El piropo anda en las calles de Venezuela desde el período colonial, pero aquellas lisonjas propias de los rituales de cortejo para expresar admiración a la mujer hoy son expresiones cuyo contenido y función se confunden entre el halago y el agravio. Miradas indiscretas que se detienen en nuestras piernas, siseos insistentes, cornetazos a lo largo de la acera son los gestos que acompañarán los comentarios con cargas sexuales explícitas sobre nuestro busto. Hasta un tono lascivo transforma las frases tradicionalmente corteses.

Así, manteniendo su fórmula original de mensaje coloquial no solicitado y generalmente emitido por un hombre hacia una mujer, el piropo callejero se ha convertido en una práctica sociocultural cuestionable por violenta e intimidatoria, aunque tan normalizada en nuestro espacio público que no es sancionada.

Magaly Vásquez, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, doctora en Derecho, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora de la comisión de redacción del Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual de dicha casa de estudios, conversa con Cinco8 sobre el piropo callejero como una de las formas de violencia de género que no terminamos de asumir.

Con más de veinticinco años defendiendo los derechos de la mujer a viva voz y en papel, Vásquez es conocida por haber sido una de las abogadas redactoras de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1999) y única mujer en la redacción de la de la reforma del Código Procesal Penal (1998). No menos relevante fue su peritaje en el caso de Linda Loaiza López ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia fue emitida en el 2018.

Del piropo callejero al feminicidio, ¿qué pasó?

Parte de una posición aceptada: la superioridad del hombre para decir y hacer cualquier cosa, incluso en el grupo familiar y de amigos. Se suele justificar y normalizar que el hombre tiene derecho a proferir comentarios y gestos que para la mujer no constituyen un halago, sino una invasión a su feminidad, aunque esto pueda generar que se cohíba o se sienta agredida. Esta minimización tácita de la desigualdad es una pequeña acción que contribuye a que la ciudadanía no vea que el mal llamado piropo supone un acto que puede ser la fuente de hechos muchos más graves si no se abordan oportunamente. Entonces, muchos casos de violencia hacia la mujer obedecen a que estas manifestaciones “menos importantes” no tuvieron intervención, y sin intervención, pasaron al acercamiento no deseado, al acoso, a la violencia sexual y al feminicidio, como lo que hemos visto en estas últimas semanas.

Si es un acto de violencia de género tan cotidiano, ¿por qué no encaja del todo en la tipificación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?

La forma de violencia en la que se podría encuadrar el piropo callejero es el acoso u hostigamiento. La Ley describe esta conducta como abusiva y se refiere a palabras, gestos, actos, mensajes que estén dirigidos a importunar, intimidar a una mujer y que puedan atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica. Indudablemente, el piropo callejero lo hace. Pero sucede que la Ley parte de que para que esas conductas puedan calificar, suponen cierta reiteración y es una exigencia que difícilmente se puede dar sobre una conducta aislada. Entonces, para que la conducta pueda tener una sanción penal, se tiene que adecuar absolutamente a lo que describe la norma.

¿Puede considerarse como violencia simbólica?

Indudablemente, pero la noción es técnica y no es percibida como violencia por el común de la gente. Suelen asociar violencia con violencia física, pero no con mensajes que transmiten desigualdad basada en relaciones asimétricas de poder en las que el hombre se considera o se le coloca por encima de la mujer.

Si no encaja, pareciera que la mujer no tiene más opciones que calarse el piropo o aplicar su propio protocolo de protección…

No necesariamente. Si se revisa lo que contempla la ley como políticas de prevención, hay cómo atender este tipo de situaciones. Aunque el piropo no encaje del todo en los delitos tipificados, no quiere decir que en otros planos no se regule. Puede hacerse a través de las normas municipales de convivencia ciudadana dirigidas a controlar cualquier alteración del orden público.

Dejando de lado el tema constitucional, los consejos comunales, las jefaturas civiles y las juntas vecinales podrían perfectamente ejercer funciones preventivas.

Entonces, muchas de estas conductas “leves” de violencia de género pueden ser reguladas a través de sanciones más inmediatas, más fáciles de procesar y así, mucho más expeditas. Serían procesos más ejemplarizantes para disminuir el número de casos o por lo menos para evitar que se incrementen o que se favorezcan las condiciones para que todo esto siga ocurriendo.

¿Por ejemplo?

Multas, a la gente le duele el bolsillo. Otra opción: que la mandes a hacer talleres de sensibilización por incurrir en este tipo de conductas. Les parece fastidioso y evitan incurrir en la infracción.

Podría no ser sensibilización, sino evitar la multa o la charla, ¿serían efectivas ordenanzas como éstas?

Sí es efectivo si se establece para cumplirlo. Piensa en el tema de tránsito en Chacao con la experiencia iniciada con Irene Sáenz. La gente comenzó a ponerse el cinturón y a respetar el semáforo para evitar la sanción municipal, y ahora ha cambiado el comportamiento en el municipio.

¿Cómo sería posible trazar estas experiencias en todo el país?

Teniendo claro que la ley existe y que hay alternativas para ponerla en práctica. Venezuela, además, ha ratificado los mecanismos internacionales en materia de violencia de género como la Convención Belém do Pará, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. También en el país, para la protección de niñas y adolescentes, existe la LOPNA. Así que los organismos del Estado están obligados a intervenir ante cualquier situación que pueda suponer una alteración del orden social; y los “piropos” son una alteración, porque comprometen el bienestar emocional y la movilidad de una mujer cuando trata de evitar exponerse a este tipo de actos vulgares. Además, la mujer se expone cuando responde y confronta, porque se puede convertir en otra forma de violencia. Si los organismos no actúan, también violan los derechos de la mujer. Es violencia institucional.

¿Violencia institucional?

A mi modo de ver, desde el punto de vista institucional no se tiene una percepción clara de la dimensión del problema y hay poca disposición, seguimiento y mucha desidia. La violencia de género no se resuelve porque crees un Instituto de la Mujer, digas que eres es un gobierno “humanista y feminista” o porque el Ministerio de Educación para la Educación Universitaria pida información de las asignaturas que tengan que ver con la perspectiva de género. El derecho de género debe ser transversal. Si hay una calle en donde ocurren estos actos con frecuencia, ¿a dónde acude la mujer para pedir protección? ¿Dónde reporta para que pueda haber un registro, un seguimiento, para una acción por parte de las autoridades? ¿Dónde están los funcionarios llamados a aplicar la ley en esa calle? ¿Dónde están los contenidos para fomentar la igualdad en los planes de estudio en los colegios? Hay una estafa con la acción sobre estos asuntos. El Estado está en mora. No se concreta esa pregonada igualdad. Ahora se presta atención a los casos boom y después se olvidan. Actúan por reacción y de manera espasmódica… Seguimos arrastrando un problema cultural muy serio.

¿Cuál es el problema cultural?

Esto me hace recordar que cuando yo era abogada de la Consultoría Jurídica en el Congreso, y estaba en la comisión que elaboró la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, la del 99, dije que no necesito una ley que me dijera que soy igual al otro para sentirlo. Ojo, esa Ley era necesaria, pero opiné que si yo promovía una ley de igualdad de oportunidades era porque, de alguna manera, estaba reconociendo que no soy igual desde el punto de vista de lo que puedo hacer. Entonces, una mujer de la comisión me dijo que yo tenía un planteamiento medio machista. Todavía me pregunto cómo es que soy machista por sentirme igual al otro y por expresarlo… Con la ley vigente, la del 2007, fíjate lo que pasó: el acoso sexual hacia el hombre quedó sin la regulación expresa que estaba en la Ley del 99. Esto es muestra de que nuestra sociedad es tan machista que se encarga de excluir a los hombres también, porque quién dice que el hombre no puede ser víctima de violencia por parte de la mujer. Claro, no es lo cotidiano, pero se volvió más cotidiano que al hombre se le ridiculice si denuncia. Entonces, ocurre que no denuncia o retira la denuncia y no se reconoce como víctima, y así, precisamente por eso, también se va consolidando que la víctima sea mujer.

Un cambio cultural también pasa porque el piropo deje de ser aplaudido como espontaneidad criolla, que los gobernantes dejen de emitir comentarios de doble sentido, que a la mujer que exija respeto no se le llame “exagerada”, que al hombre que denuncie no se le diga “marico”, que a las feministas dejen de etiquetarlas como “locas” y que la de violencia de género importe, aunque no haya una sola muerta… Así cómo estamos, ¿cómo empezamos?

Hay que aprovechar la sensibilidad que ha despertado el tema, sobre todo en las últimas semanas. Es un momento para insistir, promover y solicitar más iniciativas, porque la mujer, por sí sola, en este momento, carece de los mecanismos fuera de todo el apoyo de otras mujeres o de algunas instituciones, y así es muy difícil que ella pueda lograr frenar y cambiar esta situación. No podemos dejar que la responsabilidad recaiga principalmente en los grupos feministas, pero sí aprovechar mejor sus presencias, porque así como tuvieron un impacto determinante en lo que fue la organización de la ley vigente, pueden lograrlo esta vez, ahora que la nueva Asamblea Nacional anunció el paquete de reformas y la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia está dentro del paquete. Falta mucho, mucho, camino por recorrer, pero lo estamos haciendo. Hoy estoy abordando contigo el mal llamado piropo y sus posibles consecuencias. Vamos bien. No olvides que aquí no se sabía qué era el feminicidio ni cómo se comportaba y mira todo lo que sabemos y hacemos ahora.

En materia de legislación, ¿qué más falta por hacer para superar estas situaciones de violencia callejera hacia la mujer?

Entender muchas cosas desde la raíz. Es cierto que hemos avanzado desde el punto de vista normativo, pero eso no es avanzar como quisiéramos. Hay que entender que el problema sigue estando más abajo, así que, si existe una Ley sin estar acompañada de otros mecanismos, esta se convierte en un saludo a la bandera o en sanciones para los casos más extremos nada más. En este sentido, la sensibilización y capacitación de los órganos es prioritario, que el funcionario entienda que esto le afecta a su esposa, a su hija, a su hermana. Nada de esto sería nuevo, con la Ley del 99 lo empezamos a trabajar: crear la división para la violencia de la mujer del CICPC fue incluir más mujeres y formar al hombre que iba a recibir la denuncia para que no culpabilizara a la víctima… Es clave educar, enseñar, sin desviar la cuestión y como acción determinante para la prevención.

Si bien estamos acostumbrados a que el hombre diga, no se trata de que nosotras gritemos y falseemos situaciones, porque nosotras mismas vamos a ser las perjudicadas…

Otra cosa que hay que entender es que, en Venezuela, nos hemos acostumbrado a que todo se resuelve desde el punto de vista penal y, además, con privación de libertad. Y está demostrado que, para llegar a una privación de libertad, hay mucho camino que recorrer desde la investigación hasta la sanción. Mientras tanto, la frustración de la persona que fue afectada por la agresión o el delito es mayor porque no llega a absolutamente a nada y el piropeador sigue en lo suyo.