Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 vendiéndole a un pueblo que ansiaba cambios una revolución política, una refundación de la República, mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez electo, se sirvió de unas confusas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la pasividad del Consejo Supremo Electoral y de una superficial e irresponsable actuación de una parte de la opinión pública para construir un nuevo ordenamiento jurídico de la Nación. Eso aunque la figura misma de la ANC no estaba prevista en la Constitución de 1961 como mecanismo para reformar o derogar la Constitución.

Chávez promovió un referendo consultivo para que el electorado se pronunciara sobre si quería o no ir a una ANC, con una participación de 4.137.509 electores, y una abstención del 62.2 %. Votó a favor del “sí” un 92,4 %, mientras que a favor del “no”, un 7,6 %. Esa victoria condujo a la siguiente, la del 15 de diciembre, en la víspera de la tragedia de Vargas. 

Fue así como la Constituyente tuvo lugar, y no solo le sirvió a Chávez para reemplazar la Constitución de la democracia, sino para arrancar ampliando los poderes presidenciales y convocando elecciones para todos los poderes públicos, los cuales, en ese momento, no estaban bajo el control de Chávez ni del Movimiento Quinta República. 

Entonces muy pocos lo vieron con la necesaria perspicacia, pero hoy es dolorosamente claro: Chávez diseñó una estrategia política genial para copar todos los espacios del Estado venezolano. Y lo hizo en un período que va de febrero de 1999 a julio de 2000.

Debido al sistema de postulaciones que se montó en esa oportunidad, aunque los candidatos del denominado Polo Patriótico sumaron el 65 % de los votos, obtuvieron 125 de los 131 escaños de la ANC. Los demás candidatos lograron un 22,1 % de los votos, pero solo pudieron ocupar seis.

Uno de esos escaños fue para el profesor Allan R. Brewer-Carías, el principal estudioso de la Constitución de 1961 y de la historia constitucional venezolana, quien participó de forma decisiva para denunciar y criticar los abusos que se pretendían introducir en la nueva Constitución. Si esta nueva carta magna no trajo más retrocesos a la República fue en buena medida gracias al trabajo de Brewer-Carías. 

Toda la historia posterior del país está directamente afectada por esos hechos que ocurrieron en 1999.

A los trancazos

La Asamblea Nacional Constituyente no quiso partir de ningún anteproyecto de Constitución para el inicio de sus labores, sino que utilizó como papel de trabajo un documento que había presentado el Presidente Chávez el 5 de agosto, “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”. 

El proceso de redacción de la Constitución de 1999 fue improvisado y atropellado. Se lo puede dividir en cuatro etapas, entre el 7 de agosto y el 15 de diciembre de 1999. La primera: la reorganización de los Poderes Públicos. Luego siguió el trabajo de las 20 Comisiones Permanentes y de la Comisión Constitucional. En tercer lugar ocurrió la discusión del proyecto de Constitución surgido de las distintas Comisiones. Y la última etapa fue la difusión en el país del texto constitucional. 

Las Comisiones Permanentes dispusieron de poco menos de un mes para sus trabajos, y la Comisión Constitucional de tres semanas para integrarlos en un proyecto que presentó el 19 de octubre para su primera discusión en 19 sesiones, y la segunda discusión en solo tres sesiones. Todo debía estar listo para el referendo del 15 de diciembre.

La Constitución de 1999 se publicó por primera vez en la Gaceta Oficial N° 36.860 de 30 de diciembre de 1999, pero se ordenó su nueva publicación casi tres meses después, el 24 de marzo de 2000, en la Gaceta Oficial N° 5.423 extraordinaria, junto con la Exposición de Motivos que no había sido incluida en la primera publicación. 

La misma Constitución, un cambio de significado

Nunca olvido que en el año 2000 mi profesor de Derecho Constitucional me dijo: “Quienes hoy se oponen a la Constitución de 1999, mañana la van a invocar para defenderse de las actuaciones del propio Gobierno”. En el momento me pareció una frase críptica, que luego se me hizo evidente en todo su significado. La invocación de principios, valores y derechos consagrados, precisamente, en la Constitución de 1999 ha sido una de las principales armas de la lucha de estas dos largas décadas. 

Era difícil que pudiéramos prever eso durante el proceso paulatino, paciente, eficiente y demoledor de desmantelamiento de las instituciones democráticas que se habían construido entre 1958 y 1998, que utilizó, precisamente, las mismas instituciones de la democracia. Las normas en materia electoral se redactaron para que no se expresara la real voluntad de los electores. La Asamblea Nacional se utilizó para legislar en contra de los derechos de los ciudadanos. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se dedicaron en buena medida a construir el andamiaje institucional para proteger todas las decisiones que el Poder Ejecutivo tuviera a bien dictar. No se olvide que, incluso, Hugo Chávez promovió en 2007 una reforma constitucional para ampliar aún más los poderes presidenciales, y prever la reelección indefinida. El pueblo rechazó en referendo esa propuesta de reforma constitucional, pero al año siguiente se aprobó por otro referendo una enmienda para permitir la reelección indefinida de presidentes, gobernadores, alcaldes y diputados.

La bibliografía que ha analizado detalladamente todo este proceso de destrucción institucional es, afortunadamente, aplastante. Los venezolanos podemos estar seguros de que contamos con una crónica del desmantelamiento del Estado venezolano, el cual ha sido relatado, analizado y criticado de forma pormenorizada por politólogos, sociólogos y constitucionalistas. 

Por supuesto, está la obra monumental del propio Brewer-Carías, que puede ser leída en buena parte en su sitio web. Asdrúbal Aguiar analizó el proceso en su estudio titulado Historia Inconstitucional de Venezuela 1999-2012. Las Academias Nacionales prepararon un extenso informe titulado Propuestas a la Nación. En la Universidad Católica Andrés Bello se han editado libros colectivos como, por señalar dos ejemplos, Venezuela 2015. Economía, Política y Sociedad (coordinado por Ronald Balza) y La consolidación de una transición democrática, que se puede descargar gratis. 

Por paradojas de nuestra historia reciente que otro día podemos describir, justo cuando se cumplen 20 años de las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1999, hoy en Venezuela funciona en la sede de la Asamblea Nacional un órgano llamado, para variar, Asamblea Nacional Constituyente, que de cuando en cuando dicta decisiones según las circunstancias políticas del momento, convocado y electo al margen de la Constitución de 1999.

Pero los ciudadanos siguen invocando la Constitución de 1999, que con todos sus defectos, es el documento que mejor nos permite exigir nuestros derechos. Aun cuando es una Constitución excesivamente presidencialista, militarista, con una concepción de la participación del Estado en la economía muy amplia, que no resolvió el eterno problema del equitativo diseño de la Federación, es una Carta Magna que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales que hoy se defienden en las Constituciones modernas, y con una amplitud muy importante. Esos mismos derechos cuyo ejercicio y protección se nos han negado de forma sistemática.

El sistema constitucional de un país es el conjunto de principios y normas de carácter constitucional que organizan al Estado y reconocen los derechos de los ciudadanos. Ese sistema constitucional determina si el Estado es central o descentralizado, si su gobierno es monárquico o republicano, o si su ordenamiento económico estará más orientado hacia la izquierda o hacia la derecha. Venezuela tiene una tradición constitucional que arrancó en 1811, y que todavía tiene temas importantes que resolver. 

¿Cuáles deben ser los límites de los poderes presidenciales? ¿Cuál debe ser el alcance de las competencias otorgadas a los estados y a los municipios? ¿Cuál debe ser el rol asignado al Estado en el sistema constitucional?

Esas son interrogantes pendientes, entre muchas otras, que son fundamentales para diseñar un Estado al servicio de los ciudadanos. 

Todas requieren de reflexión objetiva, aun en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos los venezolanos. Repensar nuestro sistema constitucional es, sin duda, uno de los retos más importantes en los que podemos trabajar hoy, y cuando corresponda. Y eso pasa por revisar esa Constitución que ha estado vigente a lo largo de estos 20 años de traumáticas transformaciones.