En noviembre de 2019, el informe coordinado por Convite y HelpAge ya mostraba la situación de las personas mayores en Venezuela: tres de cada cinco personas mayores se acostaba regularmente con hambre, una de cada diez se acostaba todas las noches con hambre y el 23 % de las 1.200 personas que entrevistaron vivían solas. Actualmente, Cabezas es el director general de Convite, organización que defiende los derechos de las personas mayores y registra sus condiciones de vida desde 2006. El trabajo de Cabezas se ha enfocado en recabar información y denuncias, y establecer redes de contacto y ayuda humanitaria (medicamentos, alimentos, productos de higiene personal) en diez estados de Venezuela. 

Cuando Luis Francisco Cabezas explica el contexto en el que las personas mayores vivían antes de la llegada del coronavirus en Venezuela, enumera los muchos elementos que han afectado sus condiciones de vida. En Venezuela nunca ha habido una articulación de sistemas de protección para personas mayores, y siempre se mantuvo la etiqueta de ser un país joven; pero desde el inicio de la emergencia humanitaria,  la migración, la falta de efectivo, la caída del valor de las pensiones, el poco acceso a la salud pública y la intermitencia de los servicios básicos vuelve considerablemente vulnerables a las personas mayores, quienes además suelen enfrentar todos estos obstáculos en soledad. “Este año vimos cómo se ha incrementado la cantidad de adultos mayores que solo come dos veces al día, no tiene acceso a medicinas, depende de la caja CLAP para alimentarse, a pesar de que un 60 % dice que la recibe de manera irregular”, dice Cabezas. “Si revisamos los números diarios de fallecidos en Venezuela, casi el 60 % son personas mayores a sesenta años.” dice Cabezas, “La emergencia previa los exponía a una vida en condiciones precarias de manera prolongada, y el coronavirus aceleró el proceso del desenlace letal”.

Entre el informe de condiciones de vida de las personas mayores de 2019 y 2020 hay grandes diferencias, especialmente en cuanto a inseguridad alimentaria y acceso a servicios básicos. ¿Qué diferencias resaltan para ustedes? 

La diferencia principal es que las personas mayores dependen más de terceros, porque su autonomía cada vez se ve más mermada. Ahora, muchas personas mayores te hacen saber que no podrían sobrevivir sin la ayuda de un tercero. La pensión en algún momento llegó a cubrir el 95 % de la canasta básica, así que las personas mayores han visto un proceso rápido de deterioro. Por otro lado, es un deterioro generalizado. Las personas mayores de sectores populares siempre han estado en condiciones precarias, y eso los ha llevado a generar mecanismos de solidaridad y de convivencia. Pero las personas mayores de clase media se han enfrentado al mismo proceso de destrucción de su forma de vida, con la diferencia de que ellos nunca han construido redes de apoyo. Eso tiene un impacto importante en la autoestima, y vemos muchísimos casos de personas con un deterioro importantísimo de sus condiciones mentales. 

¿Cómo afectan las medidas de cuarentena a la salud mental de las personas mayores en el país? 

Ya en el informe de victimización de 2019 vimos un incremento importante de suicidios en personas mayores, que fue preocupante porque resalta lo limitado que es su acceso a medicamentos de contención farmacológica. Vemos muchos cuadros ansiosos que se ven acelerados por la situación de soledad. Ahora en la pandemia se suman dos elementos nuevos: el confinamiento y el viejismo, el proceso de elaboración de estereotipos y discriminación sistemática contra las personas debido a que son mayores. Con el confinamiento prolongado hay que sumarle la posibilidad del maltrato familiar, en el que las mujeres, los niños y las personas mayores suelen salir perdiendo. Y la estigmatización está presente en muchísimas medidas que se han tomado de forma discriminatoria con las personas mayores. 

Con respecto a estas medidas gubernamentales que se consideran discriminatorias y estigmatizantes para los adultos mayores, ¿cómo podemos reconocerlos como población vulnerable sin victimizarlos en el proceso?

No se puede poner en duda que las personas mayores tienen un riesgo potencial mayor que el resto de la población. Pero vulnerables somos todos frente al covid. Y para todas las poblaciones aplican las mismas medidas de prevención: tapaboca, distanciamiento social y lavado de manos. Pero, por ejemplo, el alcalde de Cumanacoa dijo públicamente que los comercios que le vendieran a personas mayores de sesenta años iban a ser multados, una política absolutamente discriminatoria. No se les puede arrebatar la vida a las personas; hay que brindar información, servicios de protección y soporte domiciliario. Muchas personas mayores trabajan, por ejemplo, y limitar su movilidad significa que pueden ser despedidos de sus trabajos. Generalizar medidas para la vejez tampoco debería ser tan fácil, porque hay muchos tipos de vejeces. Es un colectivo diverso, con muchas personas activas de diferentes formas. Aunque estas medidas se escudan en que son necesarias, que nacen de la buena fe y con la intención de proteger, el daño que generan es mayor a los beneficios. Hay que trabajar los mensajes y las narrativas gubernamentales durante la pandemia, porque han tenido un manejo muy despectivo de la vejez. 

El informe muestra que un 37 % tiene internet y un 83 % tiene servicio de telefonía celular. ¿Cuáles son sus principales canales de comunicación e información durante la pandemia?

Principalmente telefonía móvil. La gran mayoría tiene WhatsApp y consume información por esa vía, lo que significa que no siempre accede a información verificada. Tampoco son usuarios habituales de Twitter o de Facebook. Sí hemos detectado que las personas mayores suelen recibir mucha información falsa o manipulada, cosa que les puede generar muchísima ansiedad.

Aunque el 44 % de las personas mayores dice que su salud ha desmejorado, el 59 % dice que no ha acudido a un centro de salud en lo que va de año. Ahora la pandemia ha generado una nueva cultura de miedo para buscar ayuda médica. ¿Cómo se ven afectadas las personas mayores y su acceso al sistema de salud?  

En este momento, el principal miedo de los adultos mayores es contagiarse. Este es un miedo relacionado a la narrativa estigmatizadora y discriminadora de la que hablábamos. Hay mucho temor a buscar atención médica, especialmente por la sensación que ha generado la cacería de contagiados, y la situación con los albergues. Esto es problemático porque deciden buscar la atención que necesitan cuando es ya demasiado tarde. 

Convite hace trabajo comunitario en diez estados, cada uno con distintas medidas de cuarentena y nivel de escasez de gasolina. ¿Cómo ha cambiado el trabajo con las comunidades? 

Tuvimos que repensar la manera en la que hacíamos todo. Desde el principio nos enfocamos en no exponer a nuestro equipo o a las personas que atendemos; entendiendo que hay personas que dependen exclusivamente del servicio que ofrecemos. Formamos al equipo en la importancia del distanciamiento social. Fuera de la Caracas sí tuvimos que tomar en cuenta la escasez de gasolina. En Barquisimeto, donde tenemos operaciones, empezamos Bici Care, un programa de apoyo voluntario para enviar medicinas a personas con movilidad disminuida. También diseñamos un proyecto para apoyar a 85 ancianatos en Distrito Capital, Miranda y Lara con material de bioseguridad. Expandimos la jornada de entrega de medicinas en Barlovento; y empezamos una capacitación junto a HelpAge para crear grupos de alcance comunitario en Baruta, Chacao, Sucre, Páez (Río Chico) y Libertador. Cada municipio tendrá diez movilizadores comunitarios, dos fisioterapeutas, dos trabajadores sociales y un líder de grupo. Con ese equipo vamos a recabar información sobre personas mayores e identificar casos de especial vulnerabilidad para prestar ayuda con insumos, productos de higiene y medicina. También estamos pensando en una herramienta para prestar apoyo con dinero con el que puedan adquirir alimentos.