Los venezolanos llegamos a septiembre de 2020 sorprendidos por la extrema rareza de una buena noticia: el régimen de Maduro anunció que 110 personas en distintas prisiones o en el exilio recibirían un indulto. Pero esto había que tomarlo con escepticismo, por supuesto, y con razón. 

Solo 50 de los 110 individuos mencionados eran presos políticos, los demás habían sido encarcelados por distintas causas. Como antes del indulto había 386 personas en esa situación —según los datos de la ONG Foro Penal— hoy todavía quedan 336. Y este anuncio tampoco altera la situación general: lo que tenemos por sistema judicial, que ha detenido arbitrariamente a más de 15.000 personas desde 2014, está intacto. No hay por qué pensar que esta noticia sea un indicio de que el poder de Maduro y sus aliados se está debilitando.

Por supuesto, hay que estar conscientes de lo que significa que 39 presos políticos detenidos sin ninguna base legal hoy estén en casa con sus familias, y que otros 11 ya no tengan casa por cárcel.

Al doctor José Alberto Marulanda lo detuvieron las fuerzas de seguridad que allanaron su casa en busca de su pareja, una oficial de las Fuerzas Armadas de la que el régimen sospechaba una conspiración. Como no la encontraron, se lo llevaron. Marulanda fue brutalmente torturado, no solo para sacarle información sobre el paradero de su pareja sino para enviar el mensaje de lo que puede pasarle a los allegados de quienes se atrevan a conspirar para derrocar al régimen. Verlo abrazar a sus hijas luego de dos años de detención arbitraria no tiene precio. 

Maury Carrero estuvo aislado por varios meses; cuando la soltaron, sus padres lloraban de alegría. El politólogo y comunicador Nícmer Evans, víctima de retaliación por haber pasado de chavista a crítico de Maduro, finalmente está con su esposa y sus hijos, y no durmiendo en el suelo de una celda. Roberto Marrero, el jefe de gabinete de Juan Guaidó, también fue excarcelado, aunque primero lo obligaron a declarar que no lo habían torturado. 

Son solo unos casos en la inmensidad de la tragedia venezolana. Pero esas familias tienen en este momento el alivio, aunque limitado, de su libertad. 

Un déjà vu tras otro 

Los indultos presidenciales tienen historia recurrentes en la Venezuela reciente. A finales de 2007, Hugo Chávez decretó una amnistía para varios acusados por los eventos de abril de 2002; recordemos que aparte de los incluidos en aquella tanda, Iván Simonovis tuvo que evadirse y varios exagentes de la Policía Metropolitana siguen presos, a pesar de haber cumplido su condena. En junio de 2018, Maduro hizo un espectáculo televisivo para anunciar la excarcelación de varios presos políticos justo después de que gran parte de la comunidad internacional declarase que las elecciones presidenciales de ese año eran ilegítimas. Pero entonces pasó lo mismo que pasa ahora: de las 40 personas que salieron de prisión en ese momento, solo 17 eran realmente presos políticos.

Esta vez el espectáculo ocurre unos pocos días antes de que se venza el plazo para inscribir candidaturas en unas elecciones parlamentarias anunciadas para diciembre, que el régimen necesita celebrar para reconquistar la Asamblea Nacional. Así que surgió la extraña ocurrencia de “indultar” a gente que, en algunos casos, ni siquiera había sido acusada. 

¿Es esto legal, siquiera? Hay consenso entre los juristas venezolanos sobre la prerrogativa presidencial para condonar una sentencia, pero no sobre si aplica para un proceso que no ha llegado a un veredicto, o si es la figura adecuada para la privación de libertad de alguien que no ha cometido ningún crimen, como ocurre con la categoría de presos políticos. 

Por otro lado, en estas condiciones de ausencia de Estado de derecho, es imposible saber si los ciudadanos que han sido objeto de este “indulto” no volverán a caer prisioneros por las mismas razones u otras similares. Al revisar los casos afectados por el decreto, solo encontramos evidencia de ilegalidades. 

El decreto del 31 de agosto se aplica a investigaciones que no pasaron por un tribunal. Excarcela a personas como Antonia Turbay, quien era vecina de Iván Simonovis, a quien un juez ya había mandado a excarcelar en julio de 2019. ¿Si un juez indicó que no debía estar presa, de qué pena se la indulta? También abarca casos como el de un exalcalde chavista de Valencia, Edgardo Parra, acusado por corrupción, quien no es un preso político. Ahí estaban parlamentarios con inmunidad que habían sido encarcelados en condiciones terribles, como Gilber Caro y Renzo Prieto, y también recibieron el “indulto” parlamentarios con inmunidad que tuvieron que irse al exilio, como Américo de Grazia, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni.

Otro patrón ya conocido se repitió a partir de este 31 de agosto. Aunque el “indulto” lo anunció por televisión Jorge Rodríguez, algunos jefes de los centros de reclusión decidieron esperar por la publicación del decreto en Gaceta Oficial. Los abogados de Foro Penal trataron de lograr que los jueces de las causas emitieran las boletas de excarcelación, como indica la Ley que se debe proceder, y para eso hasta tuvieron que llevar a los tribunales resmas de papel.

Y además están los excluidos del decreto, los casos criminales pendientes, los que salieron de la cárcel con medidas cautelares y siguen en régimen de presentación, sin libertad plena. Según Foro Penal, se incluyó en el indulto a 23 personas con medidas cautelares, pero más de 9.200 personas detenidas por razones políticas están en régimen de presentación desde 2014 y sus casos no se han cerrado. ¿Por qué se incluye a 23 personas en el decreto pero se excluye a más de 9.200?

Decisiones políticas, no legales

La respuesta a todas estas preguntas es que la lógica detrás del decreto no es jurídica sino política. Un criterio legal hubiera indicado con claridad quién debía beneficiarse de este indulto y quién no. Pero los criterios legales no se aplican en lo que Venezuela tiene por administración de justicia. Por eso 13 indígenas pemón están presos y por eso Venezuela tiene aún 336 presos políticos. Por eso el diputado Juan Requesens fue excarcelado pero la persona que fue acusada junto con él, Emirlendris Benítez, sigue en prisión: no es que su causa fue desestimada por razones jurídicas, sino que Requesens tiene valor político para el régimen. Por eso lo mandaron a su casa y lo publicitaron con bombos y platillos. 

Nada ha cambiado en cuanto a la persecución sistemática y generalizada de quienes son considerados por el régimen como adversarios políticos. Desde las excarcelaciones de 2018 ese patrón solo ha empeorado. No ha habido ningún castigo contra los jueces, agentes de seguridad, colectivos armados ni abogados públicos que han participado en esta persecución.

Estas excarcelaciones ciertamente son un alivio para esos seres humanos y sus familias. Eso lo celebramos. Pero es un alivio mínimo: nada indica que el régimen no seguirá encarcelando gente con la misma arbitrariedad ni que estemos más cerca de tener en Venezuela un verdadero Estado de derecho y de justicia. 

Una vez más, se intercambian presos políticos como fichas en una negociación. Lo que no sabemos todavía es a cambio de qué salieron de la cárcel.