Muchas veces, la gente me pregunta qué significa ser mujer en Venezuela hoy.
Mi respuesta es que, en muchos aspectos, las mujeres venezolanas vivimos como lo hacían nuestras abuelas y bisabuelas en el siglo XIX: sin pastillas anticonceptivas para controlar la fertilidad, sin acceso a abortos seguros, sin toallas sanitarias que permitan tener una vida normal durante la menstruación, sin instituciones a las cuales acudir si somos golpeadas, violadas o abusadas verbal o emocionalmente por un hombre, sin políticas para combatir la violencia de género, sin instituciones de salud funcionales para cuidar a las embarazadas o a sus hijos recién nacidos. Sin apoyo para cuidar a otros, incluyendo hijos, personas más viejas, enfermos, discapacitados, una responsabilidad que todavía vista como algo que solo debe hacer una mujer.
En el reporte Mujeres al Límite 2019, escrito por una coalición de mujeres venezolanas llamada Equivalencias en Acción, examinamos estos problemas y mostramos la evidencia que confirma cómo hemos retrocedido en materia de derechos de las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas, especialmente en el contexto de la actual emergencia humanitaria.
Las emergencias humanitarias no son gender neutral. Por lo tanto, no es lo mismo ser hombre que ser mujer en medio de una crisis humanitaria. Así como no es lo mismo ser una mujer educada de clase media en un área urbana, que ser una mujer de una comunidad indígena en un área rural remota. Las mujeres se ven afectadas de maneras diferentes, y muchas veces, desproporcionadas.
Tratamos de entender mejor varios problemas, especialmente cómo la emergencia humanitaria ha impactado los derechos a la salud y los derechos sexuales de las mujeres en Venezuela. Sin datos oficiales, nos propusimos recabar la información que nos permitiera entender la gravedad de la situación. En un rango de cinco meses (agosto-diciembre 2018), investigamos la disponibilidad de los métodos anticonceptivos más usados por mujeres en las farmacias privadas de cinco ciudades: Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Porlamar y el área metropolitana de Caracas. Otro estudio siguió el embarazo adolescente, los abortos, las tasas de mortalidad materna y las condiciones generales de los servicios en cuatro hospitales en Carabobo, Miranda y Caracas durante el mismo período.
El peligro del aborto improvisado
Los resultados son impactantes: por ejemplo, la escasez de métodos anticonceptivos estaba entre 83 % y 92 % en las cinco ciudades. En Barquisimeto, la escasez de anticonceptivos orales durante la primera mitad de agosto y la primera mitad de septiembre de 2018 alcanzó 100 %. Los condones eran los métodos que más se conseguían, e igual se reportó 52 % de escasez. Cuando los condones sí se consiguen en las farmacias, los precios son prohibitivos para la mayoría de los venezolanos.
Ninguno de los cuatro hospitales —dos en Carabobo (Maternidad del Sur y Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera), uno en Caracas (Maternidad Concepción Palacios) y uno en Los Teques (Hospital Victorino Santaella)—, tenía un suministro estable de anticonceptivos durante el periodo estudiado. De hecho, nunca tuvieron anticonceptivos orales o inyectables, dos de los más usados por las mujeres venezolanas. Lo mismo sucede con anticonceptivos de emergencia y dispositivos intrauterinos.
Esto pudiera parecer un problema menor, pero tener o no anticonceptivos puede cambiarle la vida a la mayoría de las mujeres. Antes de 2013, se conseguían con facilidad y se podían pagar en farmacias privadas, y mientras la aprobación de los anticonceptivos de emergencia generaron batallas en la opinión pública en países del hemisferio como Perú y Estados Unidos, en Venezuela fueron introducidos al mercado sin mucho ruido. No se requería récipe médico para ningún tipo de anticonceptivo.
Ahora, la escasez impide a las mujeres tomar decisiones fundamentales sobre sus cuerpos o sus planes de vida. Como consecuencia, los embarazos no deseados se están incrementando y las mujeres tienen muy pocas opciones, no solo porque no tienen anticonceptivos, también porque el aborto es ilegal.
Nuestro estudio reveló que a los cuatro hospitales, llegaron 2.246 mujeres con abortos en proceso (un promedio de 15 abortos al día). Hubo un aborto por cada cuatro nacimientos registrados. Por las restricciones legales, los registros no distinguen entre abortos espontáneos e inducidos. Muchos de estos abortos están asociados a la malnutrición, la edad y la falta de atención médica oportuna. Pero muchos son inducidos. Registramos cuatro abortos de niñas menores de 12 años y dos muertes por abortos, todos en Carabobo. Los doctores confirmaron que están viendo prácticas abortivas, como el uso de jabones, hierbas y ganchos de ropa, casi desaparecidas por años, en parte gracias a que se disponía de Misoprostol, que ahora tampoco hay en Venezuela.
Los cuatro hospitales están en condiciones tan desastrosas que se han convertido más bien en un riesgo para la salud de las mujeres embarazadas y sus recién nacidos. Sus necesidades son demasiado numerosas: medicinas esenciales, insumos como tubos de ensayo, gasa, antibióticos, productos de limpieza incluyendo jabón, antibacterial y desinfectante, anestesiólogos y neonatólogos, así como electricidad, agua y comida.
Sistemáticamente se cercena la autonomía reproductiva de las mujeres. Pero los derechos sexuales y reproductivos son solo una de las áreas en las que las mujeres venezolanas sufren el peso de la crisis humanitaria. Y el gobierno de facto de Nicolás Maduro es el culpable.
Esta pieza se publicó originalmente en Caracas Chronicles