Pocas veces la oposición venezolana ha enfrentado un cisma como en este preciso momento. Quizá una experiencia similar habría sido la de 2005, cuando se decidió no participar en la elección a la Asamblea Nacional, porque se consideraba que el sistema electoral, que había anunciado la victoria de Hugo Chávez en el referendo revocatorio el año anterior, no daba suficientes garantías a los electores.

Quince años después esta situación de rompimiento es no sólo más grave, sino más complicada, y con unos pronósticos más sombríos. Tras más de dos décadas largas de lucha política contra el chavismo y el madurismo, la oposición —o, mejor, las oposiciones— no ha logrado dominar a la fiera. Visto desde ahora, y con la comodidad argumental que da juzgar el pasado, hay como cierto hilo conductor en esa lucha: la subestimación del poder y capacidad de resistencia del régimen ante los intentos políticos por el cambio.

Con el tiempo las opciones se han ido agotando cíclicamente. En 2002-2003 se creyó que con las manifestaciones de calle se podría lograr un quiebre, que de hecho se logró, momentáneamente, en abril de 2002. Luego el paro cívico nacional se hizo sobre la premisa falsa de que el régimen no lo soportaría. A ese costoso fracaso lo sucedió la movilización electoral en 2004, que sufrió otro duro revés con el triunfo de Chávez en el referendo revocatorio, a causa de la abstención en 2005. Cuando se logró retomar la ruta electoral se logró vencer a Chávez en el referendo sobre la reforma constitucional, para luego perder al año siguiente el referendo para la enmienda por la que se aprobó la reelección indefinida. 

La ruta electoral, sin embargo, siguió activa por varios años: en 2010 con la Asamblea Nacional, en 2012 y 2013 con las elecciones presidenciales, y luego con la descomunal victoria en la Asamblea Nacional en 2015. En el camino, hubo varias olas de protestas, como las de 2014 y 2017. Fue en 2018 cuando en la oposición se quebró el consenso sobre la pertinencia de la ruta electoral, con la decisión mayoritaria de no participar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en las “elecciones” en las que Maduro se proclamó para un segundo periodo. Un paréntesis sería la de la elección de gobernadores y alcaldes. Luego de ello, en enero de 2019 la oposición asumió la tesis de la presidencia interina del presidente de la Asamblea Nacional. 

Hasta hoy.

La unidad relativa de la oposición durante estas dos décadas es un fenómeno que habrá que estudiar con calma en el futuro. Visto en balance, no deja de ser notable que, en general, la oposición ha estado relativamente unida en los distintos estadios en los que ha luchado: cuando la ruta ha sido la de la protesta, en general todos han ido en esa ruta, cada quien en su medida. Cuando la ruta ha sido la de la abstención, ha habido cierto consenso en ello. Cuando la ruta ha sido la electoral, esa ha sido la ruta asumida por la generalidad de la oposición, como se vio en las campañas presidenciales de Henrique Capriles en 2012 y 2013. La presidencia interina, con todos los riesgos políticos que implicaba, fue un proyecto asumido en unidad, al menos así se veía desde fuera.

No se recuerda un cisma tan significativo como el que hoy está planteado: el líder político más importante del país desde enero de 2019, Juan Guaidó, plantea no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional, por considerarlas como fraudulentas. Otro actor político fundamental, que fuera el líder de la oposición por años, Henrique Capriles, insiste en cambio en participar en la elección.

Lo que la brecha expone a la luz

La gravedad del cisma tiene varias manifestaciones. Una de ellas, es que muy probablemente va a plantear un reacomodo importante del apoyo internacional a la oposición venezolana. Más de cincuenta países apoyaron la presidencia interina de Juan Guaidó, y habrá que ver cuántos de ellos retirarán ese apoyo si hay una elección de la Asamblea Nacional en la que participen candidatos como Henrique Capriles o Stalin González.

Por otra parte, este cisma plantea serias interrogantes sobre el futuro de la oposición venezolana. La tesis de la presidencia interina contenía una apuesta peligrosa: se puede presionar el quiebre del régimen a partir del apoyo de los países del extranjero, y una pregunta sin respuesta: ¿cuál ruta política podría ser intentada luego de esta?

Es la pregunta que, por supuesto, los líderes y observadores tienen varios meses haciéndose.

Si se pudiera resumir un problema de entendimiento y de acción político muy complejo, podríamos decir que hoy por el dilema en la oposición es si debe o no lucharse contra el régimen en un escenario electoral. Como hemos visto, no es una tesitura nueva para la oposición. Cada una de esas posiciones, además, cuenta con bibliografía y argumentos de historiadores y politólogos que sugieren la conveniencia de participar o no en el escenario electoral, cuando se pretende derrotar a un régimen como el venezolano. La gran pregunta, así, es si puede lograrse o no una transición política en Venezuela desde el escenario electoral.

La propuesta política de un sector de la oposición, Henrique Capriles entre ellos, ha sido la de “no abandonar la lucha”, lo que, por lo demás, es lo propio de la vocación política. Ante la orfandad, y sin claras alternativas a la vista, la decisión ha sido volver a la ruta electoral. Hasta donde se sabe, varias organizaciones políticas que se entienden de oposición, están inscribiendo candidaturas. Stalin González, figura nacional de UNT, ha renunciado a ese partido político por la postura crítica del partido a la participación electoral. Primero Justicia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que alerta sobre militantes —Capriles y no se sabe cuántos más— que estarían dispuestos a participar en la elección. 

El otro sector, liderado básicamente por Juan Guaidó, plantea la inconveniencia de ir a una elección sin condiciones mínimas de integridad electoral. En esa posición le acompañan Voluntad Popular, la dirección central de Primero Justicia, UNT y AD, entre otros. María Corina Machado es de esta misma posición, pero ha señalado críticas al liderazgo de Guaidó y al accionar del gobierno interino.

Es en este punto donde conviene recordar algo que, por elemental, no debe perderse de vista, porque es el precedente con el que debería juzgarse el dilema: la última vez que hubo una elección de Asamblea Nacional fue en 2015, cuando la oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea. Durante estos cinco años la Asamblea Nacional no ha podido ejecutar una sola de sus decisiones en el ámbito interno. 

Es, precisamente, en este nivel de la discusión en el que se ve con preocupación que una de las razones de fondo de este cisma es la diferencia en la comprensión frente al tipo de régimen al que se enfrenta la oposición. Juan Guaidó, quien personifica una posición que entre sus premisas incluye el tenerlo a él como presidente encargado, asume que no tiene sentido plantear la lucha en la ruta electoral, cuando, entre otras razones, se tiene la experiencia de la Asamblea Nacional electa en 2015. 

Henrique Capriles, quien como Guaidó intenta reconstruir su liderazgo, piensa que hay que dar la lucha en la elección de la Asamblea Nacional, aun cuando no tenga razones para pensar que la historia será diferente a la de las experiencias previas. 

Esto es un problema de concepción política mayúsculo, que por no estar bien resuelto, ha sido uno de los causantes de esta crisis política monumental que estamos presenciando con tanta preocupación.

Los acontecimientos están en desarrollo. Es difícil saber cómo y cuándo terminará el cisma, y quiénes serán los “ganadores” y los “perdedores”.

Pero sin duda es uno de los momentos más críticos para la oposición venezolana desde el 6 de diciembre de 1998.