Tras desempeñarse como director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería de Colombia, el pasado 9 de octubre, Lucas Gómez García asumió el cargo de Gerente de Fronteras, vacante por más de dos meses.

El presidente Iván Duque definió así la nueva responsabilidad del funcionario colombiano: “seguir atendiendo a los hermanos y hermanas venezolanos, articuladamente con todo el Estado, pero también con alcaldes y gobernadores”.

Gómez García, con experiencia sostenida en asuntos migratorios como consultor de la Organización de los Estados Americanos, de la Organización Internacional para las Migraciones y del Consejo Noruego para Refugiados, le cuenta a Cinco8 los mayores desafíos de su gestión.

Usted y el ministro consejero de la embajada de Venezuela en Colombia, Rafael Del Rosario, asistieron junto con Leopoldo López a diferentes puntos de la frontera donde se concentran los migrantes venezolanos. Este recorrido es parte de la estrategia de coalición para también atender la crisis humanitaria venezolana en Colombia. ¿Cuáles fueron los acuerdos con López y las líneas a seguir en esta estrategia en cuanto al trabajo por nuestros migrantes?

Yo los acompañé, pero realmente el rol nuestro como Gerencia de Fronteras fue mostrarle lo que Colombia está haciendo frente a la atención de la población migrante, para que él tuviera una imagen de la coordinación que está haciendo el gobierno de Colombia con los actores, los cooperantes internacionales y las entidades territoriales. Estamos en unas condiciones muy particulares en la frontera: está cerrada, pero es una frontera viva donde, a pesar de las dificultades políticas, se mantiene la decisión del Estado colombiano de abrir las puertas a los migrantes venezolanos. 

Habla de “condiciones muy particulares” en la frontera. En este momento, ¿qué está ocurriendo allí?

El hecho de que en este momento estén cerrados los pasos regulares ―los puentes― hace que haya una suerte de irregularidad. En la frontera teníamos una migración pendular de alrededor de 55.000 a 60.000 personas al día que pasaban de un lado para el otro y hoy en día, esas personas no pueden pasar de manera regular. Entonces, como la frontera está cerrada, hemos reforzado nuestro control de policías y ejército, pero también entendemos que haya flujos de personas en ese sector, que viven del comercio binacional. Además, estamos viendo que el flujo se está revirtiendo: había flujos de venezolanos que querían retornar a Venezuela por el covid-19, pero en las últimas semanas, incluso en los últimos dos meses, son más venezolanos que quieren entrar o reingresar en Colombia que venezolanos que quieren regresar a su país.

La frontera sigue viva y las puertas abiertas, de manera que los migrantes venezolanos seguirán allí y llegarán otros. Toca responder a la urgencia: mitigar el impacto económico generado por la pandemia de covid-19 en la población migrante, ¿qué está haciendo su oficina al respecto?

Estábamos buscando dar el salto de atención humanitaria a la integración socioeconómica de los venezolanos con algo que para nosotros es clave, que es entender que la migración que tenemos hoy en día en Colombia tiene vocación de permanencia. El covid-19 nos frenó muchas de las políticas de integración que teníamos y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de atención humanitaria y, pues, en eso se ha concentrado gran parte de nuestra gestión. Ahora estamos saliendo un poco de esa lógica de atención humanitaria para que puedan disfrutar de las políticas de reactivación económica que está haciendo el gobierno colombiano, teniendo en cuenta que esperamos unos flujos muy grandes en los próximos meses. Todo esto es una política de Estado muy autónoma que no está en consenso con ningún sector de Venezuela. Es algo que hemos hecho porque el presidente Duque así nos lo ha pedido y porque hemos entendido como Estado y como nación, la necesidad de tenderles la mano a nuestros hermanos y hermanas venezolanos en este momento.

La integración socioeconómica forma parte de la Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela del Consejo Nacional de Política Económica y Social, conocida como Conpes 3950, que termina en 2021. ¿Cuáles son las metas alcanzadas y cómo su gerencia dará solución a lo que falta por hacer?

El Conpes 3950 trazó las líneas inmediatas sobre las cuales actuar. Trabajamos sobre una ruta de atención e integración de esta población en todo lo que va de políticas sociales. En salud y educación se han hecho grandes avances. Por ejemplo, la atención en salud está asegurada para todos los migrantes en territorio nacional, inclusive si están en situación irregular. Obviamente, el tipo de atención y la manera cómo acceden a la atención es diferente si estás en condición regular o irregular, pero aquí no hay un migrante que pueda decir que teniendo una urgencia no haya sido atendido por la red hospitalaria en Colombia. Las cifras de los hospitales en los departamentos en frontera son muy elocuentes: ocho de cada diez nacimientos son de madre venezolana. En educación, más de 350.000 escolarizados.

¿Los pendientes?

Espero que antes de que termine el 2020 podamos sacar algo que nosotros llamamos el “PEP educativo”, que son permisos especiales de permanencia para esos niños que, independientemente de si están en situación regular o irregular, pudieron acceder al sistema educativo en nuestro país. En temas de vivienda y saneamiento básico ha sido un poco más complejo y la pandemia trajo nuevos desafíos, pero se brindó asistencia de acompañamiento a las familias que durante la pandemia iban a ser expulsadas de sus alojamientos. El Conpes también sirve para el fortalecimiento de la institucionalidad existente que atiende a la población migrante de Venezuela, que es la Gerencia de Fronteras, y para coordinar a las demás instituciones del Estado. Para Colombia esto ha sido difícil, dado que nosotros nunca habíamos pensado nuestras políticas migratorias, pero ya se dieron los dos debates en el Senado. Esperamos que en el primer semestre del 2021 tengamos una política moderna que entienda las nuevas características que tenemos acá y que, al finalizar este gobierno en 2022, tengamos unas respuestas claras frente a lo que implica esta migración para los años que vienen.

Según cifras de la ONU, para el 2021, el número de migrantes venezolanos podría superar los seis millones. Su país es uno de los principales destinos o uno de los países de tránsito, ¿cuáles serán las medidas?

Hemos llamado a la comunidad internacional para que no nos deje solos, pero también nuestro andamiaje institucional está buscando entender la lógica de esa ola. Si somos un país de tránsito, encontrar la mejor manera de que ese tránsito se haga de manera segura, ordenada, controlada, que podamos pensar en un escenario de transporte humanitario con acuerdos con los demás países, obviamente teniendo criterios de vulnerabilidad, porque tampoco podemos permitir que se aprovechen de escenarios de ayudas humanitarias. Estamos buscando alternativas.

La percepción es que la cooperación internacional se está yendo o está mirando para otro lado, ¿qué está pasando? Y sin una cooperación internacional robusta, ¿cómo logrará Colombia salir al paso?

Aquí hay que llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que se está viviendo: cuando se mira la relación de los dólares invertidos en cooperación por migrante sirio ―la crisis humanitaria más grande del mundo― versus los dólares invertidos en el migrante venezolano ―la segunda crisis del mundo―, la relación es de casi siete a uno, incluso ocho a uno, es decir, más o menos doscientos ochenta dólares por migrante sirio versus cuarenta y ocho por migrante venezolano. Lo que estamos recibiendo, viendo las diferentes olas migratorias que han llegado a Colombia, es una población más vulnerable y hay que cerrar la brecha de esa vulnerabilidad para poder entrar en dimensiones de integración socioeconómica. Entonces, la dimensión de la atención que hay que darle al migrante venezolano es cada vez mayor. Necesitamos que la comunidad internacional, nuestros vecinos regionales y grandes países cooperantes, den un salto. Tienen que pasar del discurso a los hechos, porque Colombia está haciendo un esfuerzo gigantesco en billones de pesos invertidos para atender a esta población, aunque no sea una responsabilidad exclusiva del Estado colombiano.

Colombia es considerado uno de los modelos de atención al migrante en la región, ¿cuáles son las buenas prácticas migratorias colombianas hacia los venezolanos que pueden copiar otros países vecinos?

Pensar en una política migratoria progresista basada en los principios de hermandad y empatía, de puertas abiertas, que tiene esa dimensión de recibir, acoger e integrar y la integración no es solamente institucional, es también social. Eso no se da en todos los países del mundo y, por supuesto, eso no es sin consecuencias: estamos viendo una presión alta en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema de protección social que puede generar escenarios de estigmatizaciones y xenofobia. Algo que es muy certero en nuestras comunicaciones es decirles a nuestros hermanos colombianos que nuestra historia está ligada a Venezuela y que hace unos años, en épocas de conflicto armado y de falta de oportunidades, éramos nosotros los que íbamos al otro lado de la frontera.

Pareciera que no todos los líderes de su país están en la misma línea comunicacional para lograr la integración, ¿cómo afectan la percepción que tienen los colombianos de los venezolanos las diversas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López?

Yo considero que son comentarios desafortunados, que generan una estigmatización y escenarios de xenofobia muy grandes. Desde la Gerencia de Fronteras hemos hecho el llamado a la responsabilidad en ese tipo de comentarios, porque esto reafirma la necesidad de ser mucho más asertivos en nuestras comunicaciones. Hemos manejado que la criminalidad no tiene pasaporte y toca mover el discurso de que los buenos somos muchos más. En este sentido, hay que generar empatía y trabajar de manera coordinada con los mandatarios locales.

Desde que asumió el cargo, usted ha señalado que el desafío de su gestión es la integración con la regularización y la inserción laboral. El carnet PEP, aunque es un gran logro, no se otorga a priori ni es masivo. No hay inserción laboral sin regularización y sin nada de esto, no hay integración, ¿cómo se logrará a través del PEP?

Bien lo dices: no hay inserción sin regularización. Nuestra política en términos de regularización nos demuestra que casi el 60 % de la población está irregular. Esto no puede ser así. Estamos trabajando en identificar los esquemas que permitan flexibilizar algunos de los requisitos que una gran parte no puede cumplir, porque entendemos las condiciones en las cuales están llegando los migrantes: vulnerables, sin pasaporte, con algún documento de identidad. Tenemos que avanzar en la identificación de las personas que tenemos en el territorio para tener una población regular organizada y controlada para poder, realmente, ejercer la integración plena. Si lo logramos, vamos a crecer mucho más como país.

¿Hay avances en la flexibilización de los requisitos y otorgamiento del PEP?

Hemos pensado que esto tiene que pasar por un proceso más fácil de identificación y registro. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas lógicas y dinámicas que tenemos en el territorio. También necesitamos crear conciencia en las instituciones colombianas. Te pongo el ejemplo: las primeras versiones del PEP necesitaban un pasaporte. Hoy en día, pedirle el pasaporte a un venezolano que lleva más de tres años en el territorio de manera irregular es poner una traba. Yo creo que se trata de unificar todas las medidas necesarias para poder brindarle las herramientas al migrante para que se acerque a la institucionalidad y pueda entrar en una perspectiva de regularidad, y nosotros dotarnos de las herramientas para entender la migración que tenemos y buscar orientar las políticas de integración de estos migrantes.

Eduardo Stein, representante de Acnur para refugiados y migrantes venezolanos, ha identificado precisamente la regularización como la mayor necesidad en la geografía hemisférica, pero no en toda la región se da el estatus de refugio a priori, ni carnet PEP. Peor aún, ni siquiera hay un término unificado cuando se habla de los venezolanos que se ven forzados a migrar. Si bien la regularización no resuelve la problemática, sí permite que los migrantes vayan resolviendo sus necesidades inmediatas, ¿cómo se puede avanzar en materia de regularización del estatus migratorio en la región desde lo que ha logrado Colombia?

Es un tema de visiones de cómo atender. Necesitamos más compromiso independientemente del enfoque usted quiera darle. Tenemos que poner todos de nuestra parte para que esa población venezolana que está huyendo de Venezuela por temas tan diversos como que no hay comida o hay persecución política encuentre una respuesta en los países vecinos. La solidaridad se impone, eso no es una discusión. Es necesidad y obligación encontrar una medida que permita brindar así sea protección temporal a estos migrantes dentro del territorio. Tenemos que trabajarlo muy de la mano con el Grupo de Lima, ponerlo dentro del Proceso de Quito.

Pese al cierre de fronteras y el covid-19, nuestros migrantes siguen huyendo de la crisis humanitaria compleja y ahora lo hacen en núcleos familiares a través de caminos clandestinos (trochas), ¿su llamado a la reflexión?

A los migrantes potenciales quisiera decirles que no es el momento, que no se arriesguen, van a estar a la merced de grupos criminales. Las fronteras están cerradas, pero no vamos a cerrar para que ya no pueda entrar ningún venezolano. Deben esperar. Hay momentos para hacerlo y hay momentos en que es más difícil, porque arriesgan su vida. Además, estamos viviendo una pandemia. Hay unos picos en el norte de Santander que hay que entender y que hay que aceptar.

Llama a la prudencia de los migrantes cuando las razones de la huida son causas estructurales y responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, ¿el llamado a la reflexión no debería ser para ellos?

Nosotros lo tenemos claro: la única causa por la que la población venezolana busca llegar al otro lado de la frontera es que no tiene condiciones por el gobierno ilegítimo e ilegal de Maduro. Es él quien está provocando estos flujos migratorios. Nosotros no tenemos relación ninguna con ese régimen y no queremos ni vamos a tenerla en un futuro cercano. No hacemos el llamado a un gobierno ilegal e ilegítimo, lo hacemos a la población que está huyendo de ese régimen, aunque sabemos y entendemos las dificultades que tienen, y por eso les seguimos brindando protección en nuestro territorio.