Juan Guaidó aseguró que está latente la posibilidad de perder Citgo (la empresa petrolera venezolana en territorio estadounidense) por la deuda de los bonos 2020 de Pdvsa, y que Nicolás hipotecó los activos del país. Este martes la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo que reitera el rechazo de la deuda ilegal de los bonos 2020; el primer acuerdo fue aprobado en septiembre de 2016, antes de la emisión del título. ¿Por qué ahora? Porque en pocos días comenzará el proceso judicial en Estados Unidos para proteger Citgo Holding Inc., y la ratificación del rechazo es un paso previo para denunciar la ilegalidad del bono, antes del 27 de octubre, cuando los tenedores esperan un pago de más de 900 millones de dólares por capital e intereses. El gran tema alrededor del bono 2020 es que Nicolás otorgó un 50,1 % del capital de Citgo como garantía de cumplimiento. Es decir: en caso de no pagar, cosa que ya sucedió, la nación perdería Citgo. El argumento opositor es que el contrato de la emisión del bono 2020 firmado por Pdvsa es un contrato de interés público nacional y lo debió autorizado la Asamblea Nacional, requisito que el Gobierno de Nicolás no respetó. Tampoco ha rendido cuentas ante la AN por los fondos recibidos en ese préstamo. 

¿El pago es la condena?

El punto débil del argumento es justamente el pago de intereses que se hizo en abril de este año a los tenedores del bono 2020. El diputado Elías Matta dijo que ese pago se efectuó “bajo protesto” (mecanismo jurídico que permitió hacerlo sin reconocer la validez jurídica del bono) para evitar el embargo de Citgo, pero que no harán el próximo pago porque es “ilegal”. El economista Ricardo Hausmann respaldó la explicación de Matta y añadió que en abril “no estaban preparados” para ir a juicio, pero que hoy sí lo están. El procurador especial, José Ignacio Hernández, divulgó un comunicado en el que afirma que el pago bajo protesto permitió diseñar e implementar una estrategia que salvaguarde los derechos de Pdvsa: “De no haberse efectuado ese pago, el riesgo de pérdida de Citgo hubiese sido alto”, dice el comunicado. En todo caso, el ya anunciado incumplimiento del pago de octubre abre el compás para que los acreedores de los bonos 2020 tomen el control de Citgo.

Otros acuerdos de la Asamblea Nacional

La sesión del Parlamento fue larga e intensa. Incluyó debates sobre el estatus migratorio de los venezolanos y la crisis de la autonomía universitaria. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que se declara el estatus de “refugiado en toda la región” para los venezolanos que han huido del país, basándose en el Acuerdo de Cartagena que califica como refugiado al ciudadano que huye temiendo por su vida, seguridad o libertad. El acuerdo insta a la comunidad internacional a reconocer la crisis de los refugiados venezolanos. La Asamblea Nacional también acordó rechazar la sentencia del TSJ que ordena elecciones para autoridades universitarias; creó una comisión para designar al Contralor especial, y autorizó a Juan Guaidó para designar la junta administrativa ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). ¡Ah!, una diputada del PSUV saltó la talanquera: Sandra Castillo, electa en el estado Portuguesa. 

Un salario insuficiente

El presidente encargado, Juan Guaidó, reiteró este martes que el incremento del salario mínimo es insuficiente: “Ese salario no alcanza para un cartón de huevos y medio kilo de queso”, dijo y añadió que ni las cajas Clap ni ninguna otra iniciativa del chavismo han aliviado la emergencia humanitaria compleja que vivimos y que solo han engrosado “una gran trama de corrupción”. Guaidó repitió que para acabar con la crisis se debe terminar la usurpación en Miraflores. Por su parte, el encargado en el chavismo de anunciar el aumento, Francisco Torrealba, aseveró que con este salario los venezolanos podrán adquirir todos los alimentos de las cajas Clap, y si no, “al menos podrán comprar más cosas”. Admitió que el aumento no es suficiente para paliar los problemas económicos y aseguró que la crisis económica se acabará cuando se derrote «a los que hacen la guerra económica». Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, dijo que el gobierno de Nicolás “perdió el control de la economía”, enfatizando que este aumento no resuelve el problema y que la pérdida del poder adquisitivo del aumento será inmediata, porque aquí “pierde valor el bolívar y también el dólar”. Luis Vicente también comentó que el 78,5 % de los venezolanos quieren un cambio político: “No hay duda de que la mayoría de la población es opositora a Maduro”.

Un poco más de economía

El Fondo Monetario Internacional estima que en Venezuela la inflación alcanzará un 200.000 % al cierre de 2019; la economía se contraerá un 35 %; el PIB caerá al menos un 10 % con respecto a 2018, y la inflación llegará a 500.000 % en 2020. De manera similar a sus últimos informes, el FMI volvió a llamar la atención sobre la crisis humanitaria compleja de Venezuela y el impacto devastador de la recesión. 

La principal refinería privada de India, Reliance Industries, reanudó sus importaciones de crudo venezolano y dijo que las pagará con exportaciones de diésel, en un trueque que no viola las sanciones estadounidenses. «Con este acuerdo de trueque, Reliance puede tener crudo barato, lo que ayudará a mejorar su margen de refino», explicó el vocero de la compañía. Otro método aplica Nayara Energy, que está suministrando combustible a la petrolera rusa Rosneft a cambio de petróleo venezolano.

Es interesante el trabajo de Bloomberg sobre el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) y los notables clientes venezolanos que han ocultado dinero allí: Naman Wakil, beneficiado por su vínculo con el exministro de Alimentación, Carlos Osorio; el ex tesorero Alejandro Andrade; el empresario Raúl Gorrín, y los hermanos Luis e Ignacio Oberto. El dato para llorar: “En Venezuela los economistas estiman que la corrupción desvió al menos 385.000 millones de dólares en fondos públicos de 2003 a 2015”. 

Recomendaciones de la OIT

Fedecámaras y algunos sindicatos independientes exigieron al régimen que acate las recomendaciones presentadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ricardo Cusanno afirmó que la viabilidad de estas recomendaciones depende de la voluntad política del gobierno de Nicolás “y la forma de actuar en relación con el sistema productivo y de trabajadores; de no ocurrir, hay otros mecanismos como la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, dijo. También expresó que la solución a la conflictividad no es retirarse de la OIT, como han adelantado algunos voceros del chavismo, porque eso aumentaría la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores. Sobre el aumento de salario, denunció que el régimen ha violado los convenios establecidos en la ley, además de las políticas tripartitas para la construcción de un salario mínimo, sin el necesario respaldo de políticas macroeconómicas consensuadas. El informe de la Comisión de Encuesta de la OIT será llevado a la Asamblea Nacional para su necesario debate. Es un documento que resume las violaciones que en el ámbito laboral ha perpetrado el chavismo.

Oro y petros

El show de variedades de Nicolás fue un encuentro con gobernadores y “protectores” de estados. Fingen tener propuestas para mejorar la gestión de gobierno. Tantas y tan buenas fueron las propuestas, que Nicolás decidió aprobar, a través de algo que llamó el Plan Minero Tricolor, “entregar una mina de oro en proceso y capacidad productiva a cada gobernación de los estados bolivarianos para la producción de recursos en divisas convertibles”. También asignó un millón de petros bimensuales a cada gobernación controlada por el chavismo. En los estados gobernados por opositores (Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta), decidió crear las Corporaciones de Protección Social y Económicas, “para la atención directa del pueblo”. Aseguró que si el pueblo en esas entidades no contara con los protectorados, “estarían totalmente huérfanos”.

Movimientos en el tablero

Diosdado Cabello aseguró desde China que jóvenes venezolanos se formarán allá para crear un nuevo modelo económico bajo la asesoría del Partido Comunista. Además, ampliarán los convenios militares con China para asegurar el mantenimiento de equipos y sellar “la posibilidad de mejorar nuestro armamento”. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a la comunidad internacional a aplicar sanciones fuertes contra el régimen de Nicolás. “Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es el que puede aplicar medidas más fuertes”, dijo.

Antes de asumir el próximo 1° de noviembre como Alto Representante de Asuntos Exteriores europeo, el canciller español Josep Borrell inició este martes una visita oficial a Cuba con el objetivo de reforzar su cooperación. 

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Muchas ONG defensoras de derechos humanos urgen a rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU, y subrayan que elegir a Venezuela sería un insulto contra los millones de ciudadanos afectados por la crisis, máxime cuando este es el primer Estado latinoamericano en ser investigado por el propio Consejo. La elección será el jueves. Venezuela compite con Brasil y Costa Rica.