A principios de mayo, Provea denunció que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional en debate en la Asamblea Nacional de mayoría chavista podría criminalizar las ONG, o por lo menos, obstaculizar gravemente la labor de las organizaciones de derechos humanos en el país. Es una estrategia que se ha intentado aplicar poco a poco en Venezuela, pero que ya se ha llevado a cabo en Cuba y Nicaragua, donde hasta el momento se han cerrado más de 200 organizaciones no gubernamentales. “Si revisamos esta normativa fuera de contexto, podríamos decir que es una norma aceptable en un país democrático, pero este no es el caso del contexto autoritario de Venezuela. Nosotros no llamamos al proyecto la Ley de Cooperación internacional sino Ley anti solidaridad internacional”, explica el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui. 

El proyecto de ley aún no se ha presentado formalmente en una sesión ordinaria del Parlamento, pero ya hay muchas alarmas prendidas porque se considera que podría justificar el control, la persecución o la suspensión de las organizaciones, y dejarlas sin acceso a financiamiento externo. “Las ONG deben tener independencia de influencia y autonomía financiera, y los gobiernos deben respetar la existencia de las organizaciones y estimular y facilitar su operatividad. Lamentablemente en Venezuela, esa relación entre las ONG locales, internacionales y el gobierno ha sido muy agresiva”, explica Manuel Parejo, el director de finanzas de Mi Convive. “También es un pase de factura contra las ONG que lograron activar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo la CPI”, agrega Uzcátegui. 

Hicimos este explainer para responder algunas de las muchas preguntas que se han planteado. 

¿Cuáles son los artículos del proyecto de ley que se consideran riesgosos y problemáticos?

Desde la exposición de motivos (la explicación de la necesidad de esta legislación) se expresa que es un mecanismo para silenciar a las personas consideradas enemigos internos que hacen labores de desestabilización. Su tono es tan violento y estigmatizante que califica al Grupo de Lima como el Cártel de Lima. Los artículos 12, 18, 23, 25 y 26 han sido los más cuestionados por los activistas de derechos humanos. 

¿Cómo afecta a las estructuras financieras de las ONG? 

El artículo 12 plantea un fondo en el que el régimen de Maduro recibiría todo el dinero proveniente de la cooperación internacional y lo distribuiría según la jerarquía que considere pertinente. Este fondo no solo podría ser usado de manera discriminatoria, sino que las instituciones de cooperación internacional y los países que financian proyectos a través de sus embajadas no accederían a darle el dinero a las autoridades venezolanas, sabiendo cómo puede ser usado. Es decir: el dinero que recibe Venezuela para labores de desarrollo y DDHH va a disminuir. 

Se trata de avanzar en un cerco legal. “Esta ley va a obstaculizar y torpedear más aún la estrategia y operatividad financiera de las ONG” explica Parejo. “Desde hace varios años hemos visto distintos intentos de detectar el origen de los fondos de las ONG, los cuales en su mayoría vienen de países en contra de las políticas públicas de Maduro, algunos de los cuales ya no tienen relaciones diplomáticas con Venezuela. La ley no solo cambiaría las estructuras, sino que aumentaría los costos de financiamiento”. 

¿Podría esto afectar a las víctimas de violaciones de derechos humanos?

El artículo 23 obliga a informar de dónde vienen los recursos y cómo se administran, y el destino de uso. Esta información le diría al régimen, por ejemplo, cuánto dinero usa Provea para asistir legalmente a víctimas de tortura y personas que están denunciando al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional, y además quiénes son esas personas; así como los pacientes con VIH que atienden organizaciones como Acción Solidaria. 

Para acceder a ese fondo común habría que registrarse en una nueva base de datos. ¿Cuál es el problema con este registro?

El artículo 18 propone un registro de las ONG que podrían acceder a ese fondo. De nuevo, algo normal en un país democrático, pero que en Venezuela hace pensar en los antecedentes de discriminación, control y persecución. “Es como con el carnet de la patria. Ya las organizaciones tenemos lo que según la Constitución son los únicos mecanismos legítimos de identificación: nos hemos registrado en una notaría, nos sometemos a controles de parte del Seniat y cotizamos para la Seguridad Social. Ya hemos cumplido los requisitos de leyes aprobadas en un contexto democrático”, explica Uzcátegui. “Van a decir que hay registros en todo el mundo y que se debe actuar de forma transparente, mientras de forma paralela el Gobierno tiene una campaña permanente de descrédito contra las ONG. Por ejemplo, en el caso de Provea, Misión Verdad tiene 43 artículos sobre el financiamiento de la fundación Open Society de George Soros a Provea, hay una campaña de criminalización abierta solo por vincularse a este tipo de organizaciones internacionales”.

¿Qué requisitos deberán cumplir las ONG para inscribirse en el registro especial?

No se sabe. Eso se debe aclarar mediante un reglamento. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene la potestad discrecional de requerir arbitrariamente un listado de requisitos con el fin de dificultar a las ONG su inscripción.

¿Las sanciones tienen algo que ver con esto?

Los artículos 25 y 26 plantean que serán eliminadas y prohibidas las ONG que de manera directa o indirecta participan en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. “Hay que recordar que en el caso de las ONG, muchas hemos expresado públicamente que estamos a favor de las sanciones individuales —y hemos pedido que se aumenten— contra violadores de derechos humanos aunque hemos sido críticos con las sanciones financieras”. 

¿Podrá aplicarse esta ley a medios independientes y periodistas?

Sí, el trabajo de toda la sociedad civil independiente se vería en riesgo con la aprobación de esta ley. Hay tres estructuras, además de las ONG, que podrían estar en riesgo con esta ley: 

1: Las asociaciones sindicales, que reciben fondos de centrales sindicales internacionales. 

2: Los medios independientes que no pueden sostenerse a través de publicidad y suscripción sino solo a través de la participación en proyectos financiados por organizaciones internacionales. El Comité Para la Protección de Periodistas (CPJ) ya advirtió que este tipo de legislación podría limitar seriamente la libertad de prensa al restringir o bloquear fuentes de financiamiento a medios de comunicación.

3: Las universidades, como por ejemplo la UCV que recibe fondos de la UNESCO para el mantenimiento de su infraestructura. 

¿Afectará también a las organizaciones internacionales? 

Sí. El artículo 22 establece que ONG extranjeras deben legalizar su documentación, participar en el registro, por lo cual esta normativa también las afecta. 

¿Cuándo y quiénes discutirán este nuevo proyecto de ley?

Aún no tiene fecha de aprobación en la Asamblea Nacional. Según el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, Timoteo Zambrano, el proyecto está en la fase de consulta interna del parlamento, por lo cual está lejos de su publicación y puesta en vigencia.

¿Hay antecedentes de acciones contra las ONG en Venezuela? 

Este proyecto de ley es la continuación de una política de persecución contra las ONG que empezó en el 2004, cuando Chávez dijo en un discurso público que había que perseguir el dinero con el que trabajaban las organizaciones porque era un dinero supuestamente para conspirar. Ahí se estableció la línea de acción que se transformó en una política de Estado. Este proyecto de ley es un viejo objetivo del chavismo.

En 2020, Diosdado Cabello dijo que iba a pedir al Ministerio Público aplicar la ley a algunas ONG, a las que acusó de esconder el dinero para beneficiar a varios políticos: “¿Dónde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana? En las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites”. En ese entonces se vieron afectadas (con el congelamiento de sus cuentas bancarias) algunas ONG como Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras. 

¿Por qué el gobierno de Maduro acosa a las ONG?

Hicimos un explainer de esto, y  puedes leerlo acá. 

¿Estas iniciativas afectan algún derecho fundamental o algún tratado?

Sí, tanto la Constitución como los derechos regulados por las cartas normativas internacionales obligan al Estado a no obstaculizar la labor humanitaria y la protección a los derechos humanos.  

¿Este proyecto de ley nos afecta a todos?

Podría afectar la ejecución y efectividad de los programas, proyectos sociales y actividades humanitarias y en defensa de los derechos humanos que llevan a cabo las ONG. También apagará las estrategias que han activado mecanismos internacionales de protección internacional, entre ellos la investigación de la Corte Penal Internacional y las investigaciones de la ONU.