco8, dentro de diversos sectores de la sociedad y la clase política en Colombia, no solo en el caso muy conocido de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. 

Soto recuerda que cuando hubo en Colombia una ola de protestas en 2019, era común ver en las redes sociales o en el discurso político que tanto el gobierno de Maduro como los inmigrantes venezolanos eran señalados como instigadores. Vino la pandemia, y con la estrechez económica la hostilidad hacia los inmigrantes creció. Con las protestas de este momento, ha habido menos acusaciones hacia los inmigrantes pero más hacia el régimen, incluso del presidente saliente de Ecuador (nuestras fuentes del Political Risk Report de Caracas Chronicles nos han dicho que en efecto hay agentes del régimen contribuyendo de un modo u otro con los desórdenes, aprovechando las protestas). 

Lo importante, dice Selene, es que esto afecta mucho a los migrantes más vulnerables: el impacto en la vida cotidiana de las marchas, los bloqueos y la violencia impiden practicar la economía informal, desplazarse hacia los empleos, y aumentan la presión por iniciar el peligrosísimo retorno a casa, donde se exponen a los mismos peligros que en el viaje de ida: accidentes, frío, hambre, asaltos, reclutamiento forzoso por parte de grupos irregulares, sobornos y abusos de la fuerza pública.