El régimen de Maduro asegura que el 6 de diciembre se elegirán los parlamentarios de la Asamblea Nacional para los próximos cinco años. ¿Son legítimas estas elecciones legislativas?

No. El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y muchas organizaciones en Venezuela han dicho que no cuentan con las condiciones para ser consideradas legítimas. Las razones son muchas; los académicos venezolanos de IDEA Internacional y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB produjeron un informe de 12 páginas sobre las fallas de la elección. La Unión Europea intentó convencer a Maduro de que debían postergarse hasta que se crearan las condiciones correctas. Maduro no cedió.

Luego de un periodo de debate interno, en el que políticos como Henrique Capriles alegaron que había que participar, la oposición decidió en conjunto que no lo haría. Sus principales razones: el nuevo CNE fue elegido a través del Tribunal Supremo de Justicia y carece de imparcialidad; varios de los partidos y líderes de la oposición han sido ilegalizados, encarcelados, inhabilitados o empujados al exilio y por tanto no pueden participar; mediante el TSJ, el chavismo tomó control de varios partidos; el registro de votantes no está actualizado ni depurado; los emigrados no pueden votar; y el voto secreto no está garantizado. 

¿Debemos votar en esas elecciones parlamentarias?

Es tu decisión, pero debes tomar en cuenta las condiciones en que se hacen. Primero, ir a votar significa exponerse al covid-19, que no se ha ido ni controlado, aunque el régimen haya declarado (en su esfuerzo por mantener al país más tranquilo aunque sea hasta enero) que no habrá medidas de cuarentena este mes. Segundo, el régimen ha hecho saber que será aún más abierto con las prácticas de intimidación y de dependencia de los programas de asistencialismo que quedan, como los CLAP, para obligar a la gente a participar. Para muestra, el chiste de Diosdado Cabello de esta semana. El régimen dice que 250.000 militares participarán en el Plan República; las fuentes de nuestro PRR cuestionan la factibilidad de esa operación dadas las terribles condiciones operativas de la fuerza armada.

Tercero, los postulados son el chavismo y su oposición “oficial”: aquellos actores políticos que dicen ser opositores pero en realidad están ahí para solo representar ese rol en todo lo que el régimen decide hacer. Por ejemplo, José Brito, antiguamente diputado de Primero Justicia por el estado Anzoátegui, hoy se postula desde el partido que dirige (Primero Venezuela), tras la expulsión de sus antiguas filas al demostrarse su participación en la Operación Alacrán (el TSJ incluso llegó a designarlo presidente ad hoc de Primero Justicia). Otro caso notable es el de Luis Parra, antiguo miembro de Primero Justicia y también expulsado al verse involucrado en la antedicha trama de corrupción, llevado posteriormente a una presidencia paralela de la Asamblea Nacional con el apoyo de los diputados chavistas, hoy candidato de Primero Venezuela por el estado Yaracuy. Les acompañan las caras de siempre del régimen, que han renunciado a sus cargos para ser parte de la nueva AN, como es el caso de Jorge Rodríguez. 

Cuarto, la AN fue modificada para favorecer la representación del chavismo.

Violando la Constitución, el número de curules se aumentó unilateralmente por el régimen de 167 a 277. 

No es un evento competitivo, en lo absoluto: es un evento diseñado para que el chavismo gane, usando los recursos de todos, sin ninguna transparencia, rendición de cuentas, ni nada. No habrá observación electoral externa ni una empresa responsable a cargo de la operación. Es como ir a jugar beisbol con alguien que no te permite tocar la pelota, usar bates ni llevar a tus jugadores. 

¿Qué esperar de esas elecciones parlamentarias?

El chavismo se ha asegurado de que todo conduzca al siguiente escenario: en enero estará instalando en el Palacio Legislativo una nueva AN sin oposición, y con el PSUV como partido mayoritario. Lo más probable es que esa AN sea declarada legítima por el CNE y reconocida como tal por los aliados de Maduro (Cuba, Irán, Rusia y compañía, tal vez Bolivia, México, Argentina), mientras que será considerada ilegítima por la Conferencia Episcopal Venezolana, la comunidad académica, la oposición, el Secretario General de la OEA y los gobiernos que han reconocido a Guaidó como presidente interino (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, la mayoría de los gobiernos europeos y varios más). Entonces, esta nueva AN no tendrá respaldo nacional ni internacional suficiente, pero al menos no tendrá a un presidente reclamando el puesto que hoy usurpa Maduro, y al menos firmará algunos contratos y leyes que el régimen necesita para el sector petrolero y defenderse de las sanciones. Todo lo que no cubre la ANC, que parece tener sus días contados, y la Ley Antibloqueo.

La oposición también convocó a una consulta popular a partir del 7 de diciembre. ¿En qué consiste?

Los partidos y movimientos aliados en la mayoría de la actual Asamblea Nacional anunciaron que harán, durante el 5 y 6 de diciembre, el llamado Operativo Contra el Fraude: dos jornadas de denuncias y protestas, durante las cuales llaman a los electores a no presentarse a los centros de votación abiertos por el CNE. Pero el centro de su agenda es lo que bautizaron como consulta popular (no como referendo ni como plebiscito), que somete a la población tres preguntas que se responden con sí o no:

1. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
2. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?
3. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

La consulta popular ocurrirá en dos fases. La fase digital, del 7 al 12 de diciembre, consiste en responder desde cualquier parte del mundo las tres preguntas en una plataforma digital (consultaporvzla.com), una cuenta en Telegram y una app blockchain para votar por teléfonos inteligentes (Voatz, que se ha usado ya en EEUU) que solo estarán disponibles desde el 7 de diciembre. Y la fase presencial, solo en Venezuela, consiste en acudir a los centros de consulta que se anunciarán en esos días. Solo hay que ser venezolano y llevar cédula o pasaporte, aunque estén vencidos. Hay que estar pendiente de las redes sociales de la Asamblea Nacional para saber cuándo se podrán usar las vías digitales y dónde se podrá participar en físico.

¿Quién certifica los resultados de esa consulta popular?

El CNE no tendrá nada que ver. La alianza opositora la tabulará los resultados. Que sepamos, ninguna tercera entidad imparcial los certifica. La app registra cada votante según sus datos biométricos, así que no habría posibilidad de voto doble.

¿Es seguro participar en esa consulta popular?

La oposición asegura que el sistema es auditable, protege el secreto del voto, y que la data estará encriptada y protegida en servidores en el exterior. Los cuadernos físicos en los eventos presenciales serán destruidos una vez se transmita la data. 

¿La consulta popular es un referendo vinculante? ¿Qué esperar de ella?

No es vinculante, no tiene ningún propósito legal directo. Es la manera que encontró la oposición de invitar a la población a manifestarse en contra de las elecciones legislativas convocadas por la dictadura, y a favor de la permanencia de la actual AN. Esta es una iniciativa promovida dentro de la oposición por Juan Guaidó y sus aliados más cercanos, para defender el carácter de este como presidente interino, que proviene justamente del hecho de que era el presidente de la AN cuando Maduro inició su actual mandato ilegítimo el 10 de enero de 2019. El plan es reunir números con los que alegar que tiene más apoyo a la AN electa de manera legítima en 2015 que a la que se elija, de manera ilegítima, este 6 de diciembre, y de relanzar la causa democrática venezolana ante un mundo que ha ido mirando hacia otro lado. En ese sentido, más que al referendo revocatorio de 2004 o los referendos constitucionales, esta consulta se parece más a una marcha, en la que en teoría los asistentes se pueden contar, y no sufrirán represión. Encuestas recientes muestran cierto apoyo a la participación; el reto de la oposición, con su actual poder de convocatoria, es producir números que se acerquen a los de la exitosa consulta de julio de 2017, mientras el chavismo dará los números que quiera y terminará de ocupar el parlamento.