El Departamento de Estado de EEUU ofrece recompensa por su captura. Mientras tanto el covid-19 avanza con la velocidad que lo caracteriza y los resultados de las pruebas, centralizadas, tardan entre siete y nueve días
En este edificio que ha vivido mil desgracias, están presos ahora trabajadores de la prensa enfermos de coronavirus sin la atención debida
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En marzo EEUU ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás, y de 10 millones por Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami. EEUU había acusado antes a Moreno de recibir sobornos para manipular procesos judiciales, lo sancionó en 2016 tras declarar en desacato a la Asamblea Nacional y congeló sus activos en ese país. El canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, publicó un comunicado para rechazar esta acción del gobierno de Donald Trump.
Este martes se reportaron 440 nuevos casos reconocidos de covid-19 y 4 fallecidos a causa de esta enfermedad, lo que eleva los contagios a 12.774 y los fallecidos a 120, según informó la vicepresidenta de Nicolás, Delcy Rodríguez. Contagios locales: 412. Nada nuevo se reportó del Zulia, por ejemplo. Dijo que hay 6.983 recuperados (un 55 % de casos reconocidos), aunque apenas el 18 de julio, el ministro Jorge Rodríguez dijo que había 3.972 (equivalente al 35 %). Vale decir, que tuvimos una tasa de recuperación de mil pacientes por día en las últimas 72 horas.
A través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, trabajadores de VTV con covid-19 denunciaron que están “presos” dentro de las instalaciones del canal, que algunos duermen en el piso (porque no hay suficiente espacio) y que sus familiares no pueden hablar con ellos. Los 50 trabajadores (30 del área de prensa) no reciben atención médica ni medicinas, denunció el SNTP.
Autoridades de Vargas ubicaron un foco de covid-19 en una empaquetadora de cajas CLAP: trasladaron a por lo menos 55 empleados de la empresa Salva Foods 2015 C.A. (propiedad de Álex Saab) a Los Caracas al dar positivo en pruebas rápidas, informó El Pitazo.
Nicolás celebró (¡!) un “Martes de salud”, conectándose con las regiones donde se inauguraron áreas de hospitales que ya habían inaugurado en ocasiones anteriores, más de una vez. Dijo que tiene en mente flexibilizar la cuarentena la semana del 27 de julio, a pesar del incremento acelerado de contagios en todo el país, y que va a construir el poderoso sistema de salud (que no construyó en los siete años que lleva en el poder, ni construyó el chavismo antes). Anunció que el Laboratorio de Biología Molecular del IVIC se suma a la realización de pruebas PCR para el diagnóstico de covid-19 supervisado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Es decir, seguirán controlando la información. Eloy Sira, director del IVIC, le dijo a Nicolás que “la cepa de coronavirus en Venezuela y América es más transmisible que la de Wuhan” (¡!). El infectólogo Julio Castro apuntó: “El problema no es cuántos laboratorios hagan pruebas, lo importante es procesar la cantidad de pruebas necesarias para que un resultado no tarde 7-9 días. Solo así se puede hacer diagnóstico y aislamiento”. Ya antes se ha anunciado la activación de laboratorios en Zulia y Táchira (para las pruebas de los que ingresan al país), pero se desconoce el estatus real de esos servicios.
Durante la sesión de este 21 de julio, el presidente de Juan Guaidó designó al diputado en el exilio José Manuel Olivares como “comisionado Presidencial de Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes”. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se estableció denunciar ante la Corte Penal Internacional la criminalización de los migrantes y refugiados venezolanos que han retornado al país producto de la pandemia de coronavirus. Los diputados también debatieron sobre el terrorismo de Estado y la presencia de grupos irregulares en el país, luego del pronunciamiento de un líder guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) jurando lealtad a Nicolás. Además se recibió un informe de Súmate sobre las irregularidades para las supuestas elecciones del 6 de diciembre, denuncia el rol del TSJ, el retraso del cronograma electoral y la ausencia de garantías para recuperar la confianza en el voto. Por último, el diputado Julio Montoya solicitó crear una comisión mixta que realice una investigación sobre la trama de los bancos quebrados en Centroamérica y el Caribe propiedad del grupo Banco Occidental de Descuento (BOD), propiedad de Víctor Vargas.
El régimen de Nicolás ordenó desalojar la residencia estudiantil Livia Gouverneur, ubicada en el edificio Los Andes de Plaza Venezuela, invadido en 2005 y expropiado con el respaldo del Cabildo Metropolitano. Ahora quieren usarlo para alojar a pacientes contagiados con coronavirus. Los funcionarios de seguridad amenazaron a los estudiantes con acusarles como “bioterroristas” si no abandonaban las instalaciones.
El exdirector de Conatel, Andrés Eloy Méndez, denunció que fue víctima del abuso de las FAES y pidió la acción del gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, por las irregularidades cometidas por ese cuerpo de seguridad del régimen. Advirtió que denunciará la situación con Vladimir Padrino López. La denuncia la publicó El Nacional, no VTV.
El comisario Iván Simonovis denunció que así como nacionalizaron al colombiano Alex Saab, el jefe guerrillero del ELN, Álvaro Díaz —alías Eduard— quien fue noticia este fin de semana por jurarle lealtad a Nicolás, “también resultó favorecido con una identidad legal venezolana. Con ese libertinaje el régimen ha entregado miles de documentos a guerrilleros y a terroristas que atentan contra la seguridad del mundo”, escribió. Por cierto, hoy Honduras incautó 806 kilos de droga en una avioneta procedente de Venezuela.
Lituania, Estonia y Letonia manifestaron su respaldo a la propuesta de Juan Guaidó de establecer un gobierno de transición que conduzca a la realización de elecciones libres y justas, y afirman que la pandemia representa un acelerador para que las condiciones en Venezuela cambien. El canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, criticó este respaldo y preguntó con poco respeto “¿Es tan solo un trámite exigido por Washington?”.
