La petición por la despenalización y legalización del aborto ha sido una de las luchas constantes de América Latina en la última década. Pero Venezuela está rezagada en la región en la discusión de derechos sexuales y reproductivos para la población de mujeres y personas gestantes. En Argentina, los movimientos detrás de La Marea Verde alcanzaron la legalización del aborto en diciembre de 2020, poco antes de la reciente despenalización del aborto por la Corte Suprema en México. Mientras tanto, en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele cerró este mes la puerta a la aprobación del aborto terapeútico que estaba incluido en el paquete de reformas constitucionales.

Otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, desde 2006 admiten el aborto cuando está justificado por tres causales: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; cuando una grave malformación del feto hace inviable su vida extrauterina; y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. En Bolivia se admite una cuarta causal: cuando el embarazo es producto de incesto. 

Los países donde el aborto es legal sin necesidad de justificación alguna son Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico, mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití tienen las leyes más restrictivas de la región: allí no permiten la terminación del embarazo bajo ninguna circunstancia. 

En Venezuela sólo está permitida esta práctica cuando corre riesgo la vida de la madre. El Código Penal castiga a los que practican el aborto con penas entre seis meses y dos años de prisión, a pesar de que la emergencia humanitaria ha aumentado la mortalidad materna, ha detenido las políticas públicas en torno a la información sanitaria y sexual, y ha afectado el acceso a distintos métodos anticonceptivos del país. El informe sobre Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021, dice que en “las principales ciudades de Venezuela el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias osciló entre el 83,3 y 91,7 por ciento”. 

Según un informe de la ONG Avesa, en Venezuela por cada cuatro partos se atiende un aborto clandestino. Solo en 2019 hubo un promedio de 15 abortos por día, con un total de más de 2.200 en el año. El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Venezuela.

Cinco8 habló con cuatro activistas que han sido parte de la organización de “La ruta verde” y de la primera manifestación a favor de la despenalización del aborto en Venezuela para poder entender mejor el panorama de los derechos sexuales y reproductivos en el país. 

¿Por qué abogan por el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Venezuela? 

Malu Valerio, Colectivo Sobrepasadas: 

En Venezuela está penalizado abortar, incluso si eres menor de edad y has sufrido violación. Las penalizaciones contra quienes deciden terminar un embarazo se sustentan en justificaciones morales, cuando realmente es un problema de salud pública. La despenalización del aborto también está establecida en diversas instancias e instrumentos internacionales que el país suscribe y debería acatar sin reservas. 

Por otro lado, debemos también contextualizar qué significa ser una persona gestante en Venezuela. La precarización de la vida en Venezuela es un signo común, no hay un solo espacio que no esté siendo azotado por el desmantelamiento y la ausencia de políticas públicas eficientes. Más de un tercio de la población se encuentra en estado de pobreza, y la mortalidad materna ha aumentado más de un 60 por ciento a lo largo de la última década. Las mujeres cargan con un peso mayor en el marco de la emergencia humanitaria, con más del 70 por ciento de los hogares gerenciados por mujeres, quienes debemos ocuparnos de sobrevivir, en medio de una permanente falla de servicios básicos, casi sin acceso a la salud, educación, alimentación, trabajo. Venezuela es un país donde una caja de píldoras anticonceptivas cuesta aproximadamente cinco dólares, más que el salario mínimo. En este contexto el cuidado de la salud sexual y reproductiva se convierte en una urgencia común. Sin embargo, las necesidades de salud sexual y reproductivas quedan de último plano y se plantea que el país no está listo para esta discusión, como dijo la vicepresidenta en vísperas del Día de la Mujer de 2021. 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha recomendado la despenalización del aborto en Venezuela, nosotras demandamos su legalización. Pero más allá de una legislación, el reto mayor es que se aplique y se haga efectiva, pues sabemos que el Estado venezolano elabora leyes a conveniencia que hacen parecer que todo cambia, pero en la práctica se evidencia el estancamiento y el retroceso. 

Nos preguntamos qué hace que un Estado que se autodenomina feminista penalice el aborto, si algunos de sus más cercanos aliados y referentes, como Cuba y Rusia, lo legalizaron hace décadas.

Venezuela tiene una larga historia de gobiernos militares ultraconservadores, muy vinculados a la(s) iglesia(s), tradición que nos lleva a vivir a través de un Estado totalitario que controla un territorio, unos recursos y una población que debe, a su juicio, mantenerse sometida, controlada, limitada. Nuestros cuerpos no escapan de la necesidad de control y explotación histórica, que entiende los cuerpos de las mujeres y personas gestantes como extensión del territorio al que hay que sacar provecho. 

Sin aborto legal y las dificultades para acceder a los anticonceptivos aumentan los abortos clandestinos. ¿Cuáles riesgos trae eso?

Melanie Agrinzones, Uquira:

Cuando hablamos del aborto legal, eso viene acompañado de un conjunto de políticas públicas fundamentales como educación sexual integral, anticonceptivos a bajo costo, garantías de acceso a información y productos sanitarios, y acompañamiento técnico y humano en procesos de aborto. Donde encontramos estos elementos, las tasas de mortalidad materna se reducen. Cuando el aborto no es legal existen muchos riesgos. En el caso de Venezuela, donde no existe educación sexual integral, las mujeres o personas gestantes pueden intentar abortar de formas muy riesgosas.

Hemos recibido casos de abortos hechos con ganchos, jabón azul, hierbas. Esto ocurre porque no tienen la información a la mano, o no tienen la capacidad económica para hacer un aborto en mejores condiciones. 

Ocurre también que aborto clandestino también estimula a que gente sin experiencia técnica sanitaria se beneficien económicamente de esto, poniendo en riesgo a las pacientes.  La clandestinidad deja a las mujeres en espacios inseguros a nivel físico, emocional y legal. Las mujeres que deciden abortar son criminalizadas, incluso hasta en los hospitales a los que acuden con sangrado. 

Esto es un problema que afecta particularmente a las mujeres empobrecidas. Quizás una mujer con más capacidad económica se puede hacer un aborto más apropiado, a pesar de que ningún aborto clandestino es seguro. Las mujeres en situación de vulnerabilidad económica se enfrentan a cuestionamientos desde muchos frentes, porque deben lidiar con los prejuicios de una sociedad machista y clasista. Es común escuchar comentarios como “si no tienen dinero ¿por qué tienen bebés?”, una visión que se podría resumir en cómo hay prejuicios contra cualquier decisión que tome una mujer pobre sobre su cuerpo. 

El aborto clandestino e inseguro también pone en riesgo a las activistas de derechos humanos, y derechos sexuales y reproductivos, quienes deben operar de forma clandestina para apoyar en una labor que debe garantizar el Estado. 

Esta es la primera manifestación en Venezuela en pro del aborto y los derechos reproductivos. ¿Por qué? 

Gabriela Buada Blondell, Caleidoscopio Humano

Sin duda, en Venezuela este tema no es nuevo, pero siempre ha sido tocado de manera tímida, con muchos prejuicios, estigmas y hasta con etiquetas políticas para levantar banderas electorales desde los movimientos de izquierda. Sin embargo, es un avance importante que hoy nos unamos personas de distintos movimientos para hacer exigencias claras y expresas ante el gobierno actual y todos sus poderes. 

Otras manifestaciones en el país han exigido el respeto y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y expresamente del aborto, pero esta es la primera que agrupa a tantas visiones.

Personas de todas las edades, feministas, personas de la comunidad LGBTI, entre otras que además llevan todo un mes organizándose. La lucha se está multiplicando sin distinción de ningún tipo. 

También pienso que la pandemia, el aumento de la violencia de género y lo que nos dejó lo ocurrido con Vanessa Rosales —activista detenida y acusada de aborto inducido en una adolescente de 13 años que fue violada— muestra que hay un profundo desconocimiento, porque se desconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que el aborto es un derecho de salud pública. Aquí es donde también entra el papel de los medios de comunicación en contrarrestar con información bien clara y precisa a los movimientos anti derechos, los excesos por fundamentalismos religiosos y todo lo que sigue afectando la igualdad y equidad de las mujeres, niñas y adolescentes en el país. 

La legalización del aborto no es parte de la agenda política de ningún bando político en este momento. ¿Cómo los grupos feministas piensan presionar a los legisladores? 

Liliana Buitrago, Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios: 

Lo primero que quisiera poner sobre la mesa es por qué el tema no está en la agenda de diversos actores políticos en Venezuela. Esto se debe a que los gobiernos son expresiones de sociedades, y nuestra sociedad, como nuestro gobierno, es patriarcal, conservadora y con una cultura antiderechos. También hay un giro importante reciente en la región, que tiene que ver con el avance de grupos antiderechos fundamentalistas que han hecho lobby político para reforzar proyectos conservadores en América Latina. 

A pesar de esta situación los movimientos feministas globales establecen sus estrategias de incidencia política desde la diversidad y la pluralidad, cosa que es una fortaleza en sí misma. Hablamos de movimientos feministas, en plural, porque hay movimientos para hacer cabildeo, hay capacidades de hacer organización multimedial (incidencia en medios y redes sociales importantes) y son también movimientos internacionalizado . Hay una unión más allá de la agenda particular de los países, que ayuda a la visibilización y la incidencia política. 

Esa diversidad no significa que no haya un objetivo claro que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Esto es muy importante, particularmente en Venezuela, debido a la polarización tan fuerte que encontramos en tantos espacios. Aunque hay diferencias políticas, sabemos que todas luchamos por los derechos de todas, y tenemos la voluntad de armar acciones conjuntas.

Otra de las cosas importantes es que estamos claras que nuestra lucha es interseccional.

No es una lucha solo en pro de mujeres, niñas y poblaciones LGTBQ+, también es de pueblos indígenas, comunidades campesinas feminizadas, por las trabajadoras (por eso se lucha por salarios justos), y también una lucha antirracista.

En este sentido interseccional visibilizamos como el aborto, el embarazo no deseado y la necesidad de nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos es algo transversal a todas las realidades sociales, en donde son principalmente las mujeres  y las personas gestantes en situación de vulnerabilidad en términos económicos o raciales las que más salen afectadas cuando necesitan ejercer el derecho sobre su cuerpo.