El 18 de diciembre de 2020, en el acto de clausura de la Asamblea Nacional Constituyente que no redactó ni un solo artículo de ninguna Constitución, Nicolás Maduro esbozó los objetivos críticos de la “revolución” para 2021. El primero: la economía. El segundo, un tema que no se mencionaba hace tiempo: ganar la “batalla comunicacional”.

“La batalla comunicacional, la batalla por la verdad. Ganarla. En cada barrio, en cada familia, en cada urbanización, en cada comunidad. En las redes, en los medios, en las calles, en las paredes. ¡Ganarla!”.

Estas declaraciones no son nada nuevo para la prensa venezolana. Chávez clausuró Radio Caracas Televisión, negó la importación de papel a diarios como El Nacional y chantajeó a las emisoras de radio paralizando los procesos de renovación de concesiones. Maduro siguió atacando a la prensa bloqueando páginas web y sacando canales de las parrillas de las cableras mientras las fuerzas de seguridad del Estado retenían a periodistas que hacían su trabajo, ya sea en tiempos de protestas (2014, 2017) o de pandemia. 

Sin embargo, algunos de los métodos de represión a la prensa que estamos viendo con el inicio de 2021 son completamente nuevos.

El casquillo contra Efecto Cocuyo

En la mañana del 6 de enero, Globovisión publicó un artículo citando a un portal relativamente desconocido, Contexto Diario (número 5.273 en Venezuela en el ranking Alexa), donde se acusaba a Efecto Cocuyo de aceptar “un millón de dólares” de la británica Fundación Westminster para “desestabilizar la democracia en Venezuela”. Acto seguido, El Universal replicó la denuncia. No fue sino horas después que se sumaron los medios oficiales, como la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) o Venezolana de Televisión.

Este patrón era nuevo: atacar a los medios independientes no desde la prensa dependiente del Estado, sino de los medios comprados desde 2013 por gente cercana a Maduro.

“En realidad no es tan nuevo”, aclara Carlos Correa, de la ONG Espacio Público. “Lo que no habíamos visto era este nivel de coordinación. El ataque a Efecto Cocuyo fue planificado y coordinado en esos medios, los medios oficiales y los voceros del gobierno”. 

La directora académica de Medianálisis, Mariela Torrealba, profundiza en el papel de los “medios amigos” del régimen. “El uso de medios pro-oficialistas en las campañas de descrédito contra los medios en tiempos recientes lo que hace es confirmar la conducta que el gobierno ha desarrollado de cooptación de medios, que viene desde hace ya siete años. El gobierno y personas aliadas a ellos (…) empezaron a adquirir medios, buscando la credibilidad que los medios oficiales no tienen”.

Las acusaciones contra Efecto Cocuyo fueron tomadas de un reporte del sitio surafricano Daily Maverick y manipulan los hechos, como se advierte luego de revisar los documentos desclasificados al respecto por Westminster. Si bien es cierto que Efecto Cocuyo y otras fundaciones recibieron donaciones de la Fundación Westminster, los montos atribuidos son incorrectos. Tres días después de publicada la nota de Globovisión, el activista de derechos humanos Rafael Uzcátegui, de Provea, revelaba en su cuenta de Twitter que el Partido Socialista Unido de Venezuela también recibió donaciones de la Fundación Westminster. 

Movimiento de tenazas contra VPI

Otro nuevo procedimiento —también coordinado— se vio el 8 de enero, en el allanamiento de las oficinas de Venezolanos por la Información (VPI) en Caracas. Un grupo de guardias nacionales aseguró el lugar para que funcionarios del Seniat y Conatel confiscaran los equipos del canal por internet y apagaran las transmisiones desde la capital venezolana.

“Este nivel de coordinación entre funcionarios es nuevo. Otra cosa que vemos en el caso de VPI es el foco en plataformas no articuladas al espectro radioeléctrico, como los canales de YouTube”, explica Correa. Los funcionarios del Seniat preguntaron por las facturas de cada uno de los equipos que encontraron en las oficinas. VPI respondió dejando claro que son un medio internacional, con sede en Miami, Florida, horas antes de declarar un cese temporal de sus operaciones desde Caracas. 

El procedimiento contra VPI sienta un precedente contra los medios basados en plataformas de video en internet, como YouTube. Lo más cercano había sido el allanamiento a Venepress en diciembre de 2019. En ese caso, el sitio web ha permanecido activo con alcance limitado, pero su canal (con casi 27.000 suscriptores) no muestra actividad desde la fecha.

Rompiendo a TalCual

Simultáneamente al allanamiento a VPI, el sitio web del Diario TalCual (en el top 40 de medios en Venezuela, de acuerdo a SimilarWeb) estaba bajo un ataque de negación de servicio (DDoS) que lo mantuvo congelado por horas. El jefe de la redacción de TalCual, Víctor Amaya, explicó que “el portal estuvo caído unos minutos y luego pudo ser recuperado, aunque se inutilizó el acceso al administrador, por lo que no se pudo actualizar durante unas tres horas”. Amaya luego puntualizó que se registraron unas 35.000 peticiones simultáneas desde un servidor en Suiza. El lunes siguiente se repitió el ataque, pero a menor escala (unas 10.000 peticiones) que pudieron ser rastreadas a conexiones de Cantv en Venezuela. 

Para el director de TalCual, Xabier Coscojuela, las elecciones del 6 de diciembre eran todo lo que el chavismo necesitaba para renovar los ataques contra la prensa. “El ‘triunfo’ del pasado 6 de diciembre los envalentonó. Quieren poner bajo control o eliminar a toda ONG y medio de comunicación que consideren pueda amenazar sus fines. El allanamiento y robo de los equipos de VPI, los ataques a Efecto Cocuyo, a Caraota Digital, a El Pitazo, al Sindicato de la Prensa por haber, supuestamente, recibido financiamiento del gobierno británico, y el ataque cibernético contra TalCual, son una muestra de lo que pretenden”.

Las palabras de Coscojuela nos recuerdan uno de los objetivos del Chávez post-2002: la hegemonía comunicacional. El término, acuñado por el exministro Andrés Izarra, fue utilizado para respaldar el cierre de emisoras de radio y TV a finales de la década del 2000, para que la única versión que se escuchara fuese la oficial. Casi 15 años más tarde, Mariela Torrealba piensa que ya hemos pasado de ese punto a uno aún más peligroso.

“Creo que estamos en una situación aún más grave que la de la hegemonía. En una situación donde el sistema mediático venezolano ha sido precarizado, achicado, prácticamente destruido (…) Si bien tenemos una importante primavera digital en los medios, la conectividad está restringida a las zonas urbanas, especialmente en la capital. Hay severas restricciones eléctricas y de conectividad en la provincia”.

En el interín, explica Torrealba, “el chavismo copó la mayoría de los espacios con sus medios y con la cooptación de otros medios, al tiempo que redujo los espacios para la deliberación y el diálogo público”.

“Los costos de utilizar esos espacios o tratar de abrir alguno nuevo han subido para la sociedad civil”, añadió Carlos Correa. 

¿Qué significa esto para los venezolanos? Torrealba lo resume en esta frase: “tenemos un país desinformado y mal informado”.