En su Resolución 2/18 sobre migración forzada venezolana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó “el compromiso y la solidaridad histórica del Estado y el pueblo venezolano, habiendo sido uno de los países más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas refugiadas y migrantes de múltiples países del continente americano y de otros continentes”. Por ello llamó a los Estados a dar una “respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos” de las y los venezolanos. Pero esa respuesta casi no se ha dado y, con la pandemia de covid-19, no parece ser la prioridad. 

A la natural situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, forzados por la crisis humanitaria compleja venezolana, se suma otro factor que durante la pandemia ha cobrado fuerza: la xenofobia. Y en Colombia, en especial, han sido varios los episodios que revelan una suerte de chovinismo institucional que ha dejado a la población venezolana frente a verdaderas situaciones de riesgo y discriminación. 

Las noticias sobre personas venezolanas que “retornaban voluntariamente” a su país rodaron desde el inicio de la pandemia. Y con rapidez y efectividad, Colombia organizó operativos para coordinar el traslado de 71.000 migrantes —hasta principios de junio— a las zonas de frontera. Esta medida ha sido acompañada por alarmantes declaraciones de distintos funcionarios y autoridades de gobierno. 

La “absoluta generosidad” de la alcaldesa de la capital

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en varias ocasiones ha expresado generalizaciones negativas sobre los venezolanos en Colombia, cargadas de rechazo. En su pulso político con el Gobierno nacional durante la pandemia, López denunció la falta de respuesta efectiva por parte del ejecutivo para atender a la población migrante venezolana en Bogotá. La alcaldesa reconoció que alrededor de 1.200 personas quedaron en la calle, de las cuales el 80 por ciento eran venezolanas, pero agregó que —en medio de la crisis económica y el desempleo generado por la pandemia—  “han sido los impuestos de los capitalinos los que han mantenido a los ciudadanos del vecino país en los últimos tres años”, lo cual ha sido por “absoluta generosidad”. En otra oportunidad, ante las críticas que ha recibido su gestión por el aumento de la criminalidad en Bogotá, la alcaldesa dijo que “hay inmigrantes [venezolanos] metidos en la criminalidad que [nos] están haciendo la vida a cuadritos”. 

La alcaldesa advirtió que su intención no era estigmatizar a los venezolanos que viven en Colombia, pero lo cierto es que tras sus declaraciones el monitoreo digital realizado por la iniciativa Barómetro de Xenofobia registró un aumento del rechazo de los venezolanos del 83 por ciento respecto al día anterior a sus declaraciones.

Abundaron frases como “venezolanos hijueputas”, “limpieza social” y “matando a los venecos”, entre otras registradas.

En una intervención posterior, la alcaldesa hizo una afirmación más preocupante: “hay traer a Migración Colombia”, dijo, porque “el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”. 

Pese al rechazo generado por las desafortunadas intervenciones de López, y la preocupación expresada al respecto por organismos internacionales, la alcaldesa las sostuvo e indicó que lo que estaba pidiendo no era xenofobia, sino “usar herramientas legales que tenemos para garantizar seguridad, convivencia y justicia a todos”. 

Otros dos altos funcionarios del Gobierno nacional en Colombia se han unido a esta idea de relacionar a la migración venezolana como un todo con la criminalidad en el país. En noviembre, el Ministro de Justicia Wilson Ruíz, afirmó que a los venezolanos “se les han dado garantías de salud, seguridad social, pero también […] han generado un problema de inseguridad”. Por su parte, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo —muy activo en cuanto a su oposición al régimen de Maduro en los tiempos en que era canciller en 2019— declaró que “con respecto a la migración venezolana, sí se está identificando que en algunas ciudades de Colombia y regiones del país, esa migración está vinculada con hechos de criminalidad, en cuyo caso específicamente en las zonas donde se presenta se convierte en una preocupación en materia de seguridad”. 

El efecto de todos estos alegatos institucionales es propiciar un clima de rechazo y discriminación contra la población migrante. Todos parten, además, de generalizaciones infundadas que no aportan soluciones concretas al problema de la criminalidad en Colombia, el cual —como demuestran los datos— no guarda relación causal con la migración venezolana. 

La hora de la vacuna

Las referencias a lo que “se ha dado” a la población migrante venezolana en Colombia también esconden un mensaje peligroso, pues las autoridades estatales deberían tener claro que no se trata de donativos por buenas intenciones, ni de generosidad, sino de cumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido el Estado colombiano y que establece la propia Constitución del país. 

En el contexto de la pandemia, la discusión sobre la supuesta relación entre los migrantes venezolanos y la criminalidad en Colombia, ha permitido desviar la atención de las obligaciones del Estado con su población, incluyendo la de garantizar que no sean objeto de discriminación por su nacionalidad o estatus migratorio. 

Este balance negativo de la xenofobia en tiempos de pandemia cierra el año con un anuncio que ha generado mucha preocupación. El 21 de diciembre, el presidente Iván Duque informó sobre el plan de vacunación contra el covid-19 en Colombia y anunció que las personas venezolanas que no tengan también la nacionalidad colombiana, o sin un estatus regular en el país, no podrán vacunarse porque “la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos”. 

Duque no explicó esta decisión basándose en criterios epidemiológicos o de protección de la población del covid-19, sino que aludió a un supuesto cuando menos cuestionable para referirse a unas personas que huyen de una crisis humanitaria que él mismo ha denunciado de manera reiterada. Se quiere evitar así —dijo— una “estampida” de venezolanos que crucen la frontera hacia Colombia para pedir la vacuna. En enero, en una entrevista, sugirió que los venezolanos en situación irregular en Colombia serían vacunados si la comunidad internacional financia las vacunas para ellos.

Lo que sin duda ha quedado claro en esta pandemia es que la xenofobia puede ser una buena aliada cuando se enfrenta una crisis como la generada por el covid-19 y ciertos líderes encuentran utilidad en buscar chivos expiatorios, en vez de reconocer los desafíos y las fallas de una gestión política. 

En 2021, es urgente que los Estados se hagan cargo de sus obligaciones de atender a la población venezolana migrante y refugiada. Porque sí, la estampida seguirá ocurriendo, con o sin vacuna, precisamente porque de eso se trata, de huir. Escapar de una crisis humanitaria que amenaza la vida de las personas venezolanas y las seguirá forzando a dejar atrás su país, justo para hacer lo todo el mundo ha buscado durante esta pandemia: sobrevivir.