Alejandro Luy es uno de esos ambientalistas que los enemigos del ambiente —los que ignoran el problema a propósito, los que niegan el efecto humano en el cambio climático, los que defienden la extracción de combustible fósil sobre cualquier otra alternativa energética— no saben que existen, o no quieren ver. Es un biólogo, un hombre de ciencia, que escribe, que sabe comunicar sus ideas. Es un ambientalista que ha dedicado su vida a la causa, pero no es un ningún fanático que desprecie a las personas, sino que trabaja con ellas.

La Fundación Tierra Viva, de la que Alejandro es gerente general desde hace muchos años, ha hecho un trabajo de construcción del desarrollo sustentable como cultura, como actividad social productiva, que no consiste en lanzar hashtags en Twitter como “llora por la Amazonía”, sino en estar en el terreno, en las zonas de encuentro entre los espacios naturales de nuestro país megadiverso y una población que vive en su mayoría en una indudable pobreza. Es lo que han hecho en el Delta, con comunidades warao, o en las montañas de Carabobo y Aragua, con proyectos de cacao orgánico con los productores de la región.  

He tenido el gusto de conversar varias veces con Alejandro, durante años, y le pedí que trazara un panorama de la situación ambiental de Venezuela, un asunto tan relevante como todos los demás de los que estamos hablando siempre, igual de agobiante por su gravedad, pero en cierto sentido más misterioso: en este campo, son demasiadas las preguntas sin respuesta. En la medida en que hablemos de esto, será más posible resolverlas, y actuar en consecuencia. 

Hablamos continuamente, en las redes y en los medios, y supongo que también en la calle y la casa, de unos cuantos agobiantes problemas nacionales: la hiperinflación, el colapso de la salud, la dictadura, la migración masiva. Pero no de los dramas ambientales, que tienen que ver con todos ellos, con la pérdida de calidad de vida, las enfermedades, la escasez de alimentos. ¿También tienes la sensación de que nos hemos hecho más indiferentes frente a lo ambiental de lo que éramos antes?

No sé si la palabra que mejor califique la situación sea «indiferencia», porque ella implica el reconocimiento de un hecho al que por un asunto personal decido no considerar. Creo que es más grave, es ignorancia, y pasa no solo el ciudadano común, sino en muchos otros que tienen un rol significativo en la sociedad: comunicadores, investigadores, ministros, gobernadores o diputados. Del ciudadano común se entiende que no se esfuerce en informarse sobre esto mientras está encerrado en la dinámica de cómo conseguir comida o medicinas, pero respecto a los otros casi que es imperdonable, porque deberían tener la capacidad de ver y entender la relación entre desarrollo y ambiente, salud y ambiente, calidad de vida y ambiente, y generar acciones. Es solo en una parte de la sociedad, compuesta por organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales y de derechos humanos, que hemos asumido hacer evidente la importancia del ambiente para la calidad de vida de hoy y del futuro.

Un drama ambiental del que sí hablamos, pero por su evidente visibilidad política, es del Arco Minero. Hay distintos estudios de impacto, todos muy parciales, y la compleja realidad social del involucramiento de comunidades criollas e indígenas en la extracción del oro en Guayana. Para ti como ambientalista y como venezolano, ¿cuán grave es lo que está ocurriendo con la fiebre minera del régimen de Maduro? ¿Son irreversibles los daños que están dándose allá, en la cuenca del Caura, por ejemplo, que era una de las más prístinas?

Esta es una situación muy grave, tanto por el daño directo al ambiente mediante la extracción de minerales como por la sensación en el ciudadano de que «el oro nos va a salvar», una máxima que adorna el aire desde que el Decreto del Arco Minero fue aprobado, y que tal vez es lo peor aquí. Los ecosistemas del sur son sumamente delicados, así que las perturbaciones de la actividad minera difícilmente pueden ser revertidas. No se trata de “sembrar unos arbolitos» luego de extraer los minerales y tema solventado, tesis que se encargan de promover tanto las cámaras mineras, las defensoras del negocio, como los funcionarios del Ministerio de Minería Ecológica. Y no es sólo el Arco Minero. Son también parques nacionales como Canaima y otros de Amazonas que no están dentro del Arco Minero pero donde hay minería ilegal. Tampoco se trata solo de lo que vemos; el mercurio está contaminando cuerpos de agua y alimentos, y enfermando a mineros. Alejandro Álvarez, de la organización Coalición Clima21, ambiente y derechos humanos, y Tina Oliveira de Wataniba, estiman que, desde la perspectiva ambiental, el 40 % del país está afectado de alguna manera por actividad minera, bien sea por deforestación directa, contaminación de las aguas, deterioro de suelos, uso de la fauna como recurso, y envenenamiento o disminución de la diversidad biológica por la contaminación por mercurio, mayormente en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Táchira, Mérida, Carabobo y Cojedes. Mientras tanto, un grupo importante de la población piensa igual que los exploradores europeos que llegaron hace siglos: la explotación minera es el nuevo El Dorado que nos sacará de la pobreza.

La presencia de irregulares, y la desaparición del Estado en varias zonas del territorio, debe estar invisibilizando otros problemas ambientales, como pasó en Colombia durante el conflicto armado, con sus diferencias respectivas. Pienso no solo en esa Guayana tomada por pranes mineros y guerrilleros del ELN, sino también en Paria y al Delta, en cuanto al narco. En esas zonas sin gobernabilidad, ¿qué puede estar ocurriendo en términos ambientales?

Hace muchos años se abandonó el manejo técnico del tema ambiental, fundamentado en leyes y reglamentos, y se consolidó el «ecosocialismo» como la magia para manejar el ambiente. Su esencia es la falta de institucionalidad ambiental. En tu pregunta planteas problemas graves y extremos que apuntan a carencias de gobernabilidad, pero ¿de cuál gobernabilidad estamos hablando, cuando es dudosa la capacidad del Instituto Nacional de Parques ante acciones de gobernadores que antagonizan con el mismo propósito de conservación de los parques nacionales? ¿Cuál gobernabilidad hay sobre los desechos sólidos que manejan las 336 alcaldías, si la Ley de la basura de 2010 aún no ha sido reglamentada ni existe un plan de gestión integral de la basura, ambas cosas responsabilidad del Ministerio del ambiente o su equivalente? No hay datos sobre la calidad de las aguas que consumimos, de la deforestación, no sabemos si el ministerio realiza inspecciones a las industrias petroleras, sobre sus protocolos ante derrames, cuál es el estado del aire de las ciudades. Así, la ausencia del Estado en materia ambiental no solo ocurre afecta las situaciones graves en zonas distantes de los grandes centros urbanos, sino en casi la totalidad del país.

Hace un par de años, una biografía de Alexander von Humboldt que ha tenido un enorme éxito internacional, la de Andrea Wulf, planteó que la primera vez que un científico describió jamás el efecto de la acción humana sobre el clima fue cuando el barón describió el impacto de las prácticas agrícolas coloniales en el Lago de Valencia, cuando pasó por ahí en 1799. Hoy, la situación del lago parece ser de las más graves en cuanto al ambiente en Venezuela. ¿Cuál es el estado de ese problema hoy? 

Para atender los problemas del lago, que básicamente son su contaminación y el ascenso de su nivel, no ha habido un plan coherente y sostenido en los últimos años. Por tanto es sensato pensar que el problema se ha agravado.

¿Es rescatable el Lago de Valencia?

No es mi especialidad, pero imagino que sí. La esencia del problema ambiental en el entorno del Lago de Valencia y su cuenca no es muy distinta a la de muchos cuerpos de agua que han sido rescatados en otras partes del planeta. La pregunta es hasta dónde puede llegar ese rescate. El lago y sus alrededores poseen recursos naturales y culturales que podrían formar parte de ofertas turísticas. Es un cuerpo contaminado pero vivo. Ahora, si pretendes que el lago suministre agua potable, entonces quizás estás planteándote un imposible. 

En cuanto a la actividad petrolera, ha disminuido lo que sabemos que ha disminuido pero a causa de las mismas fallas de gestión y la misma desinversión que están detrás de varios incidentes ambientales, en ductos y en plantas como Amuay. Hace poco tuvimos un derrame en la costa de Carabobo y sabemos lo que pasó también con los ríos alrededor de Maturín. ¿Cuán grave es el impacto ambiental de esta Pdvsa abandonada?

Por más de 100 años los venezolanos dependimos de la explotación petrolera, con consecuencias positivas y negativas, entre las cuales están sus pasivos ambientales, una deuda muy grande que continuó creciendo sin aprovechar los beneficios económicos de un barril sobre los 100 dólares para ir saldándola. En lo personal desconozco si los accidentes que mencionas y otros son consecuencia de que no hay protocolos con acciones preventivas y de atención a derrames, o por carencia de equipos técnicos y humanos, o una combinación de todo lo anterior. Sin embargo, con la realidad venezolana actual, creo que se trata de lo último.

¿Cuáles son los otros grandes problemas ambientales que están pasando por completo bajo la mesa de la fragmentada y efímera atención pública? 

Son muchos y variados. Algunos afectan mucho a pocos, por ejemplo la contaminación del aire en Guanta, Anzoátegui, por la carencia de filtros en la fábrica de cemento cuyo dueño es el Estado venezolano. Otros nos afectan a muchos, aunque no los percibamos. La deforestación y/o alteración de los hábitats está ocurriendo en todo el territorio, afectando cuencas hidrográficas que al final de cuentas son las que garantizan el agua potable y la energía eléctrica a más del 70 % de la población. También están las talas a menor escala en Mérida, Lara o la isla de Coche, donde las comunidades han tenido que cortar árboles y arbustos como leña para cocinar ante la falta de gas doméstico. La disposición de millones de toneladas de desechos sólidos en botaderos de basura, sin ningún manejo, está contaminando suelos y aguas en todo el país. Cuántos son y dónde están no lo sabemos con precisión, pero basta preguntar o viajar por Venezuela para verlos.  Sus consecuencias aún son difíciles de estimar. Vinculado con esto, están las comunidades urbanas que han tenido que quemar la basura ante la mala o ausente recolección de los residuos, una práctica que afecta la salud especialmente de niños y personas de la tercera edad. Las aguas servidas de origen doméstico terminan descargando en nuestros ríos, lagos y mares, sin ningún tratamiento. Eso tiene que estar impactando en la salud, en el turismo y en la potencialidad de desarrollo.

Cuéntame cómo está haciendo Tierra Viva para funcionar, en un país donde falta dinero para todo y donde es cada vez más difícil obtener recursos. 

Lo primero que estamos haciendo es enfocándonos en cumplir con los objetivos para los que creamos Fundación Tierra Viva desde el principio, hace más de 25 años: el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Nuestro esfuerzo está destinado a atender necesidades de distintas comunidades centrándonos en los temas en los que sí podemos actuar y lograr resultados, y no en los problemas del entorno que no podemos solucionar. Eso es lo primero que estamos haciendo para manejarnos. Con un importante recurso humano tenemos proyectos en ejecución en tres líneas de acción: Gestión Socio-Ambiental, Somos Biodiversidad y Productos con Historia, que involucran el manejo del agua en tres comunidades de Venezuela, la conservación de cuencas y la producción de cacao en Canoabo, el fomento del reciclaje y el apoyo a mujeres artesanas warao en el Delta del Orinoco.

¿Cómo manejar una ONG en Venezuela, con tamaña escasez de financiamiento, apoyo gubernamental y recurso humano?

Es más difícil conseguir recursos. Movilizarse de Caracas a Tucupita es mucho más complejo que lo que era cuando empezamos a trabajar allí hace 21 años atrás, cuando había un vuelo que en tres horas unían los dos destinos. Pero aquí estamos un grupo de profesionales trabajando con las dificultades de hoy, en temas socio-ambientales vitales para el futuro del país.  Y para ello contamos con patrocinantes y aliados tanto públicos como privados, profesionales de distintas áreas y comunidades organizadas. En un momento tan difícil, donde predominan las malas noticias, lograr hacer visible nuestro esfuerzo es una gran ayuda que cualquier venezolano puede dar.

Solemos decir que el chavismo ha ignorado por completo el ambiente, que cerró el ministerio, que depende de prácticas de alto impacto como el petróleo y el oro, etc. Pero lo ambiental tampoco parece estar presente en la mente o en el discurso de quienes pretenden suplantarlo. ¿Qué sabe la comunidad ambientalista de lo que por ejemplo hay en el Plan País en materia ambiental?

Cuando a principios de este año se presentó el Plan País fue una mala noticia que el ambiente no estuviera presente. Sin embargo, lejos de quedarnos en lamentos, un grupo importante de profesionales del área —que laboran en organizaciones no gubernamentales y universidades, de manera articulada con la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional—, se puso de acuerdo para hacer evidente la importancia del tema, porque no podía quedar solo con la declaración de que es un eje “transversal” sino como algo fundamental para el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Así se produjo un primer documento de ocho páginas, que resultó en formalizar la inclusión del área Ambiente en el Plan País. Para mí fue notable cómo diputados, expertos en sus áreas, pudieron entender por qué el ambiente debe ser un área en las acciones para la reconstrucción del país. También es justo destacar que desde 2016, la Comisión de Ambiente ha trabajado de la mano con técnicos y expertos y se ha dado a la tarea de posicionar el tema ambiental dentro del debate legislativo y político, a lo interno de sus partidos. Posteriormente un equipo técnico más pequeño se encargó de trabajar en una propuesta bajo la mismo esquema con la cual se ha venido trabajando en las otras áreas, con acciones para las 90 horas, 90 días y 90 semanas de un gobierno de transición. Esto se hizo consultando investigaciones y documentos que han sido ignorados por las autoridades ambientales de los últimos años. Las acciones prioritarias se enfocan en planificación y ordenamiento ambiental del territorio; cambio climático; gestión ambiental; institucionalidad y gobernanza ambiental, y biodiversidad. Están en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, compromiso asumido por Venezuela. Además, hay propuestas de alcance municipal y global que se han elaborado desde las regiones. Es una posibilidad de hablar de temas que no han sido discutidos desde hace mucho tiempo. ¿Será exitoso? Dependerá de que se pueda llevar adelante, pero también de la participación de la sociedad civil y las universidades en su seguimiento y ejecución, y de la disposición política de aceptar el camino planteado.