Venezuela acumula ya ocho años de recesión, cuatro años de hiperinflación, una megadevaluación y la migración del 15% de su población total. Sin embargo, hay grúas de construcción activas por doquier construyendo centros comerciales, empresas, torres residenciales, bulevares, hospitales y centros turísticos nuevos.

¿Cómo se puede explicar esta suerte de surrealismo económico? Porque parece más ficción que realidad, aunque esté pasando delante de nuestros ojos, y debe resultar muy difícil de entender para muchos extranjeros, no solo para los propios venezolanos. Según Nicolás Maduro, las sanciones internacionales impiden a Venezuela importar insumos básicos, pero esa misma administración anuncia que ha sido capaz de construir millones de viviendas para los sectores más pobres en medio del quiebre económico actual.

Y en paralelo, en la capital de la República, se reinaugura el Hotel Humboldt en el pico de El Ávila; se construyen centros turísticos nuevos en Margarita e incluso en parques nacionales reservados, como la isla de los Roques o el archipiélago de Morrocoy; y se levantan proyectos residenciales, comerciales y empresariales en La Trinidad, Las Mercedes, Altamira, Los Palos Grandes y El Cafetal, por citar solo algunos, al igual que en otros sectores de los municipios Baruta, El Hatillo y Chacao.

¿Lavado de dinero en alza?

No pocos venezolanos, al pasar frente a esos edificios en construcción, se preguntan cuánto de lo que se está invirtiendo en ese sector actualmente responde a inversiones legítimas y cuánto a lavado de capitales sucios. Duda razonable porque Transparencia Internacional Capítulo Venezuela, por ejemplo, sostiene que la opacidad, la corrupción y la debilidad institucional de este país facilitan el lavado de dinero en múltiples sectores. La dolarización de facto contribuye a operaciones económicas clandestinas.

“Técnicamente, yo no te puedo decir qué es lavado y qué no”, respondió a Cinco8 el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Enrique Madureri Mijares, al ser consultado sobre el tema. “Solo puedo decir que si el gobierno mantiene un mercado negro, si la mitad de la economía no es formal y está por fuera, sobre ese mercado negro no puede haber un control efectivo. Cuando se normalicen las inversiones públicas y privadas, eso podría superarse”.

El líder gremial también señaló que “muchos de los inmuebles que se están desarrollando en Caracas fueron financiados por bancos hace cinco años y ya casi están concluidos. También se está financiando con capital privado, con empresas que reinvierten sus ganancias en Venezuela porque siguen apostando a este país y a un futuro mejor. Así que no es justo que por lo que hagan unos pocos se manche el historial de todos”. El bulevar Tolón de Las Mercedes, por ejemplo, será financiado con una emisión de deuda colocada a través de la Bolsa de Valores de Caracas recientemente, según la plaza bursátil.

Madureri sostiene que la mayoría de los desarrolladores venezolanos son empresas que respetan las normativas vigentes para combatir el lavado de capitales y que se están financiando con dinero limpio.

“Las empresas hacen sus compliances de bancos, aclarando caso por caso”, argumenta. El compliance es un modelo de organización y gestión diseñado especialmente para entidades del sector financiero con el propósito de combatir el lavado de dinero, la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, ya son muchas las investigaciones periodísticas que han revelado cómo no pocos venezolanos han lavado enormes cantidades de dinero usando los sistemas financieros tradicionales y sociedades off shore en paraísos fiscales, sin que las diligencias hechas por la banca para conocer a esos clientes hayan impedido sus enriquecimientos ilícitos. 

Los archivos FinCen relativos a Venezuela señalan en particular a un empresario, Alejandro Ceballos Jiménez, magnate de la construcción que, según los documentos, traspasó secretamente 116 millones de dólares de contratos para construir viviendas sociales a compañías off shore y a cuentas de sus familiares a través de bancos de Europa y Estados Unidos. Según la BBC, el Banco Espirito Santo, desaparecido tras la intervención del gobierno portugués en 2014, movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas de esta familia. “Parte de ese dinero provino de la petrolera estatal Pdvsa y de programas gubernamentales como la Misión Che Guevara, que tiene el fin de combatir la pobreza”, precisó la BBC.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que analizó los archivos FinCen filtrados, reveló que había reportes bancarios de transacciones sospechosas ligadas a Venezuela por más de 4.800 millones de dólares, entre 2009 y 2017. Y que cerca de un 70 % involucra dinero público pagado por una entidad gubernamental. 

Levantar controles y derogar leyes

Lo que sí está fuera de toda duda es cuánto se ha encogido la industria de la construcción en Venezuela. En 2001, la construcción representaba un 7 % del PIB; hoy, solo representa el 0,7 %. Desde 2012, se ha contraído en un 98,8 %. Esto es lo que estima la Cámara Venezolana de la Construcción, que agrupa a unas 200 empresas constructoras y promotoras de todo el país. 

Históricamente, la construcción ha sido uno de los mayores generadores de empleo en el país. Pero en la actualidad estamos muy lejos de los 1,3 millones de trabajos directos que dependían de este sector en 2012. Suman apenas 20.000 hoy, según la CVC.

Esta cámara está ahora pidiendo al Ejecutivo que levante los controles de precio y de cambios y derogue unas cuantas leyes. “Tenemos un listado de leyes y resoluciones que limitan y afectan el desempeño de nuestro sector”, dice Madureri. “Hay que eliminar el control de cambio y levantar los controles de precios en insumos (gasolina, cemento, acero, etc.), alquiler de inmuebles y servicios (agua, electricidad, comunicaciones), porque hacen que estos no sean rentables y generan escasez. Es necesario liberar el mercado y propiciar la libre competencia”.

Básicamente, plantean despenalizar la construcción de viviendas por parte del sector privado. “La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria debe derogarse”. Además, reformar la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda de 2007 y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria de 2012. Y flexibilizar las normas vigentes para permitir operaciones en moneda extranjera para compra, venta y alquiler de inmuebles.

“Exigimos priorizar la compra y/o contratación de empresas nacionales de construcción y proveedores de bienes y servicios producidos en el país. Hay que estimular el ‘compre venezolano’. Y pedimos respeto a la propiedad y garantías constitucionales, dejando de intervenir empresas y de expropiar”, acotó Madureri.

Estas exigencias se han ido canalizando mediante los acercamientos que en los últimos meses ha habido entre el régimen de Maduro y el sector privado, a través de los gremios empresariales. “La CVC ha formulado propuestas para reactivar el sector construcción. Se han enviado a los despachos ministeriales que tienen competencia en el área: los Ministerios Hábitat y Vivienda y Obras Públicas. Y presentamos en diversos escenarios el Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033”, precisó Madureri.

Solo 96 obras en el primer trimestre 

Un número permite hacerse una idea de la situación actual: solo 96 obras a cargo de empresas agremiadas en la CVC estuvieron en desarrollo en el país durante el primer trimestre de 2021, según registros de la Cámara. Más de la mitad de ellas se ejecutan en el estado Miranda y en el Distrito Capital: el 44,2 % y el 7,8 %, respectivamente. Un 13 % estaban en Nueva Esparta y un 9,1 % en Zulia. No necesariamente son obras que comenzaron en ese trimestre, sino que durante ese periodo se mantienen activas. 

El presidente de la cámara admite que son realmente muy pocas.

“Ahora se observan algunas obras privadas en sitios premium de la capital”, dice Madureri, pero en realidad “muchas de ellas comenzaron hace seis años, y están en proceso de terminación”.

Durante la pandemia, hubo un repunte en el segmento “remodelaciones” y en las negociaciones de inmuebles, producto de la movilización de la población desde ciudades afectadas por servicios y falta de oportunidades hacia la capital. El 46,9 % de los proyectos en ejecución durante el primer trimestre de este año son edificaciones no residenciales, como oficinas, centros comerciales e infraestructuras turísticas. Y un 29,6 % son viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

Esas 96 obras activas incluyen las obras de mantenimiento por parte de gobernaciones y alcaldías, como las remodelaciones y edificaciones para el bicentenario de la Batalla de Carabobo, y los trabajos de ornato con grama japonesa y palmas datileras para rebautizar corredores viales. Solo un 13,3% de los proyectos desarrollados en los primeros tres meses del 2021 pueden considerarse inversión en infraestructura pública, según la CVC. 

Las prioridades de la nueva junta directiva de la CVC, que liderará la cámara hasta 2023, van en la línea de mayor participación en la economía que el empresariado privado está pidiendo desde hace años. Por ejemplo, quiere hacer un censo de los proyectos de vivienda y las empresas de insumos para la construcción que han sido intervenidos o expropiados para proponer su devolución a sus propietarios o asumir su reactivación. Madureri habla de promover alianzas con Conindustria y los gobiernos locales para operar y mantener infraestructura y servicios públicos. El gremio se propone también negociar la Convención Colectiva del Trabajo de la Industria de la Construcción 2021-2024.

Los desafíos del sector

Los principales desafíos y problemas que están afectando la productividad del sector construcción quedaron en evidencia en una encuesta realizada en el primer trimestre de 2021, a empresas constructoras afiliadas a la CVC y a cámaras regionales de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Zulia. 

Para ellos, los principales problemas son el poder adquisitivo del venezolano (17 %), la falta de financiamiento (14,9 %), la inflación (13,1 %) y el tipo de cambio (11,1 %). La escasez de combustibles y el aislamiento aéreo también destacaron como una limitación importante para el sector. 

Las maquinarias de construcción y transporte de materiales se mueven con gasoil, que actualmente escasea mucho en todo el país. El presidente de la CVC comentó que ahora hay que sumar seis días a cada viaje de una gandola entre Puerto Ordaz y Caracas: los tres días que suele gastar el conductor en conseguir combustible para el viaje de idea, y los tres que se van en la misma lucha para el de regreso. “Eso es cuatro veces más en tiempo y se traduce en sobrecostos”. 

La pandemia también ha afectado profundamente al sector. De hecho, Madureri dice que un plan de vacunación sin discriminación política es otro factor clave para reactivar la economía. Fedecámaras ha propuesto revisar el esquema 7×7, que complica las dinámicas y procesos del sector construcción: a siete días de trabajo parcial deben seguir siete días sin actividad.

Madureri agrega que las sanciones internacionales contra el Estado venezolano “impactan directamente en la fuente principal de ingresos del país”, la industria petrolera, con lo que en la práctica terminan “afectando no solo al gobierno sino también a la construcción y, por supuesto, a todos y cada uno de los venezolanos”. 

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción piensa que cuando se restablezca el ingreso petrolero, volverá el financiamiento y con este la inversión en construcción. Y que en todo caso, “con la participación de las empresas privadas, que tienen el conocimiento en la industria petrolera y la infraestructura existente, podremos comenzar a mover la rueda nuevamente”.